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Amnistía Internacional ha pedido que se deje en libertad a un activista de derechos humanos que compareció en juicio esta semana por hacer un video sobre la contaminación en Túnez y publicarlo en Facebook.

A Zouheir Makhlouf se le se denegó la libertad bajo fianza cuando compareció ante un tribunal el martes 3 de noviembre. Parecía débil e incapaz de hablar o mantenerse de pie bien; su abogado ha dicho que ha estado más de 10 días en huelga de hambre para protestar por su detención y reclusión.

Makhlouf fue acusado de “dañar o molestar a otras personas por medio de las redes públicas de telecomunicación”, delito por el que podría imponérsele una pena de hasta dos años de prisión si se lo declara culpable. Continúa bajo custodia hasta la próxima vista judicial, el 24 de noviembre.

La vista se celebró con una fuerte presencia de los servicios de seguridad, que impidieron por medios físicos la entrada de periodistas y defensores de derechos humanos al juzgado.

Los agentes de los servicios de seguridad del Estado empujaron, golpearon e insultaron a la periodista Sihem Ben Sedrine.

Zouheir Makhlouf fue detenido el 20 de octubre, después de que publicara un video sobre la contaminación y la falta de infraestructura y servicios básicos en la zona industrial de la ciudad de Nabeul, situada unos 60 km al sureste de Túnez capital.

Tras la publicación del vídeo, uno de los obreros de Nabeul, que pareció en él criticando la contaminación y las insatisfactorias condiciones de trabajo, presentó una denuncia.

Alegó que Zouheir Makhlouf no le había pedido permiso para presentarlo en el vídeo, sí bien parece que dijo esto después de haber sido presionado por agentes de los servicios de seguridad tunecinos.

Another individual, who was reportedly willing to confirm that Zouheir Makhlouf did obtain the worker’s permission, is said to have changed his mind and agreed to become a prosecution witness after he was threatened by security officials.

"Zouheir Makhlouf es un preso de conciencia enjuiciado por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión", ha declarado Malcolm Smart –director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África–. Se lo debe dejar de inmediato en libertad y sin condiciones, y deben retirarse los cargos presentados contra él."

Amnistía Internacional ha instado el jueves 5 de noviembre a las autoridades de Costa de Marfil a que garanticen que la indemnización de 45 millones de dólares que va a pagar la empresa dedicada al comercio de petróleo Trafigura a las víctimas de uno de los vertidos tóxicos que mayor escándalo han provocado en los últimos años llega realmente a las personas de deben recibirla.

La indemnización se acordó en el contexto de una demanda judicial contra Trafigura, presentada ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales por unas 30.000 personas.

Amnistía Internacional ha escrito también al ministro británico de Justicia, Jack Straw, para pedirle que se ponga en contacto con urgencia con su homólogo marfileño a fin de ejercer presión sobre él para que tome rápidamente medidas con que impedir que se cometa un fraude en gran escala.

La organización ha formulado esta petición mientras millares de víctimas del vertido ilegal de residuos tóxicos de Abiyán, capital de Costa de Marfil, esperan impacientes cobrar la indemnización.

“Existe un riesgo real de que las víctimas del vertido no reciban nunca la indemnización que tanto tiempo llevan esperando”, ha manifestado Widney Brown, directora general de programa de Amnistía Internacional.

“Los gobiernos de Costa de Marfil y Reino Unido deben hacer todo cuanto puedan para garantizar que los demandantes enumerados en la orden judicial reciben esta indemnización e impedir que se apropien indebidamente de ella personajes corruptos.”

Los 45 millones de dólares de indemnización están congelados en la cuenta bancaria del bufete de abogados que representa a las víctimas en la causa judicial abierta contra la empresa Trafigura por el vertido de residuos.

La orden de congelación se dictó a raíz de que un individuo dijera que el dinero debía transferirse a una cuenta de su organización –Coordinación Nacional de Víctimas de Residuos Tóxicos de Costa de Marfil (CNVDT-CI, por sus siglas en inglés)–, que es la que representa a las “verdaderas víctimas”. Esta afirmación parece totalmente falsa y ha sido refutada por los abogados británicos de las víctimas, así como por los demás representantes de los demandantes en la causa abierta en el Reino Unido, que han presentado una petición ante los tribunales marfileños.

La CNVDT-CI no aparece mencionada en ningún documento judicial relacionado con la causa o el acuerdo negociado.

El 23 de septiembre, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales aprobó un acuerdo alcanzado entre las víctimas del vertido de residuos tóxicos, el bufete de abogados británico Leigh Day & Co y Trafigura, según el cual Leigh Day distribuiría 45 millones de dólares entra las casi 30.000 víctimas que habían aceptado el acuerdo, cada una de las cuales recibiría unos 1.600 dólares. La suma se transferiría a una cuenta bancaria abierta por Leigh Day en Costa de Marfil para proceder a su distribución.

El 22 de octubre, Claude Gohourou, quien afirma que su organización representa a las víctimas, solicitó ante un tribunal de Abiyán que se congelaran los fondos de la cuenta de Leigh Day, y el tribunal accedió. Poco después, el 27 de octubre, solicitó que se transfiriera el dinero a una cuenta de su organización.

El viernes 6, el tribunal de Abiyán se pronunciará sobre esta solicitud.

“Si el tribunal de Costa de Marfil transfiere el dinero a la cuenta del Sr. Gohourou, es muy probable que nunca se vuelva a ver”, ha manifestado Widney Brown.

“Es preciso intervenir con urgencia para impedir que las víctimas de este trágico caso lo sean por partida doble. Sería una auténtica farsa haber luchado durante tres años para conseguir una indemnización por los terribles sucesos de 2006 y ver luego cómo te la roban.”

La votación por la que la ONU aprobó el jueves 5 de noviembre las principales recomendaciones del informe Goldstone sobre el conflicto de Gaza y el sur de Israel de este año es de vital importancia para garantizar, en ambos bandos, que los autores de crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional rinden cuentas, ha manifestado Amnistía Internacional.

"Con esta decisiva resolución de la Asamblea General, tanto Israel como Hamás, en Gaza, han recibido la debida notificación para que realicen de inmediato investigaciones creíbles e independientes sobre las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario cometidas presuntamente durante el conflicto”, manifestó el jueves Yvonne Terlingen, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en la ONU.

"Ha empezado ya a contar el tiempo, por lo que instamos a ambas partes a tomar medidas sin más dilación. La ONU se ha pronunciado hoy en favor de la rendición de cuentas y el fin de la espiral de impunidad que durante tanto tiempo ha obstaculizado la búsqueda de la paz y la justicia entre israelíes y palestinos."

La resolución de la Asamblea General de la ONU, basada en las conclusiones de la misión de investigación de la ONU dirigida por el juez Goldstone, que ha determinado que tanto las fuerzas israelíes como las palestinas cometieron crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes de lesa humanidad, ha sido aprobada por gran mayoría: 114 votos a favor, 18 en contra y 44 abstenciones. Estados Unidos y siete Estados de la Unión Europea han votado en contra, y Rusia se ha abstenido.

"Lamentamos profundamente que Estados Unidos, y Alemania, Eslovaquia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y la República Checa hayan votado en contra de la resolución y no hayan apoyado la necesidad de rendición de cuentas, justicia y derechos humanos, tan esencial para las víctimas de los abusos cometidos en este conflicto”, afirmó Terlingen.

En la resolución se pide al secretario general de la ONU que pase el informe del juez Goldstone al Consejo de Seguridad, que tiene atribuciones para remitir la situación en Gaza al fiscal de la Corte Penal Internacional si Israel y Hamás no pueden o no están dispuestos a realizar investigaciones independientes y que cumplan las normas internacionales. También se pide en ella al secretario general que presente un informe actualizado a la Asamblea General en el plazo de tres meses.

"Instamos al secretario general de la ONU a que nombre ya a expertos independientes en derechos humanos y derecho internacional humanitario para que determinen si toda investigación que realicen Israel y Hamás cumple las normas internacionales pertinentes", dijo Terlingen.

Las conclusiones del informe Goldstone se hacen eco de las del equipo de Amnistía Internacional que investigó, durante el conflicto e inmediatamente después de él, las presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en Gaza y el sur de Israel. En el conflicto murieron centenares de civiles palestinos, incluidos unos 300 niños y niñas, y tres civiles israelíes.

"Casi un año después, quienes sufrieron crímenes de guerra y otras violaciones graves de sus derechos, continúan esperando a que se haga justicia –ha manifestado Amnistía Internacional–. Tenemos la ferviente esperanza de que la resolución aprobada hoy por la Asamblea General de la ONU sirva de catalizador para que realmente se haga justicia y se proporcione una reparación a las víctimas de ambos bandos."

Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente la ejecución de tres extranjeros en Arabia Saudí el miércoles 4 de noviembre.

Dos personas de nacionalidad srilankesa y una persona de nacionalidad india fueron decapitadas en la ciudad de Yidda. En junio de 2007 los habían condenado a muerte por el presunto homicidio de una mujer en su domicilio, durante un robo a mano armada perpetrado en noviembre de 2005.

Se cree que la declaración de culpabilidad de Haleema Nissa Cader, ciudadana srilankesa y madre de un niño de corta edad, su esposo de nacionalidad india Muhammad Naushad Barmil y el ciudadano srilankés K M S Bandaranaike se fundamentó en “confesiones” obtenidas bajo coacción durante los interrogatorios policiales.
 
Ni durante su detención ni en ninguna etapa del proceso judicial contaron con asistencia letrada. El Tribunal de Casación de la ciudad de La Meca confirmó su condena en 2009 y el Consejo Judicial Supremo la ratificó. 

Amnistía Internacional ha hecho reiterados llamamientos en favor de estas personas.

El ultimo extranjero ejecutado en Arabia Saudí fue Munir Ahmed Hussein Shah, ciudadano de Bangladesh, que fue decapitado el 7 de agosto tras ser declarado culpable de violación y asesinato. 

Antes que él, el nigeriano Qorbi bin Musa Adam fue ejecutado el 2 de agosto en Yidda por asesinato.

Según los datos de que dispone Amnistía Internacional, casi la mitad de las ejecuciones registradas en Arabia Saudí lo fueron de ciudadanos extranjeros, en su mayoría trabajadores migrantes de países en desarrollo.

En 2007 las autoridades ejecutaron al menos a 158 personas, 76 de las cuales eran extranjeras, mientras que en 2008 ejecutaron al menos a 102 personas, entre ellas casi 40 extranjeras. Desde comienzos de 2009, se sabe que otras 61 personas han sido ejecutadas, entre ellas 18 de nacionalidad extranjera.

A Amnistía Internacional le consta que actualmente hay al menos 137 personas condenadas a muerte, de las cuales 106 son extranjeras. Se cree que la cifra real es muy superior.

Los acusados, en especial los trabajadores migrantes pobres procedentes de países en desarrollo de África y Asia, en general no cuentan con asistencia letrada y no pueden seguir los procedimientos judiciales en lengua árabe.

Estas personas, y muchos de los ciudadanos saudíes que son ejecutados, tampoco tienen acceso a personalidades influyentes –como autoridades gubernamentales o jefes tribales– y carecen de dinero, ambos factores esenciales para obtener un indulto en las causas por asesinato.

Arabia Saudí aplica la pena de muerte a una amplia variedad de delitos y los procedimientos judiciales no se ajustan a las normas internacionales sobre juicios justos.

A los acusados se les niega por lo general el derecho a contar formalmente con un abogado, y en muchos casos no se les informa de la marcha de los procedimientos judiciales entablados en su contra.

Una confesión obtenida con coacción o engaño puede ser suficiente para declararlos culpables.

Amnistía Internacional condena el uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad iraníes, que el miércoles 4 de noviembre golpearon y detuvieron a decenas de manifestantes pacíficos.

Las fuerzas de seguridad –incluida la milicia paramilitar Basij– utilizaron porras y gas lacrimógeno para dispersar a partidarios de la oposición, algunos de los cuales arrojaron piedras.

Miles de personas se habían reunido en ciudades de todo el país, aprovechando las manifestaciones oficiales que conmemoraban el 30 aniversario del asalto a la Embajada de Estados Unidos en Teherán como plataforma para protestar contra el polémico resultado de las elecciones presidenciales de junio.

“Basándonos en lo ocurrido durante los disturbios que se produjeron en verano y en los motivos de preocupación sobre tortura en Irán que nuestra organización abriga desde hace mucho tiempo, podemos afirmar que las personas detenidas en la actualidad corren peligro de sufrir tortura y otros malos tratos”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
 
“Sus familias deben recibir de inmediato información sobre su paradero, y las personas detenidas deben tener acceso a todo el tratamiento médico que necesiten y a asistencia letrada de su elección.”

Entre las personas que recibieron golpes se encontraba Habibollah Peyman, manifestante de 74 años que es miembro del Comité Nacional para la Paz, un grupo que ha pedido el cese del uso de la violencia en Irán.

Farhad Pouladi, periodista de la agencia AFP, fue detenido cuando intentaba informar sobre las manifestaciones y permanece recluido en un lugar desconocido.

El candidato presidencial derrotado Mehdi Karroubi, que ha criticado abiertamente a las autoridades, también participó en las manifestaciones y se convirtió en blanco del lanzamiento de gas lacrimógeno, lo que provocó que uno de sus guardaespaldas tuviera que ser hospitalizado.  

Antes de las manifestaciones había recibido amenazas de muerte en las que se le aconsejaba que no participase.

Una testigo presencial contó a Amnistía Internacional que no había visto signos de violencia por parte de los manifestantes, a pesar de lo cual miembros de la milicia Basij y de otras fuerzas de seguridad cargaron contra ellos utilizando porras.

La testigo vio cómo una manifestante se refugiaba en unas oficinas de la calle Ayatollah Taleghani, cerca de la antigua Embajada de Estados Unidos en Irán, en donde la policía antidisturbios golpeó a otros viandantes y rompió ventanas.

Según información recibida por Amnistía Internacional, entre las personas detenidas el miércoles se encontraba la periodista y activista de los derechos de las mujeres Vahideh Molavi. También fueron detenidos Nafiseh Zareh-Kohan, Hojjat Sharifi y Ali Mashmouli. Las cuatro personas permanecen recluidas en un centro de detención no identificado, lo que suscita temor por su seguridad.

Hassan Asadi Zeidabadi, director del Comité de Derechos Humanos de la Asociación de Licenciados de Irán, fue detenido en la noche del martes en lo que su portavoz describió como un “ataque preventivo” por parte de las autoridades el día anterior a las manifestaciones previstas. 

Otros dos miembros de la Asociación, Mohammad Sadeghi y Ali Malihi, fueron también detenidos esa misma noche.  

“Las autoridades iraníes deben permitir las manifestaciones pacíficas –incluidas las convocadas contra el resultado de las elecciones– y retirar a la milicia Basij de las calles”, ha declarado Malcolm Smart.

“La actuación policial durante las manifestaciones no debe estar a cargo de paramilitares que actúen con mano dura, sino de personal encargado de hacer cumplir la ley que haya recibido la formación adecuada y al que se le exija el respeto de los derechos humanos. Asimismo, debe llevarse a cabo una investigación independiente de todos los informes de golpes, torturas y otras violaciones de derechos humanos y los responsables deben ser procesados.”

Las sentencias condenatorias impuestas a varios agentes de los servicios de inteligencia estadounidenses e italianos por su intervención en el secuestro de Usama Mostafa Hassan Nasr (más conocido como Abu Omar) representan un paso hacia adelante en la rendición de cuentas por delitos cometidos en el curso del programa de “entregas”, ha declarado el 4 de noviembre Amnistía Internacional.

“Lo que ocurrió en este caso fue, lisa y llanamente, que un hombre fue secuestrado a plena luz del día y trasladado después a Egipto, donde según dice fue torturado”, ha manifestado Julia Hall, experta en antiterrorismo en Europa de Amnistía Internacional.

“Este tipo de actos no pueden ni deben quedar impunes, y los agentes responsables deben rendir cuentas del hecho de que fueron cómplices en varios delitos graves más, como el de desaparición forzada y el de tortura, cometidos contra Abu Omar.”  

Los fiscales de Milán habían dictado órdenes de detención contra los encausados estadounidenses en 2005 y 2006, pero los sucesivos ministros de Justicia italianos se negaron a remitirlos al gobierno de Estados Unidos.

“Los fiscales hicieron todo lo posible para garantizar que los agentes estadounidenses comparecieran ante el tribunal”, afirma Julia Hall.

“Al negarse a transmitir las peticiones de extradición a Estados Unidos, el gobierno italiano infligió un duro golpe a la imparcialidad de las actuaciones judiciales.”

Ninguno de los ciudadanos estadounidenses que han sido declarados culpables estuvo presente en el juicio. Aunque la legislación italiana permite la celebración de juicios in absentia, el derecho internacional exige que la persona esté presente en su juicio para escuchar todos los argumentos de la acusación, exponer su defensa, cuestionar las pruebas e interrogar a los testigos. De ser aprehendidos en el futuro, los nacionales estadounidenses condenados in absentia tienen derecho a un nuevo juicio ante un tribunal diferente, así como a la presunción de inocencia en ese nuevo proceso.
 
“El gobierno de Bush erigió un muro de silencio, negándose a reconocer el caso de Abu Omar y el papel que desempeñaron en él los agentes de sus propios servicios de inteligencia”, dice Julia Hall.

“Es hora de que el gobierno de Obama corrija ese error. El gobierno estadounidense no debe ofrecer refugio a ninguna persona sospechosa de estar implicada en desapariciones forzadas o torturas.”

Amnistía Internacional ha pedido a Estados Unidos que inicie una investigación penal, independiente e imparcial, sobre el secuestro, la desaparición forzada y la tortura de Abu Omar, y que enjuicie a los agentes de la CIA y oficiales del ejército presuntamente implicados en estos delitos. El gobierno italiano debe colaborar plenamente con cualquier Estado que trate de investigar y enjuiciar a personas de quienes se alegue que han participado en el secuestro y la entrega de Abu Omar.  

Las autoridades egipcias deben asimismo investigar exhaustivamente y entregar a la justicia a las personas responsables de la desaparición forzada y las torturas de Abu Omar en Egipto.

El tribunal de Milán ha concedido provisionalmente a Abu Omar un millón de euros y otros 500.000 euros a su esposa, Nabila Ghali, por los abusos y la injusticia que sufrieron. El tribunal remitió la cuestión de la indemnización a un tribunal civil para que la estudie más detenidamente.  

“Las víctimas de desapariciones forzadas y torturas tienen derecho a la justicia, a la verdad y a un resarcimiento completo”, afirma Julia Hall.

“El tribunal italiano concedió una indemnización económica a Abu Omar y a su familia por el papel desempeñado por Italia en los abusos y sufrimientos que padecieron, y ahora los gobiernos estadounidense y egipcio deben seguir su ejemplo.”

Información complementaria
Entre las personas declaradas culpables figuran 22 agentes o funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y un oficial del ejército estadounidense. Otros tres nacionales estadounidenses, entre ellos el entonces jefe de la oficina de la CIA en Roma, recibieron inmunidad diplomática y se retiraron las acusaciones formuladas contra ellos.  

Dos agentes de los servicios de información militar italianos (del entonces llamado Servicio para la Información y la Seguridad Militares, SISMI) fueron asimismo declarados culpables y condenados a tres años de prisión. Las acusaciones formuladas contra el ex director del SISMI, Nicolò Pollari, y su adjunto, Marco Mancini, se retiraron  en virtud del privilegio de “secretos de Estado”, al igual que en los casos de otros tres italianos.

Los acusados fueron enjuiciados por su implicación en el secuestro, en febrero de 2003, de Abu Omar, que fue objeto de desaparición forzada en una calle de Milán y enviado vía Alemania a Egipto, donde permaneció en detención secreta 14 meses y fue supuestamente torturado. Las personas declaradas culpables fueron acusadas formalmente sólo de su participación en el secuestro de Abu Omar, pero no de su desaparición forzosa ni de la tortura.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Guyana a que enjuicien a los policías implicados en la tortura y los malos tratos de tres personas –entre ellas un muchacho de 15 años– detenidas en relación con la investigación de un asesinato.

Los policías torturaron al muchacho prendiéndole fuego en los genitales cuando se negó a firmar una confesión. El muchacho fue puesto en libertad más tarde y se retiraron los cargos contra él; ahora se encuentra hospitalizado.
 
Este joven era uno de los tres detenidos por el asesinato del ex gobernante local Ramenauth Bisram, muerto por múltiples heridas de arma blanca el 26 de octubre.

Otro sospechoso, Deonarine Rafick, permanece en prisión después de que los policías lo golpearan con un trozo de madera y, al parecer, le quemaran la boca con cigarrillos para obligarlo a firmar una confesión.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Guyana a que le presten atención médica e investiguen las circunstancias que condujeron a su confesión.

Los cargos contra el tercer sospechoso, Nouravie Wilfred, de 20 años, se retiraron después de que éste permaneciera recluido en régimen de incomunicación durante siete días. Según la ley guyanesa, el plazo máximo que un sospechoso puede permanecer bajo custodia policial antes de comparecer ante un tribunal es de 72 horas.

A los tres sospechosos se les negaron las visitas de sus familiares y sus abogados, y también se les negó la atención médica mientras permanecieron bajo custodia.

“Estos atroces actos de brutalidad por parte de agentes de la policía de Guyana no deben quedar impunes”, ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

Los medios de comunicación de este país caribeño han informado de que se ha detenido a dos policías en relación con la tortura del muchacho de 15 años.

El muchacho fue detenido el 27 de octubre y conducido, al día siguiente, a la comisaría de Leonora, a unos 19 kilómetros al oeste de la capital, Georgetown. Allí lo golpearon.
 
Cuando se negó a firmar una confesión, los policías lo sujetaron y le rociaron la zona de los genitales con un líquido inflamable, al que a continuación prendieron fuego.

Hasta el 31 de octubre no recibió tratamiento médico adecuado ni acceso a asistencia letrada, pese a los repetidos intentos de sus abogados y su familia de acceder a él.
 
A Deonarine Rafick lo golpearon con un trozo de madera en la espalda, las piernas, las nalgas, la cara y el cráneo mientras permanecía recluido en la comisaría de Leonora el 27 de octubre. Según su testimonio, también le quemaron con cigarrillos en el interior de la boca.

Lo obligaron a firmar una confesión en la que declaraba estar implicado en el asesinato. Sus abogados no pudieron verlo hasta el 29 de octubre, pese a sus repetidos intentos.

Deonarine Rafick compareció ante un tribunal y fue acusado de asesinato el 30 de octubre. Su cara mostraba contusiones visibles, y no le habían suturado la herida del cuero cabelludo.

En la actualidad, permanece en prisión en espera de una investigación preliminar. Según su abogado y su familia, todavía no ha recibido atención médica.

“Debe llevarse a cabo una investigación completa sobre la manera en la que se ha permitido a los agentes burlar flagrantemente la legislación tanto guyanesa como internacional al negar durante varios días el acceso a familiares, abogados y tratamiento médico”, ha manifestado Kerrie Howard.

Amnistía Internacional instó el miércoles 4 a los representantes de los gobiernos africanos reunidos en Addis Abeba (Etiopía) a que reafirmen su apoyo a la Corte Penal Internacional.

En un memorándum publicado esta semana bajo el título de The International Criminal Court: The Contribution Africa Can Make to the Review Conference, la organización ha pedido a los gobiernos africanos que manifiesten con claridad que impedirán que cualquier funcionario acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra obtenga refugio en sus países.

“Sólo la justicia puede servir de base sólida para una paz duradera”, ha afirmado Kolawole Olaniyan, asesor jurídico para África de Amnistía Internacional.

“Hace más de una década, los Estados africanos figuraban entre los partidarios más enérgicos de la propuesta de establecer un tribunal penal internacional permanente que permitiera investigar y enjuiciar a las personas responsables de algunos de los peores crímenes del mundo; ahora deben renovar este compromiso, pues la supervivencia de la Corte Penal Internacional como órgano internacional eficaz depende de ello”, declara Kolawole Olaniyan.

“Las víctimas africanas de genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra son algunos de los principales beneficiarios de la Corte; la Corte Penal Internacional debe recibir un apoyo total para que pueda continuar con su importante labor a favor de estas personas.”

El llamamiento se produce después de que el presidente de Sudán, Omar al Bashir, cancelara las visitas previstas a Sudáfrica, Uganda, Nigeria y Venezuela, al quedar patente que podía ser detenido y entregado a la Corte, sobre todo a la luz de las protestas de la sociedad civil africana ante las visitas.

En su memorándum, Amnistía Internacional insta a los Estados africanos a que defiendan con energía las disposiciones de la Corte que excluyen la inmunidad para funcionarios del Estado —con independencia de su rango, incluidos jefes de Estado— del enjuiciamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

“Todos y cada uno de los instrumentos jurídicos adoptados desde la Segunda Guerra Mundial por la comunidad internacional han rechazado la inmunidad frente al enjuiciamiento para cualquier funcionario estatal acusado formalmente de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, afirma Kolawole Olaniyan.

“De hecho, todos los tribunales internacionales que han estudiado la cuestión de la inmunidad desde el establecimiento de la Corte Penal Internacional han concluido que los jefes de Estado no pueden alegar con éxito ninguna supuesta inmunidad frente al enjuiciamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.”

Amnistía Internacional ha declarado que para garantizar que la Corte Penal Internacional es un complemento eficaz de los tribunales nacionales, este tribunal debe poder ejercer su jurisdicción sin injerencias políticas.

“Con la excepción de Darfur, todas las situaciones sometidas a investigación por la Corte fueron remitidas al fiscal por los propios Estados africanos: República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda”, dice Kolawole Olaniyan.

La organización ha instando también a los gobiernos africanos a que evalúen cuidadosamente los aspectos positivos y negativos de establecer un tribunal penal regional, como ha sugerido la Unión Africana en una reunión de la Asamblea celebrada en julio de 2009, especialmente sus costes.

Las autoridades sirias deben liberar de inmediato al veterano abogado de derechos humanos Haytham al Maleh y retirar todos los cargos de los que se le acusa, ha declarado Amnistía Internacional, después de que el abogado compareciera ante un juez militar en Damasco el martes 3 de noviembre.

Haytham al Maleh fue acusado de “difundir dentro de Siria noticias falsas que podrían menoscabar la moral de la nación”, “debilitar el sentimiento nacional” e “insultar” a un organismo gubernamental.

En opinión de Amnistía Internacional, ha sido acusado de estos delitos simplemente por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión.

El abogado de 78 años, uno de los activistas de derechos humanos más respetados de Siria, fue detenido en su despacho el 14 de octubre, pero las autoridades no reconocieron que se encontraba bajo su custodia hasta cuatro días después. Después de su detención fue recluido en régimen de incomunicación en un centro de detención de los servicios de Seguridad del Estado en Kafr Sousa, Damasco.

Un día antes de su detención, un funcionario de los servicios de Seguridad Política lo había citado por teléfono para que se presentase en las dependencias en Damasco de los servicios de Seguridad Política y Haytham al Maleh se había negado a hacerlo.

"Las acciones que se han emprendido contra Haytham al Maleh forman parte de una constante largamente establecida y reflejan la intolerancia casi total de las autoridades sirias incluso frente a la disidencia pacífica”, ha declarado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

"Lamentablemente, en lugar de escuchar lo que defensores y defensoras de los derechos humanos como Haytham al Maleh tienen que decir, las autoridades sirias buscan acallar sus críticas deteniendo a esas personas y formulando contra ellas cargos poco menos que ridículos con el objeto de intimidarlas y reducirlas al silencio.”

Los cargos que se presentaron el 3 de noviembre contra Haytham al Maleh guardan relación con sus críticas públicas de violaciones de derechos humanos y corrupción del gobierno en Siria, entre ellas las que realizó durante una entrevista telefónica que concedió en septiembre al canal de televisión por satélite con sede en Europa Baradda TV, que se opone al gobierno de Siria.

En la entrevista, afirmó que, aunque las autoridades sirias “tienen a su disposición enormes recursos, como son el ejército, los servicios de inteligencia, la policía y armas y todos los medios de opresión, se ocultan tras leyes que no tienen lógica ni fundamento jurídico ni justo”, y añadió que las fuerzas de seguridad sirias “cometen delitos con impunidad”.

En el momento de su detención Haytham al Maleh defendía a Muhannad al Hassani, otro abogado de derechos humanos que se enfrenta a juicio por cargos que guardan relación en parte con su trabajo en defensa de los derechos de los presos políticos. Lo han acusado de delitos como debilitar el sentimiento nacional, difundir dentro de Siria noticias falsas que podrían menoscabar la moral de la nación y difundir en el extranjero noticias falsas que podrían perjudicar la reputación del Estado. 

Como Haytham al Maleh, Muhannad al Hassani es un preso de conciencia. Amnistía Internacional también ha pedido su liberación inmediata e incondicional y que se retiren los cargos formulados contra él.

Las autoridades sirias han acosado reiteradamente a Haytham al Maleh debido a su labor de derechos humanos. Estuvo encarcelado desde 1980 hasta 1986 por su trabajo para el Comité para la Libertad y los Derechos Humanos del Sindicato de Abogados de Siria.

Ha sido presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Siria (HRAS), creada en 2001 por un grupo de unos 40 profesionales del derecho y defensores y defensoras de los derechos humanos. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no ha autorizado a la organización a registrarse oficialmente, y no ha aportado razón alguna.

El recurso de la HRAS contra la decisión ministerial está pendiente ante el Tribunal Administrativo (Majlis al Dawla) desde el 28 de julio de 2002.

Mientras tanto, los miembros de la Asociación continúan operando en un limbo legal y sufriendo acoso e intimidación constantes por parte de las autoridades sirias.

En la víspera del debate de la Asamblea General de la ONU, Amnistía Internacional ha pedido a todos los embajadores de la ONU en Nueva York que aprovechen esta oportunidad única de abordar la rendición de cuentas por crímenes de guerra cometidos en Gaza y en el sur de Israel a principios de año.

La Asamblea General se reunirá el miércoles 4 de noviembre para debatir el amplio y fidedigno informe de la misión de investigación encabezada por el juez Richard Goldstone, según el cual el bando israelí y el palestino cometieron violaciones graves del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos, como crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad.

Amnistía Internacional ha enviado una carta abierta a todos los representantes permanentes de la Asamblea General y otra al secretario general de la ONU Ban Ki-moon.

En la carta a la Asamblea General, la organización ha reiterado su llamamiento a que Israel y el gobierno de facto de Gaza emprendan de inmediato investigaciones independientes que cumplan las normas internacionales tal como recomienda el informe Goldstone.

Amnistía Internacional también ha exhortado a la Asamblea General a que pida a Ban Ki-moon que establezca sin demora un comité de expertos independientes e imparciales en derecho internacional encargado de valorar la eficacia y la autenticidad de las medidas de rendición de cuentas que tomen las autoridades israelíes y palestinas.

Amnistía Internacional ha manifestado que lamenta que ni Israel ni Hamás hayan llevado a cabo investigaciones creíbles y ha insistido en que “no debe haber encubrimiento”.

“Israel ha intentado rebatir las recomendaciones del informe y eximir a los soldados de toda investigación independiente”, afirmaba la carta.

“Por su parte, Hamás ha evitado deliberadamente condenar la práctica de lanzar misiles no guiados a zonas civiles del sur de Israel, lo cual es injustificable en virtud del derecho internacional humanitario, y también ha eludido comprometerse a poner fin a tales ataques. En vez de ello, está considerando la posibilidad de crear un comité para presentar la defensa de su conducta.”

Amnistía Internacional también ha instado a la Asamblea General a que pida a Ban Ki-moon que remita el informe Goldstone al Consejo de Seguridad, y ha recordado a todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 la responsabilidad que tienen de ejercer la jurisdicción universal.

Amnistía Internacional ve con satisfacción los esfuerzos del gobierno tanzano por llevar ante la justicia a los responsables del homicidio de un hombre albino.

Sin embargo, la organización ha deplorado el hecho de que el lunes 3 de noviembre cuatro personas fuesen condenadas a muerte por ahorcamiento en relación con el homicidio. Amnistía Internacional se opone al uso de la pena de muerte en todos los casos.

La organización también ha instado a las autoridades a incrementar sus esfuerzos para proteger a las personas albinas frente a esos homicidios.

Según los informes, más de 20 personas albinas murieron en 2009 víctimas de homicidio, lo que eleva a más de 50 la cifra total de personas albinas víctimas de homicidio en los dos últimos años.

Muy pocos autores de homicidios y mutilaciones de personas albinas han comparecido ante la justicia.

"Aunque vemos con satisfacción el enjuiciamiento de los sospechosos de participar en el homicidio y mutilación de personas albinas, la pena de muerte no es la solución a estos crímenes y prácticas atroces”, ha afirmado Godfrey Odongo, investigador de Amnistía Internacional con base en Kampala, Uganda.

El homicidio y la mutilación de personas albinas por motivos de discriminación obedecen a la creencia compartida por algunas personas en Tanzania y en otros países de que las partes del cuerpo de un albino pueden emplearse en hechizos para hacer rica a la gente.

"El gobierno tanzano debe hacer más para proteger a las personas albinas frente a estos homicidios, pero no debe recurrir a la pena de muerte”, ha afirmado Godfrey Odongo.

"Las investigaciones policiales avanzan con extremada lentitud y el esfuerzo general del gobierno para impedir los homicidios es inadecuado. Los responsables deben comparecer ante la justicia, pero de una forma que respete los derechos de todos los ciudadanos tanzanos. Aplicar la pena de muerte a los autores de los homicidios sólo agrava el problema, ya que de ese modo el gobierno envía el mensaje de que la vida humana es algo de lo que se puede prescindir.”

Aunque se ha detenido a decenas de personas sospechosas de estar implicadas en el asesinato y mutilación de personas albinas, hasta ahora sólo dos casos han terminado en sentencias judiciales. Uno de ellos es el que se resolvió el lunes 3 de noviembre y el otro es el de tres hombres que fueron declarados culpables y condenados a muerte en septiembre.

"Las autoridades tienen el deber indudable de ocuparse de las personas albinas y de proteger a toda la población frente a la violencia”, ha afirmado Godfrey Odongo.

"El mejor modo de cumplir con este deber es garantizando que el sistema judicial hace rendir cuentas a los que cometen actos violentos. Sin embargo, no deben imponerse castigos que equivalgan a tratos crueles, inhumanos o degradantes, como la pena de muerte, que constituye una violación del más fundamental de todos los derechos humanos: el derecho a la vida."

Un activista estudiantil tunecino, que se encuentra recluido en régimen de incomunicación desde que fuera detenido el 22 de octubre, corre peligro de sufrir tortura y otros malos tratos, ha declarado Amnistía Internacional.

Mohammed Soudani fue detenido el mismo día que se reunión con dos periodistas de radio franceses que estaban informando de las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en Túnez el 25 de octubre.

Amnistía Internacional ha dicho que cree que los periodistas entrevistaron a Mohammed Soudani porque es miembro activo del movimiento estudiantil en el seno de la Unión General de Estudiantes Tunecinos (UGET).

Su familia y su abogado no han podido obtener ninguna información sobre él. Se cree que se encuentra recluido en el Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, en Túnez capital, donde la tortura es común.

El día que fue detenido, por la noche, Mohammed Soudani telefoneó a sus abogados y amigos para decirles que había varios agentes de seguridad a la entrada del Hotel África de Túnez capital, donde se había reunido con los periodistas.

Les dijo que si no sabían nada de él después de las 10 de la noche, lo más probable fuera que lo hubieran detenido. Su teléfono móvil lleva desconectado desde entonces.

El 23 de octubre, incapaz de conseguir ninguna información sobre el paradero de su cliente, el abogado de Mohammed Soudani presentó una denuncia de desaparición forzada ante la Fiscalía de Túnez capital..

La familia del activista estudiantil no ha sido informada de su detención ni de su paradero, como exige la legislación tunecina, y su padre no ha podido conseguir ninguna información sobre él en la policía de Mehdia, localidad situada 200 km al sur de la capital donde vive Mohammed Soudani.

Mohammed Soudani fue expulsado de la universidad en 2007 por sus actividades en la UGET.
Durante una reunión que mantuvo con Amnistía Internacional en octubre de 2009 dijo a la organización que el 29 de junio de 2007 lo habían detenido y había estado privado de libertad durante 12 días, en el curso de los cuales lo torturaron, y que luego fue condenado a seis meses de prisión condicional. Dijo también que lo volvieron a detener durante otros seis días en octubre de 2008, cuando lo desnudaron y lo golpearon.

Mohammed Soudani ha sido procesado varias veces y ha cumplido también dos meses de cárcel. Creía que los cargos que se habían presentado contra él guardaban relación con su activismo en la UGET.

El 11 de febrero de 2009, él y otros cuatro estudiantes iniciaron una huelga de hambre que se prolongó durante 58 días para exigir que se respetase su derecho a la educación y se los readmitiese en la universidad. Asimismo, pedían que se anularan los procesos judiciales iniciados contra ellos.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades tunecinas a revelar de inmediato el paradero de Mohammed Soudani y le permitan el acceso a un abogado de su elección, a su familia y a los servicios médicos que pueda necesitar, así como a garantizar que no es torturado ni sometido a otros malos tratos.

La organización también ha pedido que lo dejen en libertad de inmediato y sin condiciones si no es acusado con prontitud de ningún delito común reconocible.

Cientos de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares para dar paso a un proyecto de desarrollo comercial en el estado de Rivers (Nigeria), según ha tenido conocimiento Amnistía Internacional.

Los habitantes de la carretera de Njemanze, en Port Harcourt, perderán sus casas definitivamente si las autoridades locales siguen adelante con sus planes de demolición esta semana.

La demolición estaba inicialmente prevista para el martes por la mañana; los residentes, llevados del pánico, dedicaron toda la noche a rescatar lo que podían de sus casas.

Muchos han buscado refugio en iglesias cercanas o en casas de familiares, mientras que otros no tienen a dónde ir y están durmiendo en la calle.

Finalmente la demolición no se realizó el martes, y Amnistía Internacional ha pedido que se detengan los planes de derribo de toda la comunidad.

“Muchos de los inquilinos no tienen adónde ir y la mayoría no puede abonar la fuerte suma de dinero que deben depositar para alquilar otra vivienda”, afirmó Erwin van der Borght, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para África.

El viernes, las casas que se extienden junto a la carretera de Njemanze quedaron inhabitables cuando la policía retiró ventanas, puertas y tejados.

Los inquilinos de las viviendas –entre ellos muchas mujeres, niños y niñas– sólo recibieron un aviso con siete días de antelación para desalojar sus casas y negocios, y a la mayoría no se le ofreció indemnización ni alojamiento alternativo.

“Hasta nuestros padres ancianos y nuestros hijos están en la calle. Necesitamos la ayuda del gobierno”, comentó un residente local a Amnistía Internacional.

Para algunos residentes, es la segunda vez que sufren un desalojo forzoso de su casa. La comunidad portuaria de Njemanze, habitada por miles de personas, fue demolida el 28 de agosto.

Varios de sus residentes desplazados buscaron refugio en las casas vecinas que se extienden a lo largo de la carretera de Njemanze, que ahora van a ser demolidas también.

Los edificios amenazados se extienden a lo largo de unos dos kilómetros de carretera, y serán demolidos para despejar el acceso a los muelles donde se ubicaba la comunidad portuaria de Njemanze, ya demolida.

Los muelles son una de las zonas más densamente pobladas de Port Harcourt. El gobernador del estado ha afirmado en reiteradas ocasiones que las demoliciones de la zona portuaria tienen como fin “sanear y controlar las actividades delictivas”. 

“El gobierno del estado de Rivers sólo puede llevar a cabo desalojos como último recurso –manifestó Erwin van der Borght–. Está obligado en todos los casos a estudiar alternativas posibles al desalojo y evitar o reducir al mínimo el uso de la fuerza.”

Amnistía Internacional ha afirmado que el gobierno del estado de Rivers no respeta su propia Ley de Planificación Física y Desarrollo (2003).

En virtud de esta ley, se debería haber establecido una “Junta de Renovación Urbana” que hubiera declarado las comunidades portuarias como “zona de mejora”, para lo cual se tendría que haber elaborado un plan de mejora.

Esta ley exige además al gobierno que proporcione alojamiento alternativo a todos los afectados, cosa que no ha hecho.

“El gobernador del estado de Rivers debe parar de inmediato las demoliciones previstas, respetar el derecho de los residentes a recibir aviso adecuado del desalojo y con antelación suficiente, y garantizar que todas las personas afectadas reciben alojamiento alternativo apropiado y que nadie se queda sin hogar”, afirmó Erwin van der Borght.

Las autoridades españolas deben reformar el actual sistema de investigación de denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad, ha afirmado Amnistía Internacional el día 3 de noviembre en un nuevo informe publicado al tiempo que la ONU se dispone a examinar nuevamente el historial de España respecto a esta cuestión.

España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después, revela que las víctimas que denunciaron tortura y otros malos tratos, y sobre cuyos casos Amnistía Internacional informó por primera vez en 2007, no han recibido justicia debido a que las autoridades españolas no han mostrado voluntad política para hacer frente a los casos de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad.

“Continúan existiendo, y obstaculizando la labor de la justicia, las deficiencias estructurales que afectan a todas las facetas de la prevención, la investigación y la sanción de la tortura y otros malos tratos que Amnistía Internacional identificó en 2007”, ha afirmado Rachel Taylor, experta de Amnistía Internacional sobre España.

Personas que habían presentado denuncias contaron a Amnistía Internacional que agentes de policía los habían amenazado con una pistola o un cuchillo, los habían golpeado en las plantas de los pies con una fusta y los habían amenazado de muerte.

De las 11 investigaciones iniciadas sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos y de las que informó Amnistía Internacional, desde noviembre de 2007 sólo dos han concluido con una resolución condenatoria.

En cuanto a los otros nueve casos, seis fueron sobreseídos sin que llegase a celebrarse un juicio y dos continúan en fase de investigación (iniciada, en uno de ellos, hace más de siete años).

En el último caso, en el juicio se determinó que se había cometido tortura, pero todos los agentes imputados fueron absueltos alegando que era imposible identificar cuál de ellos había participado personalmente en la agresión.

Uno de los casos que no llegó a la fase judicial en España ha sido remitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que se habían violado la prohibición de tortura, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a un juicio con las debidas garantías. Otros dos casos archivados son los de
Sandra Guzmán y Jordi Vilaseca.

En diciembre de 2006, Sandra Guzmán presentó una denuncia en el Departamento de Interior del gobierno autonómico vasco tras presenciar cómo un agente de policía obligaba a varios hombres de origen norteafricano a desnudarse parcialmente, para después registrarlos, golpearlos y darles patadas. Su denuncia se archivó seis meses después, supuestamente porque resultaba imposible localizar a los hombres presuntamente agredidos por los agentes de policía.

El 1 de abril de 2003, agentes de la policía autonómica de Cataluña detuvieron a Jordi Vilaseca cuando conducía hacia su casa al salir del trabajo. Tras sufrir malos tratos durante los tres días que estuvo detenido, perdió el conocimiento y fue hospitalizado. Cuando despertó, no podía hablar, caminar ni controlar los esfínteres. Jordi Vilaseca presentó una denuncia contra la policía por torturas. El caso se archivó en mayo de 2005 alegando falta de pruebas y porque la acusación afirmó que existía contradicción entre las versiones que daban de los hechos el demandante y los acusados. Tras varios recursos, el Tribunal Constitucional rechazó la causa en enero de 2009, y con ello ha quedado agotada la posibilidad de otra apelación.
 
“Las autoridades españolas deben dejar de eludir su obligación de llevar a cabo investigaciones imparciales, exhaustivas y efectivas sobre todas las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de agentes de policía, y, a la vez, deben centrarse en la prevención de estos hechos, que es siempre el mejor remedio”, ha afirmado Rachel Taylor.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción los progresos registrados en algunas fuerzas policiales que han puesto en marcha medidas destinadas a prevenir la comisión de actos de tortura y otros malos tratos.

La creciente utilización de cámaras de circuito cerrado de televisión en las comisarías y de placas de identificación personal visibles en los uniformes de los agentes de policía son importantes avances en este sentido. Amnistía Internacional lamenta señalar que los importantes avances en las fuerzas policiales autonómicas (la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra) no se han visto reflejados en el ámbito nacional.

“A menos que las autoridades españolas demuestren voluntad política para introducir los cambios necesarios que garanticen la investigación imparcial y efectiva de todas las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, sus víctimas seguirán encontrándose con impedimentos para que se haga justicia”, ha declarado Rachel Taylor.

Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades iraníes deben levantar la prolongada prohibición de viajar impuesta al periodista y activista Emadeddin Baghi, que le ha impedido recibir en persona el prestigioso Premio Martin Ennals para defensores y defensoras de derechos humanos.

La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado lunes en Ginebra. Emadeddin Baghi ha sido el primer laureado en los 18 años de historia de este galardón al que se le ha negado la oportunidad de recibir el premio en persona.

En una conversación telefónica mantenida el lunes con Amnistía Internacional, Emadeddin Baghi afirmó que tanto él como Hans Thoolen, presidente del Premio Martin Ennals, habían pedido al nuevo fiscal que levantase la prohibición de viajar, pero en vano.

“Cada vez se limita más el espacio en el que poder ver u oír a Emadeddin Baghi en Irán”, declaró Hans Thoolen.

Las autoridades iraníes no permiten a Emaddedin Baghi salir del país para viajar al extranjero desde octubre de 2004. En abril de 2008 se le impidió viajar a Londres para recoger otro galardón, el de periodista internacional del año otorgado por la prensa británica.

El 31 de julio de 2007, la Sección 6 del Tribunal Revolucionario de Teherán condenó a Emadeddin Baghi a tres años de prisión por “actos contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema”.

Los cargos estaban relacionados con entrevistas que Emaddedin Baghi había concedido a medios de comunicación y con cartas que había escrito a las autoridades en calidad de presidente de la ONG Asociación para la Defensa de los Derechos de los Presos.

En ellas criticaba las condenas a muerte dictadas tras juicios injustos contra varios árabes iraníes por presuntamente cometer varios atentados con bomba en Ahvaz, provincia de Juzestán, entre junio y octubre de 2005.

Aunque posteriormente se anuló en apelación la condena de tres años de prisión, Emadeddin Baghi fue detenido en octubre de 2007 y obligado a cumplir una pena de un año de cárcel, anteriormente suspendida, que se le había impuesto en 2003 en un juicio injusto. Quedó en libertad en octubre de 2008, pero todavía se enfrenta a posibles penas de prisión por otros cargos.

En septiembre de 2009, funcionarios judiciales cerraron la sede de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Presos. Desde su fundación, la organización ha estado recopilando información sobre tortura y otros abusos sufridos por personas detenidas.

Emadeddin Baghi tiene el valor de defender abiertamente su convicción de que el Corán no admite ni la pena de muerte ni las detenciones o los homicidios arbitrarios. Ha puesto su empeño en exponer sus opiniones en público sin abogar nunca por la violencia.

Él y su familia han sido sometidos a un aluvión de medidas judiciales y cuasi judiciales, pero la fuerza de sus argumentos, basados en un discurso religioso y académico, le han granjeado el respeto de los clérigos, y algunos de sus libros y artículos se han publicado en Irán.

En la conferencia de prensa celebrada el lunes en el Palacio Eynard de Ginebra, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos entregó el premio a un representante de Emadeddin Baghi. La cantante de ópera Barbara Hendricks actuó en honor del galardonado. Asimismo se proyectaron imágenes exclusivas de un director de cine que se había reunido con Emadeddin Baghi a principios de año en Irán.

El Premio Martin Ennals, convocado por 10 de las organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo, es el premio del movimiento de derechos humanos en su conjunto.

El jurado está compuesto por las siguientes ONG: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Human Rights First, Federación Internacional de los Derechos Humanos, Organización Mundial contra la Tortura, Comisión Internacional de Juristas, Diakonie Alemania, Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Front Line y el Sistema de Información y Documentación sobre Derechos Humanos (HURIDOCS).

Copatrocinadores del Premio Martin Ennals: Louise Arbour, Asma Jahangir, José Ramos-Horta, Theo van Boven, Adama Dieng, Leandro Despouy, Barbara Hendricks, Robert Fulghum y Werner Lottje.