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Un tribunal militar de apelación en Egipto no rectifica injusticia
Amnistía Internacional condena el hecho de que un tribunal militar de apelación de Egipto no haya anulado las condenas impuestas en juicios injustos a varios dirigentes de la organización prohibida Hermandad Musulmana y pide a las autoridades que dejen de juzgar a civiles ante tribunales militares.
“Está claro que, al confirmar las condenas de hasta siete años de prisión impuestas a 18 miembros de la Hermandad Musulmana, todos ellos civiles, el Tribunal Militar Supremo de Apelaciones ha decidido no reparar la injusticia cometida en un juicio que careció de las debidas garantías”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
La decisión del tribunal de apelación, tomada el martes, 17 de noviembre de 2009, supone que los cinco hombres que continúan recluidos –los demás quedaron el libertad en julio por orden de un tribunal administrativo– deben cumplir ahora el resto de sus condenas de prisión. Entre ellos figura Khairat al-Shatir, tercero de los principales dirigentes de la Hermandad Musulmana, que fue condenado a siete años de cárcel.
El 17 de noviembre, el Tribunal Militar Supremo de Apelaciones rechazó los recursos presentados por los 18 acusados tras haber sido declarados culpables y condenados a prisión el 15 de febrero de 2008 en un juicio injusto ante el Tribunal Militar Supremo de Haikstip, en el norte de El Cairo. Junto con ellos fueron juzgados in absentia siete acusados más aún no detenidos, a los que se impusieron penas de hasta 10 años de prisión.
“Juzgar a civiles ante tribunales militares, cuyos jueces son miembros en ejercicio del ejército, constituye un incumplimiento de las normas internacionales sobre juicios justos y es de por sí una injusticia, con independencia de que se respete o no el derecho de apelación de los acusados.”
Un total de 25 acusados fueron condenados por cargos de terrorismo y blanqueo de dinero en relación con su pertenencia a la Hermandad Musulmana. Otros 15 fueron absueltos. Todos negaron las acusaciones. El juicio había comenzado el 26 de abril de 2007, tras ordenar el presidente Mubarak en febrero de 2007 que se celebrara ante un tribunal militar. Previamente, un tribunal civil había desestimado los cargos contra 17 de los acusados.
Las autoridades impidieron la asistencia a las sesiones judiciales de observadores internacionales enviados por Amnistía Internacional y otras organizaciones.
El fallo del Tribunal Militar Supremo de Apelaciones se ha dictado un mes después de que un destacado experto en derechos humanos y contraterrorismo de la ONU, Martin Scheinin, publicara un condenatorio informe en el que se pedía a las autoridades egipcias que no juzgaran a civiles ante tribunales militares.
También en el seno de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria determinó en 2008 que la reclusión de 26 miembros de la Hermandad Musulmana detenidos entre diciembre de 2006 y enero de 2007 era arbitraria e instó a las autoridades egipcias a dejarlos en libertad. De los 26, 14 figuran entre los acusados cuyos recursos de apelación se rechazaron el pasado martes.
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente al gobierno egipcio que deje de juzgar a civiles ante tribunales militares. Los procedimientos seguidos en los juicios militares violan el derecho a una vista justa y pública ante un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.
En los juicios ante tribunales militares, el derecho de apelación ante una instancia superior está limitado a las vistas ante el Tribunal Militar Supremo de Apelaciones, que se compone exclusivamente de militares y sólo examina la aplicación de la ley, su interpretación y cuestiones de procedimiento, no las pruebas propiamente dichas ni los hechos en que están basados los cargos.
“Todas las personas que se encuentran encarceladas como consecuencia de este juicio y este proceso de apelación injustos deben ser puestas en libertad si no se procede de inmediato a juzgarlas de nuevo ante un tribunal civil que cumpla las normas internacionales sobre juicios justos”, ha señalado Malcolm Smart.
Soldados condenados por malos tratos a un objetor de conciencia en Turquía
Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la condena de tres soldados turcos por “herir intencionalmente” a un objetor de conciencia que estaba bajo la custodia del ejército.
Un tribunal militar de Estambul condenó a los soldados a 3 meses y 10 días de cárcel el 13 de noviembre por “herir intencionalmente” a Mehmet Bal en junio de 2008.
Mehmet Bal fue detenido el 8 de junio de 2008 por evadirse del servicio militar y recluido en la Prisión Militar de Hasdal, en Estambul.
Sus abogados dijeron a Amnistía Internacional que al día siguiente un oficial de alta graduación lo llevó a una celda de la prisión y ordenó a otros presos que hicieran “lo necesario para recordarle las reglas de la prisión”.
En la celda, los presos le propinaron patadas y le golpearon la cara y el cuerpo con un tablón de madera.
Tras la agresión, Mehmet Bal fue trasladado al Hospital Militar de Gümü?suyu para recibir tratamiento, y el 10 de junio lo volvieron a enviar a la Prisión Militar de Hasdal, según los informes sin que se hubiera recuperado totalmente de sus lesiones. Al final, Mehmet Bal fue puesto en libertad el 24 de junio, y en diciembre de 2008 fue declarado inocente de los cargos presentados contra él.
Los tres soldados condenados por causarle heridas intencionalmente eran todos presos recluidos en la celda cuando Mehmet Bal estaba bajo custodia.
No se han presentado cargos contra el oficial que presuntamente ordenó a los presos que golpearan a Mehmet Bal, ni contra ningún otro funcionario de la cárcel.
Los abogados que representan a Mehmet Bal han recurrido la sentencia alegando que los soldados deberían haber sido declarados culpables del delito de “tormento” (eziyet).
“Nos satisface el hecho de que los soldados que maltrataron a Mehmet Bal hayan sido condenados por ello, pero para empezar Mehmet Bal nunca debería haber sido detenido por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de conciencia negándose a realizar el servicio militar”, declaró Andrew Gardner, investigador sobre Turquía de Amnistía Internacional.
En Turquía, los objetores de conciencia con frecuencia son maltratados bajo custodia militar, tras ser arrestados y recluidos por negarse a realizar el servicio militar.
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades turcas que dejen de procesar a los objetores de conciencia e introduzcan una alternativa civil al servicio militar, de acuerdo con las normas y recomendaciones europeas e internacionales.
Las leyes que permiten procesar y condenar a los objetores de conciencia por negarse a realizar el servicio militar siguen en vigor a pesar de un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según el cual tales prácticas violan el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (prohibición de tortura u otros malos tratos).
En la inmensa mayoría de los casos no se efectúan investigaciones eficaces tras las denuncias de tortura y malos tratos a manos de funcionarios, y los responsables no son puestos a disposición judicial.
Una causa por difamación amenaza la libertad de prensa en Singapur
La revista Far Eastern Economic Review (FEER), propiedad de Dow Jones Company, y su director, Hugo Restal, habían publicado un artículo en el que se criticaba al primer ministro, Lee Hsien Loong, y a su padre, el ex primer ministro Lee Kuan Yew.
El artículo, publicado en 2006 con el título “Singapore’s ‘Martyr’, Chee Soon Juan” (Chee Soon Juan, mártir de Singapur), contenía denuncias contra ambos dirigentes, incluso de corrupción, que el Tribunal de Apelación de Singapur consideró difamatorias.
Dow Jones Company ha negado cualquier actuación incorrecta, pero ha señalado que tiene que pagar la multa.
En su sentencia, el Tribunal de Apelación de Singapur sostuvo que “la libertad de expresión constitucional en Singapur se concede sólo a los ciudadanos de Singapur”, y agregó que Singapur no reconoce a la prensa una función especial como “órgano de vigilancia”.
“Las leyes que permiten a las autoridades imponer restricciones a la libertad de expresión, junto con una constante de demandas por difamación que obedecen a motivos políticos, han creado un clima de intimidación política y autocensura en Singapur”, ha afirmado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Esta sentencia ilustra además cómo está amenazada la libertad de prensa en Singapur y sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión y el periodismo en la región.”
Amnistía Internacional insta al Parlamento de Singapur a aprobar disposiciones legales que aseguren la capacidad de los medios de comunicación para realizar su vital función de vigilancia al tiempo que eliminan la discriminación y las restricciones excesivas en virtud de las leyes que regulan la libertad de expresión, a fin de adecuarlas al derecho y las normas internacionales.
No es la primera vez que el gobierno de Singapur recurre a actuaciones judiciales civiles por difamación para acallar a la oposición política. Estas demandas por difamación imponen restricciones irrazonables al derecho de la ciudadanía de Singapur a expresar de forma pacífica sus opiniones y a participar plenamente en la vida pública.
Amnistía Internacional continúa considerando motivo de preocupación la persistencia en el uso de leyes restrictivas y demandas por difamación en Singapur para penalizar y silenciar a las personas que muestran pacíficamente su desacuerdo con el gobierno.
“Si Singapur aspira a ser un centro comercial internacional, especialmente en la era de Internet, su órgano legislativo debe actuar de inmediato para adecuar el país a los conceptos generalmente aceptados de libertad de expresión y actividad de los medios de comunicación”, ha afirmado Sam Zarifi.
A los periodistas les resulta cada vez más difícil trabajar sin injerencias del gobierno del Partido de Acción Popular.
Información complementaria
El derecho internacional reconoce limitaciones al derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, es preciso demostrar que estas restricciones son necesarias y proporcionadas a ciertos fines permisibles. Entre los fines permisibles para tales restricciones figuran “asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”.
Sin embargo, es un principio consolidado del derecho internacional que las autoridades públicas deben ser más tolerantes con las críticas –no menos– que las personas a título individual.
Las autoridades iraníes deben investigar la muerte del médico de un centro de detención
Amnistía Internacional afirmó el miércoles 18 de noviembre que las autoridades iraníes deben llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de un joven médico que había trabajado en el centro de detención de Kahrizak, al sur de Teherán.
El 10 de noviembre se descubrió el cadáver del doctor Ramin Pourandarjani en la habitación que ocupaba en un centro de salud de la Jefatura de Policía de Teherán.
El director general de la policía iraní afirmó el miércoles que el doctor Pourandarjani se había suicidado a causa de una depresión, provocada porque le habían citado para comparecer ante un tribunal y se enfrentaba a una posible condena de cinco años de cárcel.
Su padre, Reza-Qoli Pourandarjani, ha puesto en duda que la muerte se haya producido por suicidio. Según ha afirmado a la agencia Associated Press, en un primer momento le dijeron que su hijo se había roto una pierna en un accidente de automóvil y que necesitaban su consentimiento para intervenirlo quirúrgicamente, pero lo que la familia del doctor se encontró cuando viajó a Teherán fue su cadáver.
Según ha manifestado, su hijo estaba de buen humor cuando habló con él la noche anterior.
El lunes, la Fiscalía de Teherán había afirmado que se estaba investigando la muerte del doctor Pourandarjani.
Durante los disturbios que se produjeron este verano tras las controvertidas elecciones presidenciales, el doctor Pourandarjani, de 26 años, estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio como médico residente en Kahrizak.
Al parecer, antes de morir había recibido amenazas para que no revelase el alcance de los abusos cometidos en el centro de detención de Kahrizak. Según se dijo, comentó a sus amigos que temía por su vida.
El centro de detención de Kahrizak se había utilizado para recluir a personas que participaron en las manifestaciones posteriores a las elecciones. Autoridades iraníes han confirmado que allí se cometieron torturas que provocaron la muerte de al menos tres hombres.
Como médico del centro de detención, durante sus visitas semanales el doctor Ramin Pourandarjani habría tratado a internos que habían sufrido torturas.
Una de esas víctimas fue Mohsen Rouholamini, hijo de un político conservador iraní cuya muerte atrajo la atención generalizada sobre las torturas y los homicidios en Kahrizak.
Kahrizak fue cerrado en junio por orden del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, tras las denuncias de abusos sufridos por las personas detenidas que, al parecer, estaban recluidas en condiciones inhumanas.
Según información aparecida en los medios de comunicación, Irán va a continuar examinando los abusos cometidos después de los controvertidos comicios presidenciales de junio.
Según informes, el presidente de la comisión parlamentaria especial encargada de investigar las denuncias de los abusos cometidos durante los disturbios –que había entrevistado al doctor Pourandarjani en relación con las condiciones de Kahrizak– se ha reunido con el director de la Organización Judicial de las Fuerzas Armadas para analizar la muerte del doctor Pourandarjani
Amnistía Internacional ha manifestado que la investigación debe cumplir plenamente con los Principios de la ONU Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.
Es preciso resolver el futuro de los detenidos de Guantánamo
El gobierno de Estados Unidos debe intensificar sus esfuerzos para resolver el futuro de los detenidos que continúan recluidos en la instalación militar de Guantánamo, en Cuba. Así lo ha afirmado Amnistía Internacional tras haber reconocido el presidente Barack Obama que su gobierno no cumplirá el plazo que él estableció para el cierre.
“En los últimos meses, las autoridades de Estados Unidos han permitido que las detenciones de Guantánamo se conviertan en un asunto manido pero sin resolver, y que la política del miedo se imponga a los derechos humanos”, ha afirmado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Ahora, como debería haber sucedido desde el primer día, el gobierno debe resolver estas detenciones sometiendo a los detenidos a un juicio con las debidas garantías o decretando su libertad inmediata”, ha agregado Susan Lee.
El 22 de enero de 2009, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva por la que su gobierno se comprometía a resolver los casos de los detenidos de Guantánamo “tan pronto como sea factible”, y a cerrar el centro de detención “en un plazo máximo de un año a partir de la fecha de esta orden”.
En los comentarios realizados el 18 de noviembre de 2009, el presidente Obama no ha fijado una nueva fecha exacta para el cierre: se ha limitado a afirmar que preveía que tendría lugar en algún momento posterior del año próximo, y ha agregado que dependerá de la “cooperación del Congreso”.
En los últimos meses se han desvanecido las esperanzas de que las detenciones de Guantánamo lleguen a su fin este año, tras los intentos de algunos miembros del Congreso de bloquear el cierre de la instalación y las demoras del gobierno en lo referente a presentar cargos contra los detenidos.
Al mismo tiempo, los esfuerzos diplomáticos dirigidos a encontrar soluciones para los detenidos que no puedan regresar a su país de origen por temor a sufrir violaciones de derechos humanos una vez se hallen en su territorio se han visto menoscabados por la negativa de las autoridades estadounidenses a liberar a detenidos en el territorio continental de Estados Unidos.
Amnistía Internacional lleva mucho tiempo pidiendo que los detenidos de Guantánamo sean juzgados por un tribunal independiente e imparcial –no por una comisión militar– o se les ponga en libertad de inmediato.
La organización ha pedido también en reiteradas ocasiones que Estados Unidos no solicite la imposición de la pena de muerte en ningún caso.
Desde que el presidente Obama tomó posesión de su cargo, 26 detenidos han sido trasladados fuera de Guantánamo, por lo que todavía quedan 215 en el centro de detención.
Un detenido ha sido trasladado para ser sometido a juicio ante un tribunal federal en Nueva York, y el gobierno ha anunciado que otros cinco también serán trasladados a esa ciudad para someterse a juicios de la misma índole, en los que existe la posibilidad de que se solicite la pena de muerte contra ellos.
El fiscal general de Estados Unidos ha afirmado también que el gobierno ha decidido volver a remitir otros cinco casos al Pentágono para que sean juzgados por comisiones militares.
En su orden del 22 de enero de 2009, en la que exigía a su gobierno que garantizase la resolución “sin demora y apropiada” de todos y cada uno de los casos de Guantánamo y el cierre de la instalación en el plazo de un año, el presidente Obama señaló los “importantes motivos de preocupación que suscitan estas detenciones, tanto en los Estados Unidos como en el ámbito internacional”.
“Esos motivos de preocupación no han desaparecido, y los comentarios realizados hoy por el presidente Obama no harán otra cosa que reavivarlos”, ha afirmado Susan Lee.
El presidente de Afganistán debe comprometerse con los derechos humanos
Amnistía Internacional insta al presidente de Afganistán, Hamid Karzai, reelegido recientemente, a que conceda prioridad a los derechos humanos y al Estado de derecho en su segundo mandato con el fin de fortalecer la estabilidad y la seguridad del país.
“Afganos y afganas de todas las regiones del país continúan diciéndonos que sufren gobernanza deficiente, corrupción endémica, un sistema de justicia débil e inepto y falta de respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho”, ha afirmado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Todos estos factores debilitan el apoyo al gobierno y sus aliados internacionales.”
Amnistía Internacional ha señalado que las recientes elecciones presidenciales se vieron enturbiadas por abusos contra los derechos humanos cometidos por los candidatos, además de los ataques cada vez frecuentes de los talibanes contra la población civil. La organización ha planteado su preocupación de que las próximas elecciones parlamentarias, previstas actualmente para agosto o septiembre de 2010, puedan dar lugar a violaciones de derechos humanos aún mayores y a actos de violencia de los talibanes.
“Autoridades gubernamentales y parlamentarios sospechosos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra disfrutan de una impunidad manifiesta. Al parecer, muchos también están involucrados en actividades corruptas y delictivas, pero casi nunca tienen que rendir cuentas”, ha afirmado Sam Zarifi.
“Para que la población afgana y la comunidad internacional recuperen la confianza, las autoridades gubernamentales y los parlamentarios sospechosos de la comisión de graves violaciones de derechos humanos deben ser apartados del proceso electoral y rendir cuentas.”
Jordania debe llevar a cabo una investigación completa de los presuntos homicidios policiales
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades jordanas a emprender sin demora investigaciones completas e independientes sobre las muertes de dos hombres en el plazo de una semana después de que fueran presuntamente golpeados por agentes de policía.
Fakhri 'Anani, de 48 años de edad, murió en el hospital el sábado 14 de noviembre, dos días después de que agentes de policía lo agredieran presuntamente frente a su domicilio en la ciudad de Ma'an, en el sur del país.
Sadem Abdul Mutelib al-Saoud, vendedor ambulante en la veintena, murió el 8 de noviembre después de permanecer en coma alrededor de tres semanas; al parecer, mientras permaneció recluido en el centro de seguridad de al-Hussein en Ammán lo golpearon con porras en la cabeza.
Según los informes, Fakhri 'Anani se encontraba a la puerta de su casa cuando varios agentes de policía llegaron a bordo de un vehículo policial, con el objeto de interrogar a su hijo sobre una denuncia de que había ayudado a un persona sospechosa de cometer un fraude.
Según los informes, dos agentes salieron del vehículo y lo agredieron; mientras uno rociaba su rostro con gas, el otro le golpeó con una porra antes de arrastrarlo varios escalones.
Fakhri 'Anani falleció en el hospital en Ammán. La autopsia precisó que la causa principal de muerte había sido una herida en la cabeza producida por un objeto contundente.
El martes 17 de noviembre un agente fue acusado del asesinato de Fakhri 'Anani. Está previsto que lo juzgue un tribunal de la policía.
Sadem al-Saoud fue detenido en octubre después de haber mantenido una discusión con un funcionario municipal sobre su puesto de venta. El funcionario llamó a la policía para que lo detuviera y fue después cuando lo golpearon presuntamente bajo custodia.
Al parecer, en el caso de Sadem al–Saoud, al menos cuatro agentes de policía han sido enviados a un tribunal de la policía. Antes de que el tribunal decida si los agentes deben ser procesados, se investigarán las pruebas que existen contra ellos.
"Los informes que indican que dos hombres han muerto a manos de la policía en el plazo de una semana son muy preocupantes”, ha afirmado Philip Luther, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio y Norte de África.
"Aunque el hecho de que varios agentes de policía hayan sido enviados sin demora a tribunales de la policía indica que las autoridades reconocen la gravedad de estos incidentes, es esencial llevar a cabo una investigación completa e independiente para garantizar que se hace justicia.”
"La conducta de los tribunales de la policía jordanos no es suficientemente independiente ni transparente. Sus decisiones no se hacen públicas y las vistas se celebran a puerta cerrada.”
En marzo de 2005, diez agentes de policía fueron condenados a penas de hasta 30 meses de prisión después de la muerte de Abdallah al-Mashaqbeh en 2004 en la prisión de Jweideh. El 40 por ciento de su cuerpo mostraba marcas de golpes. Se ha hecho pública muy poca información sobre las personas que fueron juzgadas, condenadas o cesadas por su participación en la muerte. Y los informes indican que ninguno de los agentes condenados ingresó en prisión.
Amnistía Internacional ha pedido investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales sobre las dos muertes ocurridas recientemente. La organización ha afirmado que las investigaciones deben ser llevadas a cabo por investigadores que no tengan relación alguna con las autoridades encargadas de juzgar a los acusados ni con las instancias implicadas en la detención e interrogatorio de las víctimas.
Las autoridades deben garantizar que cooperarán plenamente con la investigación.
Además, todas las personas sospechosas deben ser suspendidas de inmediato del servicio policial activo, ser procesadas y comparecer ante la justicia si surgen pruebas de que se utilizó fuerza excesiva o se llevaron a cabo acciones ilegítimas.
Esta es la única forma de garantizar que se envía un mensaje claro a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Jordania de que los autores de violaciones de derechos humanos serán obligados a rendir cuentas.
El gobierno de Australia debe poner fin a las medidas discriminatorias auspiciadas por el propio Estado
En una dura crítica al gobierno australiano, que lleva decenios sin abordar las atroces condiciones de vida, el desempoderamiento y la discriminación que sufren muchas de las comunidades indígenas del país, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha advertido que el gobierno del primer ministro Kevin Rudd no debe desaprovechar esta oportunidad única para corregir los agravios históricos.
La última muestra de la larga lista de injusticias es que unos 45.000 aborígenes siguen sujetos a medidas discriminatorias de motivación racial auspiciadas desde el Estado, como la suspensión indiscriminada del pago de prestaciones de la seguridad social en el marco de la Respuesta de Emergencia para el Territorio del Norte.
“El enfoque torpe y obtuso de ‘todos en el mismo saco’ adoptado por el gobierno australiano no surtirá los efectos deseados. El gobierno no garantizará la protección a largo plazo de las mujeres y la infancia a menos que ponga en marcha una iniciativa integrada de derechos humanos que empodere a las personas y las anime a asumir responsabilidad en la búsqueda de soluciones”, afirmó Irene Khan.
Irene Khan aplaudió el compromiso que recibió de la ministra de Asuntos Indígenas, Jenny Macklin, de que el gobierno promulgará legislación destinada a reinstaurar la Ley contra la Discriminación Racial en el Territorio del Norte, pero pidió al gobierno que cumpla esta promesa respetando las obligaciones internacionales que incumben a Australia de no discriminar a los pueblos indígenas.
Si bien la secretaria general observó que los elevados índices de violencia contra las mujeres y la infancia son los motivos esgrimidos para la adopción de la Respuesta de Emergencia, subrayó que el respeto de los derechos de las mujeres, los niños y las niñas no podrá lograrse si no se respetan los derechos humanos de todas las personas.
“Las personas indígenas de las comunidades aborígenes remotas merecen el mismo respeto, seguridad y protección que cualquier australiano. Sin embargo, este objetivo no podrá alcanzarse de manera sostenida mediante la Respuesta de Emergencia, que estigmatiza y desempodera a comunidades ya marginadas y que vulnera las obligaciones internacionales de Australia”, aseguró Irene Khan.
En su visita a Australia, la secretaria general se desplazó a la región de Utopía, un conjunto de comunidades aborígenes empobrecidas situado en el centro del país, 350 km al noreste de Alice Springs.
“En un país que ocupa el tercer puesto del mundo en cuanto a desarrollo humano y que ha salido de la crisis económica mundial relativamente indemne, tales niveles de pobreza son injustificables, imprevistos e inaceptables”, afirmó Irene Khan.
“En el corazón del primer mundo he visto escenas que más bien recuerdan al tercer mundo. Que los pueblos indígenas sufran violaciones de derechos humanos en un continente tan privilegiado no sólo es desalentador, sino que es un escándalo moral. El imperativo moral de erradicar esta pobreza es tan apremiante para un gobierno como poner fin a la tortura”.
Irene Khan pidió la adopción de un nuevo enfoque, basado en un respeto genuino de la cultura tradicional y en los derechos humanos, para abordar el complejo problema de la pobreza y la discriminación arraigadas que sufren los pueblos indígenas de Australia.
“Existe un riesgo real de desperdiciar una excelente oportunidad de cambio. Las disculpas del gobierno a las ‘generaciones robadas’ y a otras personas indígenas australianas y su apoyo a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son cambios de rumbo positivos respecto al pasado. El gobierno está haciendo grandes inversiones políticas y económicas, pero para conseguir los objetivos que persigue, debe sustituir el enfoque obtuso e indiscriminado de su política”.
“Las medidas que se emprendan para que los pueblos indígenas salgan de la pobreza deben llevar el sello distintivo del respeto por los derechos humanos: la voz importa, la igualdad no debe ponerse en entredicho, la seguridad debe tener una faz humana y la participación activa en la búsqueda de soluciones a largo plazo debe ser local, personal y duradera.”
Amnistía Internacional ha pedido a todo el gobierno, y no meramente a cada ministerio por separado, que elabore un enfoque integrado que dé la máxima importancia a todos los derechos humanos (no sólo a algunos) y que prevea un entorno en el que todas las personas indígenas australianas respetan y ejercen todos los derechos humanos.
“Para desarrollar el enorme potencial que tiene el país en la esfera regional y mundial, el gobierno de Kevin Rudd debe convertir el lema ‘arraigar los derechos humanos en todo el territorio australiano’ en su principal objetivo”, concluyó Irene Khan.
El gobierno de Haití debe erradicar la esclavitud infantil
Las autoridades de Haití deben promulgar disposiciones legales para proteger a los niños y niñas que trabajan como personal de servicio doméstico en condiciones que equivalen a esclavitud, ha afirmado Amnistía internacional en vísperas del Día Universal del Niño.
El 18 de noviembre, Amnistía internacional lanza una campaña para presionar al gobierno de Haití para que apruebe medidas para proteger de abusos, explotación y malos tratos a los niños y niñas que trabajan como personal de servicio doméstico.
Muchas familias haitianas, demasiado pobres para mantener a sus hijos, se ven obligadas a enviarlos a trabajar en el servicio doméstico. Los niños y niñas –en su mayoría niñas– acaban trabajando durante largas jornadas en tareas como limpiar, cocinar, ir a buscar agua para toda la familia y cuidar de los niños de la familia.
“La mayoría de los niños y niñas que trabajan en el servicio doméstico en Haití viven prácticamente como esclavos”, ha declarado Gerardo Ducos, investigador de Amnistía internacional sobre Haití. “Trabajan en condiciones inhumanas, sufriendo violencia y abusos a manos de las personas que los acogen, sólo por un plato de comida.”
Según cálculos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 2007 había más de 100.000 niñas trabajando en el servicio doméstico en Haití.
Atrapadas en una situación de dependencia total, muchas niñas se ven obligadas a soportar actos de violencia y abusos sexuales. Algunas huyen de sus empleadores o de las familias que las acogen y viven en la calle, donde es posible que no tengan otra opción que prostituirse para sobrevivir.
Régina, una niña de 15 años, dijo a Amnistía internacional que cuando tenía 10 la mandaron a trabajar como empleada doméstica, pero se escapó porque las palizas llegaron a ser insoportables. Pasó los cuatro años siguientes en el Foyer Maurice Sixto, una casa refugio para niños y niñas que han trabajado en el servicio doméstico. Durante ese tiempo pudo asistir a la escuela. Cuando cumplió 14 años, Régina regresó a su casa, donde sufrió nuevos abusos.
“En Haití las niñas están atrapadas en una espiral de pobreza y violencia”, ha afirmado Gerardo Ducos. “La erradicación de esta forma moderna de esclavitud es la única manera de proteger los derechos de miles de niños y niñas."
Las leyes haitianas no ofrecen un marco de protección para la infancia.
En 2003 entró en vigor la Ley sobre la Prohibición y Eliminación de Todas las Formas de Abusos, Violencia y Tratos Inhumanos a la Infancia. Esta ley eliminó un capítulo del Código del Trabajo que regulaba el trabajo de niños y niñas en el servicio doméstico pero no prohibió su práctica.
El Código prohibía el “empleo” de niños y niñas menores de 12 años como trabajadores domésticos y proporcionaba garantías de que las personas mayores de 15 años recibirían un salario por su trabajo. El Código exigía que las familias de acogida, entre otras cosas, solicitasen la autorización del Instituto de Investigación y Bienestar Social si deseaban contratar a un niño o una niña como empleado doméstico.
“En vísperas del Día Universal del Niño, Haití debe acrecentar su compromiso con la protección de las niñas que trabajan en el servicio doméstico y adoptar medidas concretas para mejorar su situación”, ha declarado Gerardo Ducos.
Llamamiento a la acciónProtege a las niñas que trabajan en el servicio doméstico en Haití
Estados Unidos debe reformar su política de detención en Afganistán ahora que abre un nuevo centro de detención
El gobierno de Obama debe revisar sus políticas de detención en Afganistán para conformarlas al derecho internacional. Así lo han manifestado Amnistía Internacional, Human Rights First y Human Rights Watch.
El 16 de noviembre, el ejército de Estados Unidos recibió a los medios de comunicación y a varias organizaciones no gubernamentales en su centro de detención, recientemente construido pero aún vacío, en la provincia de Parwan, Afganistán.
Las tres organizaciones han instado a Estados Unidos a poner fin a la detención arbitraria en Afganistán y a conformar plenamente las prácticas de detención estadounidenses con el derecho internacional.
Las organizaciones han señalado que Estados Unidos ha realizado recientemente algunos cambios en su política de detención respecto a Afganistán, como proporcionar a los detenidos “información sobre el motivo de su internamiento” y establecer el derecho a citar testigos y a interrogar a los testigos del gobierno.
“Es bien sabido que la población afgana percibe las operaciones de detención estadounidenses como una práctica secreta y sin el proceso debido”, ha manifestado Sahr Muhammed Ally, abogada de Human Rights First. “Estados Unidos debe remediar este problema y tomar la medida fundamental de encuadrar sus prácticas de detención en un marco jurídico adecuado que sea conforme con el derecho tanto internacional como afgano, y que proporcione a los detenidos vías suficientes para impugnar su detención. Esas reformas son un requisito previo imprescindible para lograr una estabilidad a largo plazo en Afganistán mediante el Estado de derecho.”
Las tres organizaciones han instado a los gobiernos estadounidense y afgano a tomar medidas adicionales de inmediato. En particular, han instado a Estados Unidos y Afganistán a establecer un acuerdo público que exponga detalladamente los motivos y los procedimientos de las detenciones estadounidenses de acuerdo con el derecho tanto internacional como afgano.
En la actualidad se está utilizando una ley nacional estadounidense, la Autorización del Uso de Fuerza Militar, como base para las detenciones en suelo afgano.
Esto resulta inadecuado, ya que no reconoce que todas las personas recluidas en Afganistán tienen derecho a la protección jurídica de la ley nacional afgana y del derecho internacional de los derechos humanos, independientemente de que estén bajo el control físico del gobierno afgano o de un gobierno extranjero.
Todas las personas detenidas en Afganistán tienen derecho a unas protecciones mínimas, incluido el derecho a asistencia letrada y a impugnar la base jurídica y factual de su detención ante un tribunal independiente e imparcial. Las reformas estadounidenses aún no otorgan a los detenidos estos derechos.
“El presidente Obama ha tomado algunas medidas para salir del embrollo creado por el gobierno de Bush”, ha manifestado Rachel Reid, investigadora de Human Rights Watch sobre Afganistán. “Pero Estados Unidos, cuando inste al gobierno afgano a respetar el Estado de derecho, tendrá mucha más credibilidad si reforma sus propias prácticas de detención.”
Estados Unidos debe proporcionar transparencia en sus operaciones de detención, permitiendo que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, que tiene el mandato legal de visitar los centros de detención en suelo afgano, pueda visitar en privado a detenidos, y que puedan hacerlo también las organizaciones internacionales de derechos humanos. Así lo han manifestado los tres grupos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja sí visita a detenidos recluidos durante periodos prolongados bajo custodia de Estados Unidos, pero sus conclusiones son confidenciales.
Estados Unidos debe asimismo facilitar que los grupos de derechos humanos tanto internacionales como afganos observen los procedimientos de la nueva junta de revisión sobre los casos de detenidos.
Los procesos similares de revisión de los casos de detenidos llevados a cabo por Estados Unidos en Irak, Afganistán y Guantánamo incumplieron las normas jurídicas internacionales.
“El centro de detención de Bagram es un símbolo de la forma en que Estados Unidos actúa fuera de un marco jurídico adecuado en Afganistán”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa de Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“Habida cuenta de los auténticos problemas con el sistema judicial afgano existente, los gobiernos de Estados Unidos y Afganistán deben empezar de inmediato a establecer una solución a largo plazo que respete el derecho de los detenidos a que sus casos se vean ante un tribunal de justicia, y a ser puestos en libertad si no son declarados culpables de un delito.”
Los más pobres de El Cairo, en peligro de ser enterrados vivos en sus casas
Las autoridades egipcias deben adoptar medidas inmediatas e incluyentes para proteger a los habitantes más pobres de El Cairo, que residen en “zonas inseguras” donde están expuestos a sufrir corrimientos de tierra y otros peligros, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el martes 17 de noviembre de 2009.
“Miles de personas pobres en Egipto están atrapadas en una situación de privación y abandono tal que podría desembocar finalmente en su muerte” afirmó Malcolm Smart, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El gobierno debe abordar con carácter urgente los peligros que acechan a las personas que viven en zonas designadas como ‘inseguras’ y buscar soluciones en consulta con las directamente afectadas.”
En el informe titulado Buried Alive; Trapped by Poverty and Neglect in Cairo’s Informal Settlements, Amnistía Internacional critica duramente a las autoridades egipcias por no tomar medidas eficaces destinadas a proteger a quienes residían en Al Duwayqa, asentamiento informal de Manshiyet Nasser, en el este de El Cairo, de un corrimiento de tierra de consecuencias mortales que sacudió la zona el 6 de septiembre de 2008.
En el informe se pide a las autoridades egipcias que reduzcan el nivel de amenaza para la vida humana en las 26 “zonas inseguras” del área metropolitana de El Cairo (Gran El Cairo) y que protejan el derecho de las personas residentes en ellas a la salud y a una vivienda adecuada. Aunque era bien conocido el riesgo de corrimientos de tierra, el gobierno no evacuó a los residentes pobres antes de la catástrofe de 2008.
Las autoridades afirman que hubo 107 personas muertas y 58 heridas como consecuencia del corrimiento de tierra de Al Duwayqa, pero las sobrevivientes afirman que el número de víctimas fue superior e informan de que todavía hay muchos miembros de sus familias en paradero desconocido. Todavía no se han dado a conocer las conclusiones de una investigación oficial sobre la catástrofe.
“Privadas de voz efectiva e ignoradas en gran medida por quienes ejercen el poder, muchas de las personas residentes en Al Duwayqa y otras “zonas inseguras” siguen viviendo con miedo en inestables laderas de montañas o debajo de tendidos eléctricos de alto voltaje porque no tienen a dónde ir.”
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades egipcias que investiguen exhaustivamente las causas de que no se evitara la tragedia de Al Duwayqa y que adopten las medidas necesarias para garantizar que no se repite.
“El gobierno debe elaborar un programa de acción integral para abordar los peligros que acechan a quienes viven en ‘zonas inseguras’ y hacer valer su derecho a la vida, a la salud y a una vivienda adecuada –afirmó Malcolm Smart–. Para ello debe buscar la participación activa de las comunidades afectadas y estar dispuesto a ofrecer sin demora alojamiento temporal a las personas que deban ser desalojadas de inmediato por peligro inminente, así como alojamiento permanente.”
Tras el corrimiento de tierra, las autoridades egipcias actuaron rápidamente para identificar otras zonas de peligro en las inmediaciones. Demolieron más de un millar de viviendas amenazadas y, en el plazo de un mes, realojó a más de 1.750 familias, si bien no les procuró seguridad de tenencia y las dejó expuestas a futuros desalojos.
Otras familias se quedaron sin hogar, y hubo discriminación en el proceso de asignación de viviendas contra las mujeres divorciadas o que vivían separadas de sus esposos.
Algunas familias fueron desalojadas a la fuerza de Al Duwayqa y otras de Establ Antar, asentamiento informal en el sur de El Cairo. La mayoría de estos desalojos se hicieron en contravención de las garantías de procedimiento que establece el derecho internacional de los derechos humanos, casi siempre con escaso aviso y con el respaldo de la presencia de las fuerzas de seguridad.
Las familias de Establ Antar fueron reasentadas en una zona remota en la ciudad Seis de Octubre, al oeste de Giza, lejos de sus lugares de trabajo y sin que les ofrecieran seguridad de tenencia.
“Las personas que viven en los asentamientos precarios describen una vida caracterizada por la privación, el abandono, la inseguridad y la amenaza constante del desalojo forzoso –señaló Malcolm Smart–. El Estado debe garantizar el derecho de estas personas a una vivienda adecuada y poner fin a los desalojos forzosos.”
En el área metropolitana de El Cairo, el gobierno ha identificado 26 zonas “inseguras” dentro de un plan general de desarrollo de la ciudad para el año 2050; sin embargo, las consultas con las comunidades que se verán afectadas por este plan han sido, al parecer, escasas o nulas. Los habitantes de las “zonas inseguras” se enfrentan a una doble amenaza: falta de seguridad y posible desalojo forzoso.
“La tragedia de Al Duwayqa fue una catástrofe anunciada. Se sabía de sobra que iba a ocurrir –afirmó Malcolm Smart–. Se podría haber hecho más, se tendría que haber hecho más para evitarla e impedir la pérdida de vidas.”
“Tanto con las víctimas como con las personas que sobrevivieron aquella terrible mañana, así como con otras personas en peligro, las autoridades tienen la obligación de garantizar que no se repiten los hechos y que la tragedia de Al Duwayqa no se reproduce en ninguna otra “zona insegura” de El Cairo. Los pobres de Egipto no deben seguir viviendo bajo la amenaza de morir enterrados vivos.”
Más de mil millones de personas en todo el mundo viven en asentamientos precarios, y el número va en aumento. Como parte de su campaña Exige Dignidad, en marcha desde mayo de este año, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de todo el mundo que procuren una vivienda adecuada a todos los residentes de su Estado.
La campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional persigue el objetivo de poner fin a las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza en el mundo y la agravan. La campaña moviliza a personas de todo el mundo para reclamar a gobiernos, empresas y otras entidades influyentes que escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y que reconozcan y protejan sus derechos.
Llamamiento a la acciónProtege a los habitantes de las "zonas inseguras" de El Cairo
Irán crea una unidad especializada en “ciberdelitos” para silenciar la disidencia
Los informes que indican que el gobierno iraní tiene previsto crear una “ciberpolicía” para combatir el “delito” en Internet muestran que las autoridades están intensificando su ataque a la libertad de expresión, afirmó Amnistía Internacional el lunes 17 de noviembre.
Según los medios de comunicación iraníes, se está creando una unidad especial a las órdenes del fiscal general para rastrear la Red en busca de personas que “difundan mentiras” e “insultos” contra el sistema.
Amnistía Internacional ha descrito esta medida como un intento de reprimir la disensión, intimidar a la oposición política y ampliar el clima de represión al ámbito de Internet.
"Esta nueva unidad socavará aún más la libertad de expresión, que ya sufre graves limitaciones en Irán”, ha afirmado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. Parece que el objetivo de las autoridades es impedir que las personas critiquen al gobierno o difundan información –por ejemplo, sobre violaciones de derechos humanos– que desean ocultar”.
"En lugar de permitirlo, las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad iraníes deben poner fin a la ofensiva creciente contra blogueros y ciberactivistas iraníes.”
La represión de la disidencia política mediante una legislación que utiliza fórmulas imprecisas y ambiguas es algo común desde hace tiempo en Irán, donde periodistas y blogueros han sido condenados a penas de cárcel simplemente por criticar al gobierno.
Ya se ha utilizado el filtrado de Internet para garantizar que el público no vea opiniones distintas de las que el gobierno considera aceptables.
Ello ha creado un clima palpable de represión tras las controvertidas elecciones presidenciales celebradas en junio, y ha hecho que la otrora activa comunidad de periodistas online en Irán se haya visto obligada a autocensurarse o a enfrentarse a la detención y posiblemente a la tortura.
"Irán aplicará a los ciberactivistas la misma normativa legal defectuosa que ha dado lugar al encarcelamiento de decenas de periodistas que no habían hecho nada más que informar sobre los hechos, de una forma pacífica y objetiva”, ha afirmado Malcolm Smart.
"En medio de la grave tensión política que se vive en Irán, la vigilancia de Internet es una forma más con que las autoridades pretenden silenciar a la disidencia política."
Días después de las controvertidas elecciones presidenciales de junio, una sección de la Guardia Revolucionaria acusó a los blogueros y sitios web de promover la “rebelión” y amenazó con tomar medidas enérgicas contra ellos.
La creación de la unidad de “ciberdelitos” es la última medida represiva implementada por los servicios de seguridad iraníes.
Amnistía Internacional emprende acciones en favor de la población srilankesa desplazada
l lunes 10 de noviembre activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional lanzaron una semana de acción para llamar la atención sobre la detención continuada de miles de civiles desplazados en campos del gobierno en Sri Lanka.
En más de 10 países, los activistas han emprendido acciones como parte de la campaña “Abre los campos en Sri Lanka”. Entre los eventos organizados se cuentan un “Círculo de Esperanza” en Canadá, una marcha y una campaña de recogida de firmas en Nepal, una lectura de poemas en Suiza y acciones solidarias en Alemania, Estados Unidos, Francia y Mauricio.
A lo largo de la semana, activistas de Amnistía Internacional con base en Londres y en otras Secciones participantes escribirán blogs sobre los eventos que se desarrollan en todo el mundo.
Seis meses después del fin de la guerra que enfrentó a fuerzas gubernamentales y a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE), Sri Lanka sigue confinando en campos de desplazados cerrados –en condiciones precarias y en ocasiones peligrosas– a personas que huyeron de los combates en el norte del país.
En las últimas semanas ha aumentado el número de personas liberadas de los campos. Sin embargo, los refugios de los campos se han deteriorado con la llegada de la estación lluviosa a Sri Lanka, mientras los fondos para repararlos se están agotando.
Esta semana, John Holmes, coordinador de asuntos humanitarios y del socorro de emergencia en el gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, viajará a Sri Lanka para evaluar la situación de las personas recluidas en los campos.
ATRAPADAS
Alrededor de 150.000 personas desplazadas que viven en campos del gobierno en el norte de Sri Lanka siguen viendo cómo se les niega el acceso a sus derechos humanos fundamentales, como la libertad de circulación. El ejército controla si los desplazados pueden abandonar las instalaciones del campo –incluso para buscar asistencia médica–, mientras se les niegan salvaguardias legales básicas.
Aunque el gobierno ha difundido ampliamente las últimas liberaciones producidas en los campos, Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que las autoridades locales han detenido a muchas personas para determinar si tenían vínculos con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.
SIN VOZ
Las personas desplazadas no han tenido voz en las decisiones relacionadas con su liberación, retorno o reasentamiento.
No se ha avisado a las familias de las liberaciones inminentes ni se las ha informado de la situación en sus lugares de origen. Tampoco se les ha facilitado información clara sobre sus derechos y obligaciones, condición legal o procedimientos para localizar a familiares.
Se ha impedido a las organizaciones humanitarias hablar con las personas desplazadas en los campos, obstruyendo su capacidad para llevar a cabo labores básicas de derechos humanos, como proporcionar asistencia legal o ayudar a la reunificación familiar. El Comité Internacional de la Cruz Roja no ha tenido acceso a los campos desde julio.
DESPROTEGIDAS
Desde que finalizó la guerra en mayo de 2009, las fuerzas de seguridad han sometido a miles de personas detenidas en los campos a procesos de “selección” con el objeto de descubrir a miembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.
Alrededor de 12.000 personas –entre ellas niños y niñas– sospechosas de tener vínculos con los LTTE han sido detenidas, separadas de la población general desplazada y recluidas por las autoridades en centros de detención irregulares, como escuelas vacías.
Amnistía Internacional ha recibido informes reiterados y dignos de crédito de trabajadores humanitarios en relación con la falta de transparencia y de rendición de cuentas en los proceso de selección, que se llevan a cabo al margen de cualquier marco legal. El riesgo para los detenidos también es mayor cuando se les recluye en régimen de incomunicación. Aunque los procesos de selección son apropiados para garantizar que entre la población general del campo no se da cobijo a combatientes de los LTTE, deben seguirse procedimientos adecuados y el proceso de selección no debe ser empleado como una excusa para aplicar un castigo colectivo.
Organismos independientes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, siguen sin tener acceso a los lugares donde se aloja a los adultos sospechosos de tener relación con los LTTE. No se ha acusado a los detenidos de ningún delito y se les ha negado el derecho a asesoramiento legal y al debido proceso. Muchos permanecen detenidos en régimen de incomunicación.
Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Sri Lanka a que respete y proteja los de rechos humanos de las personas desplazadas, entre ellos el derecho a la libertad y el derecho a circular libremente.
En Mozambique no hay justicia para quienes lloran a las víctimas de homicidio policial
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Mozambique a que investiguen debidamente y procesen a los agentes de policía sospechosos de cometer homicidios ilegítimos, tras haberse obstaculizado continuamente los esfuerzos de las familias de las víctimas por conseguir que se haga justicia.
En un informe publicado hoy, con el título ‘I can’t believe in justice anymore’: Obstacles to justice for unlawful killings by police in Mozambique, la organización ha pedido al gobierno que explique claramente a todos los miembros de la policía que el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos no se van a tolerar.
Desde enero de 2006, al menos 46 personas han sido víctimas de homicidio ilegítimo a manos de la policía en Mozambique.
Amnistía Internacional ha pedido también a las autoridades que garanticen que las familias de las víctimas reciben la debida indemnización por su pérdida.
“Las familias de las víctimas encuentran obstáculos casi insuperables, por lo que sólo las más insistentes y pudientes han conseguido que se haga algo de justicia –ha manifestado Erwin van der Borght, director del Programa de Amnistía Internacional para África–. Casi todas las demás no reciben ninguna justicia por la pérdida de sus seres queridos.”
“Peor aún, el gobierno parece haber permitido e incluso fomentado que se pongan obstáculos a las familias de las víctimas que buscan justicia.”
Pese a las reiteradas solicitudes de Amnistía Internacional, las autoridades apenas le han proporcionado información sobre las investigaciones de los homicidios policiales de Mozambique, ni siquiera en visitas de la organización al país. En algunos casos le han dicho que no se han llevado a cabo investigaciones porque se ha dado por sentado que el homicidio fue legítimo.
Las normas internacionales obligan a realizar una investigación efectiva en todos los casos de muerte o lesiones graves a causa del uso de la fuerza o de armas de fuego por parte de la policía.
Chimène Costa, pareja de Augusto Cuvilas, bailarín y coreógrafo muerto por disparos de la policía en diciembre de 2007, ha dicho a Amnistía Internacional: “Ya no creo en la justicia. No me informan. No hay respeto […] Sólo quieren que olvidemos. Si no tienes dinero no se hace nada”.
Abogados, periodistas y activistas de los derechos humanos de Mozambique también han dicho a Amnistía Internacional que la policía tiende a “proteger a los suyos” y que este es uno de los principales obstáculos para llevar a agentes de policía ante la justicia.
“La evidente renuencia de la policía a llevar a cabo investigaciones efectivas sobre todos los homicidios cometidos por policías, la falta de medidas de sus oficiales para identificar a los agentes sospechosos de violaciones graves de derechos humanos y la tendencia de los policías a protegerse mutuamente son factores que contribuyen a la falta de justicia en estos caos”, ha señalado Erwin van der Borght.
En su informe, Amnistía Internacional pide al gobierno que garantice que se realizan con prontitud investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todos los casos de uso policial de la fuerza que sea causa de muerte o lesiones graves y que se pone a los agentes responsables a disposición judicial. Asimismo, las familias de las víctimas de homicidio deben recibir la debida reparación.
Otras recomendaciones formuladas en el informe son:
- la policía tiene acceso a medios alternativos con que hacer frente a situaciones potencialmente violentas, para que la fuerza utilizada sea proporcional;
- la policía recibe formación en técnicas sobre el modo de reducir la tensión y no hacer uso de la fuerza si no es estrictamente necesario;
- en todos los casos de muerte por uso policial de la fuerza o de armas de fuego se practica automática e inmediatamente la autopsia;
- los denunciantes, testigos, abogados, jueces y demás personas relacionadas con la investigación de actos de la policía están protegidos contra intimidaciones y represalias.
Las autoridades iraníes deben detener inmediatamente la ejecución de un kurdo
Las autoridades iraníes deben detener la ejecución inminente de Sherko Moarefi, kurdo condenado por “enemistad con Dios” debido a su presunta pertenencia a una organización kurda prohibida, afirmó Amnistía Internacional el 13 de noviembre de 2009.
El 12 de noviembre, Sherko Moarefi fue puesto en régimen de aislamiento en la sección de los presos en espera de ejecución de la cárcel de Saqez. Se teme que esto sea el preludio a su ejecución, que podría suceder mañana mismo. Se teme asimismo que otro kurdo iraní, Habibollah Latifi, corra peligro inminente de ejecución.
El 11 de noviembre, Ehsan Fattahian fue ejecutado en la ciudad de Sanandaj por las autoridades iraníes tras ser declarado culpable de cargos similares.
Las ejecuciones parecen haberse programado en represalia por la serie de asesinatos e intentos de asesinato que tuvieron lugar en la provincia de Kurdistán entre el 9 y el 19 de septiembre de 2009, dirigidos contra autoridades civiles y de los que se informó ampliamente en Irán. Amnistía Internacional ha condenado estas agresiones.
Se cree que hay al menos otros 10 hombres y una mujer kurdos condenados a muerte en Irán por su pertenencia a organizaciones kurdas prohibidas o por realizar actividades para ellas.
Amnistía Internacional continúa instando a las autoridades iraníes a que impongan de inmediato una moratoria general de las ejecuciones como primer paso para poner fin al uso de la pena de muerte.
Macedonia debe garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica
Amnistía Internacional ha manifestado hoy su satisfacción por el compromiso de las autoridades macedonias de garantizar que la marcha en Skopje del Día Internacional para la Tolerancia se celebra el 16 de noviembre sin obstáculos.
La organización ha instado asimismo a las autoridades macedonias a proteger adecuadamente a quienes participan en la marcha frente a cualquier tipo de amenaza o violencia.
“El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica está garantizado por ley, y es fundamental que las autoridades macedonias lo respeten y defiendan”, ha manifestado Sian Jones, experta de Amnistía Internacional sobre los Balcanes.
Los organizadores de la marcha piden tolerancia y ausencia de discriminación por razón de género, origen étnico o racial, religión o creencia, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otro motivo.
Anteriormente, este mismo año, los participantes de una manifestación pacífica de estudiantes fueron agredidos por los participantes de una gran contramanifestación “espontánea” que les gritaron insultos racistas, homófobos y discriminatorios.
“Los activistas de la sociedad civil deben poder manifestar pacíficamente su preocupación y actuar contra la discriminación de cualquier tipo, y deben alzarse en defensa de los derechos humanos y las libertades”, ha manifestado Sian Jones.
La marcha por la Tolerancia del 16 de noviembre es una de las actividades que, para conmemorar el Día Internacional para la Tolerancia, está organizando una coalición de organizaciones no gubernamentales, como Civil, el Comité de Helsinki para los Derechos Humanos en la República de Macedonia, y el Centro por la Libertad.
La coalición está animando a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil a organizar actos similares en otras partes del país.
La coalición instará al gobierno a adoptar un proyecto de ley sobre la prevención de la discriminación y la protección frente a ella. La adopción de una ley de este tipo forma parte del proceso de reforma legislativa exigido por el proceso de adhesión de la Unión Europea (UE).
En su informe de actualización de noviembre, la Comisión Europea destacó la constante discriminación en Macedonia contra las minorías por motivos como el sexo, el origen étnico (especialmente los romaníes), la discapacidad y la orientación sexual.
Información complementaria
Amnistía Internacional desea destacar que el proyecto de ley sobre la prevención de la discriminación y la protección frente a ella, conforme estaba redactado en octubre de 2009, aún no era compatible con la legislación de la UE, ni contaba con disposiciones contra la discriminación por parte de agentes tanto públicos como privados.
Además, el proyecto no incluía disposiciones para que las instituciones independientes garanticen la promoción y protección de los derechos y la prevención de los abusos contra ellos, ni los medios para garantizar que una persona que sufra discriminación tiene acceso a un remedio efectivo.
En abril de 2009, una manifestación de 150 personas (principalmente estudiantes de la Facultad de Arquitectura) contra la propuesta de edificación de una iglesia en la plaza principal de Skopje fue atacada por una contramanifestación “espontánea” de, según se calcula, 3.000 o 4.000 personas.
Los estudiantes que se manifestaban alegaban que la policía, en aquella ocasión, no había sido capaz de protegerlos frente a los ataques.
Sin embargo, varios estudiantes están siendo procesados por alteración del orden público.
El hecho de que las autoridades no garanticen la libertad de expresión y reunión pacífica fue criticado por los representantes de la UE y otros miembros de la comunidad internacional en Skopje, y fue objeto de una investigación parlamentaria.