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Tras ocho años en los que el gobierno de Estados Unidos incumplió normas internacionales de derechos humanos en varios ámbitos, la investidura del presidente Barack Obama en enero creó muchas expectativas de cambio. Sin embargo, por lo que respecta a las políticas de detención en la lucha antiterrorista, la conducta de la nueva administración ha tenido luces y sombras. Una vez lanzadas las primeras promesas e importantes medidas iniciales para poner remedio a las violaciones de derechos humanos, las acciones encaminadas a garantizar que las detenciones se ajustan a las obligaciones internacionales de Estados Unidos han sido limitadas, y sigue siendo notable la falta de rendición de cuentas y de reparación por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la buena disposición del nuevo gobierno estadounidense para interactuar con la comunidad internacional, por ejemplo a través de la ONU. Igualmente positiva es la voluntad que muestra ahora Estados Unidos de participar en el Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano de derechos humanos de la ONU, y de colaborar con otros países para mejorar su efectividad. La posición adoptada recientemente por el presidente Obama en favor de la población civil atrapada en el conflicto de Sri Lanka también ha sido bien recibida. En otros conflictos como el que enfrenta a palestinos e israelíes se sigue esperando a que la administración estadounidense interceda de forma positiva.

Los jefes de Estado y de gobierno que asistieron en abril a la Cumbre de las Américas, que se celebra cada cuatro años, no aprovecharon la oportunidad para reconocer oficialmente que los derechos humanos deben ser parte esencial de los esfuerzos dedicados a abordar los numerosos desafíos que afectan a la región. En un momento de dificultades económicas mundiales y ante el nuevo espíritu de compromiso que se respiraba entre los gobiernos estadounidense y de los demás países de América, la Cumbre ofrecía una oportunidad sin precedentes de forjar una visión sólida de derechos humanos para el continente. Por el contrario, los derechos humanos pasaron una vez más prácticamente desapercibidos.
La Cumbre también amortiguó las voces de sectores importantes, en particular la de los pueblos indígenas.

Pueblos indígenas

Los pueblos indígenas han seguido logrando avances modestos en sus objetivos de recuperar la propiedad de sus tierras ancestrales. En marzo, el presidente boliviano Evo Morales concedió títulos de propiedad sobre 36.000 hectáreas a las comunidades indígenas guaraníes del Alto Parapetí, donde unas 50 familias guaraníes trabajaban, según informes, en condiciones análogas a la esclavitud.

El Tribunal Supremo de Brasil dictó en marzo una sentencia definitiva en la que confirmaba la legalidad de la reserva indígena de Raposa Serra do Sol, en el estado de Roraima, y ordenaba que se expulsara de las tierras indígenas a los productores de arroz.

Sin embargo, las precarias condiciones en las que continúan viviendo muchos grupos indígenas alcanzaron un punto álgido en enero en Paraguay, donde seis miembros de la comunidad indígena sawhoyamaxa, entre ellos dos niños menores de dos años, murieron a causa de enfermedades prevenibles. Estas muertes son un recordatorio trágico de que el Estado paraguayo sigue incumpliendo dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según las cuales las autoridades paraguayas deben proporcionar a las comunidades indígenas sawhoyamaxa y yakye axa servicios médicos y otras medidas básicas para su supervivencia hasta que se les devuelvan sus tierras ancestrales.
En febrero, Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, dos defensores indígenas mexicanos de derechos humanos que hacían campaña por la protección de los derechos de su comunidad, fueron secuestrados, torturados y víctimas de homicidio en Ayutla, estado de Guerrero. En marzo, otros cuatro defensores indígenas de derechos humanos y presos de conciencia quedaron en libertad en Ayutla, pero su compañero Raúl Hernández continúa recluido en espera de juicio por un delito que no cometió. Amnistía Internacional cree que se ha puesto en el punto de mira a estos activistas en represalia por su trabajo de de defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

El Consejo de Derechos Humanos sometió a Canadá al mecanismo del examen periódico universal en febrero. En dicho examen se formularon numerosas recomendaciones destinadas a mejorar la trayectoria de Canadá en derechos humanos, y muchas de ellas resaltaban la persistencia de las desigualdades entre población indígena y no indígena en el país.

Inseguridad

Los efectos devastadores del prolongado conflicto de Colombia sobre la población civil volvieron a saltar a primera plana debido a datos publicados en abril, que calculaban que el número de personas desplazadas recientemente por el conflicto había superado las 380.000 sólo en 2008, un incremento de casi el 25 por ciento respecto a 2007. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas seguían siendo las más afectadas. En febrero se recibieron informes de que el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) había matado a 27 miembros del pueblo indígena awá en el departamento de Nariño.

En México, nuevos datos revelan que se ha multiplicado por seis el número de denuncias presentadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por abusos cometidos por militares entre 2006 y 2008, como tortura y otros malos tratos, detención arbitraria, registros domiciliarios ilegales, desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos. De estos casos sigue ocupándose el sistema de justicia militar.

En Estados Unidos han muerto más personas tras recibir descargas eléctricas de armas Taser: por ejemplo, un joven de 17 años, que iba desarmado, murió en Virginia en enero, y un muchacho de 15 años murió en Michigan en marzo.

Medidas antiterroristas

A los dos días de su investidura, el presidente Barack Obama firmó tres órdenes ejecutivas y un memorando en los que se ordenaba el cierre del centro de detención de Guantánamo en el plazo de un año; el fin del uso por la CIA de la detención secreta prolongada y las técnicas de interrogatorio “mejoradas”; la revisión de las políticas de detención, interrogatorio y transferencia de detenidos, y la revisión del caso de Ali al Marri, el único “combatiente enemigo” recluido en territorio continental estadounidense en ese momento. En el mismo mes de enero se suspendieron, a instancias del presidente, los juicios ante comisiones militares hasta que se revise este sistema.

En febrero, Ali al Marri fue acusado para ser juzgado ante un tribunal militar y en abril se declaró culpable.
Ese mismo mes, el nuevo gobierno estadounidense invocó el “privilegio de secretos de Estado” para pedir la desestimación de una demanda presentada por víctimas del programa de entregas de la CIA, al igual que había hecho antes la administración de George W. Bush. El 28 de abril, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos rechazó los argumentos del gobierno y remitió la causa a una corte federal de primera instancia.

En abril, un juez federal reconoció el derecho de tres personas recluidas en la base aérea estadounidense de Bagram, Afganistán, a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal de Estados Unidos. Posteriormente el gobierno se dispuso a presentar un recurso contra la decisión.

El nuevo gobierno desclasificó en abril cuatro memorandos del Departamento de Justicia elaborados entre 2002 y 2005, que autorizaban jurídicamente a la CIA a emplear técnicas de interrogatorio que violaban la prohibición internacional de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La Corte Federal de Canadá ordenó al gobierno que solicitara la repatriación desde Guantánamo del ciudadano canadiense Omar Khadr, que fue detenido por las fuerzas estadounidenses en Afganistán en 2002 cuando tenía 15 años y permanece recluido en Guantánamo desde hace más de seis años.

Violencia contra las mujeres

En 2009, el Congreso Nacional de Chile ha comenzado a debatir un proyecto de ley que, de ser aprobado, incorporará el delito de “femicidio” a su legislación y aumentará las penas por actos de violencia contra las mujeres.
En mayo estaba pendiente una decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua sobre la constitucionalidad de la prohibición absoluta del aborto. La prohibición total del aborto niega a las mujeres y niñas embarazadas el acceso a servicios médicos esenciales, incluso cuando la continuación del embarazo pone en peligro su vida o su salud, e impide a las víctimas de violación someterse a un aborto seguro.

Pena de muerte

En Estados Unidos, la pena de muerte sigue caracterizándose por la discriminación, especialmente en relación con la raza de la víctima de asesinato. La proporción de personas afroamericanas en espera de ejecución continúa siendo desproporcionada. Entre el 1 de enero y el 1 de mayo hubo 24 ejecuciones en ocho estados del país (Alabama, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Oklahoma, Tennessee, Texas y Virginia). Catorce de ellas –más de la mitad– se llevaron a cabo en Texas. En marzo, el gobernador Bill Richardson firmó una ley por la que se abolía la pena capital en Nuevo México.
La Corte Federal de Canadá ha ordenado al gobierno canadiense que restablezca su política de pedir en todos los casos el indulto de ciudadanos canadienses condenados a muerte en otros países. Esta política, que se aplicaba desde hacía tiempo, había sido revocada en 2007.

Exclusión

En marzo, el gobierno estatal de Río de Janeiro comenzó la construcción de un muro de 11 km que da la espalda a varias favelas en la acaudalada zona sur de la ciudad. El gobierno ha aducido que la medida era necesaria para frenar la expansión ilegal de las favelas y proteger el medio ambiente. Sin embargo, algunos residentes se han opuesto a la construcción del muro, pues consideran que amenaza con intensificar la marginación de las favelas.

Voces desoídas y silenciadas

En Colombia siguen cometiéndose homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, como el de Álvaro Miguel Rivera, activista de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero de Cali, en marzo, o el de Ana Isabel Gómez Pérez, líder de comunidades desplazadas en el departamento de Córdoba, en abril. Ambos activistas murieron a manos de individuos no identificados.

En marzo, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala publicó un informe titulado El derecho a saber, en el que presenta algunas conclusiones de un examen realizado a archivos históricos de la policía. Estos archivos, descubiertos en 2005, pertenecían a la extinta Policía Nacional, abarcan todo el periodo del conflicto armado interno, desde 1960 hasta 1996, y ya han servicio para iniciar un procesamiento por la desaparición forzada de un sindicalista en 1984. Al día siguiente de la publicación del informe, la esposa del Procurador de los Derechos Humanos fue secuestrada y torturada. Posteriormente fue puesta en libertad sin que se pidiera rescate alguno. Desde entonces, más de 10 defensores y defensoras de derechos humanos que trabajaban en casos relacionados con los archivos han sido objeto de amenazas y vigilancia reiteradas.

Impunidad

La sentencia condenatoria dictada en abril contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori ha sido un hito importantísimo en la lucha contra la impunidad en Perú.

La Sala Especial Penal de la Corte Suprema de Justicia de Perú condenó a Alberto Fujimori por su responsabilidad en los casos de Barrios Altos (en el que 15 hombres, mujeres, niños y niñas fueron ejecutados extrajudicialmente en 1991), La Cantuta (en el que miembros del Destacamento Colina, fuerza paramilitar del ejército peruano, secuestraron y mataron a nueve estudiantes y a un profesor universitario en 1992) y los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde se mantuvo recluidos a dos víctimas de secuestro. La sentencia, que fue adoptada unánimemente por los tres vocales supremos, concluye que el ex presidente Alberto Fujimori incurrió en responsabilidad penal individual en los tres casos porque ejercía el mando militar efectivo sobre quienes cometieron los delitos.

En marzo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ganó por primera vez las elecciones en El Salvador, por un escaso margen en la Asamblea Legislativa. El FMLN no resaltó en su campaña electoral la necesidad de justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, ni prometió derogar la Ley de Amnistía General, en vigor desde 1993, que concede inmunidad a personas acusadas de perpetrar violaciones graves de derechos humanos.
Ha habido continuos avances en la lucha contra la impunidad por violaciones pasadas de derechos humanos en casos emblemáticos de otros países de la región, como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.