Mongolia

En julio se desencadenaron disturbios en la capital, Ulán Bator, entre denuncias de fraude electoral generalizado; cinco personas murieron y centenares resultaron heridas. La policía detuvo a más de 700 personas y les negó el acceso a atención médica y a sus abogados y familiares. Se recibieron informes de palizas a personas que estaban bajo custodia policial. La aplicación de la pena de muerte continuaba manteniéndose en secreto.

Información general

El 29 de junio se celebraron elecciones parlamentarias. El Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia, que tenía la mayoría, y el minoritario Partido Democrático formaron coalición de gobierno.

"Las ejecuciones se llevaban a cabo en secreto, y no había estadísticas oficiales sobre las condenas de muerte ni las ejecuciones."

Represión de protestas violentas

El 1 de julio, tras las denuncias de fraude electoral, unos manifestantes incendiaron la sede del Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia en Ulán Bator y saquearon locales comerciales. El 2 de julio se declaró el estado de excepción durante cuatro días. Cientos de personas, entre las que había agentes de policía, resultaron heridas. Medios de comunicación locales informaron de que la policía había utilizado gas lacrimógeno, balas de goma y fuego real para reprimir los disturbios. Cinco personas murieron, cuatro de ellas por heridas de bala. Un total de 10 agentes de policía fueron detenidos en relación con los disparos. El director de la policía fue destituido. Los jefes de la policía de Ulán Bator, la Policía de Seguridad y la Policía de Vigilancia fueron transferidos a puestos en la Academia de Policía. Al finalizar el año, la Oficina del Fiscal General del Estado estaba llevando a cabo una investigación sobre los disparos.

• El 2 de julio, la policía de Ulán Bator disparó contra Enkhbayar Dorjsuren, de 24 años, y le alcanzó en el cuello. Al no presentarse en el trabajo al día siguiente, su familia comenzó a buscarlo y lo encontró en el depósito de cadáveres. Se le había practicado una autopsia sin ponerlo en conocimiento de sus familiares. No se facilitó información sobre la investigación del homicidio.

Malos tratos y detención y reclusión arbitrarias

En la madrugada del 2 de julio, la policía detuvo a más de 700 personas en las inmediaciones del lugar de las protestas. Un total de 259 personas, entre las que había 27 menores de edad, fueron acusadas de delitos como sembrar el caos, robo y hurto. En algunos casos, los menores fueron recluidos con adultos. Durante las primeras semanas de reclusión se denegó el acceso a asistencia letrada y atención médica. Según los informes recibidos, la policía golpeó a las personas detenidas, a veces para obtener confesiones. En algunos casos, los detenidos denunciaron haber sido golpeados por otros detenidos.

• El 3 de julio, la policía detuvo a Davaasuren Batzaya, de 23 años, por instigación de desórdenes públicos y saqueo. Fue trasladado al centro de detención de Chingeltei. A pesar de que era sordo, a Davaasuren Batzaya no se le permitió el acceso a un intérprete ni a asistencia letrada. Según su familia, fue golpeado por la policía y por otros detenidos. El 6 de julio fue trasladado al centro de detención de Gants Khudag, y el 10 de ese mes quedó en libertad bajo fianza.

• El 5 de julio, la policía detuvo a Jalbasuren Batzandan, presidente del Partido por el Movimiento Civil. El 7 de julio también fue detenido el vicepresidente, Otgonjargal Magnai. Según sus familiares, ambos habían pronunciado discursos durante las protestas en los que hablaron de las denuncias de fraude electoral e hicieron un llamamiento a que las protestas no fuesen violentas. Jalbasuren Batzandan y Otgonjargal Magnai quedaron en libertad bajo fianza el 19 y el 28 de agosto, respectivamente. Ambos fueron acusados de «bandidaje« y de «provocar disturbios generalizados»; Otgonjargal Magnai también fue acusado de agresión. El delito de «bandidaje» conllevaba una pena mínima de 20 a 25 años de cárcel o la pena de muerte.

Libertad de expresión

Las autoridades detuvieron o multaron a personas que criticaron la forma en que el gobierno había manejado los disturbios. Durante el estado de excepción sólo se permitió emitir al canal de televisión estatal.

Pena de muerte

Las ejecuciones se llevaban a cabo en secreto, y no había estadísticas oficiales sobre las condenas de muerte ni las ejecuciones. Según los informes, las condiciones de reclusión de las personas condenadas a muerte eran deficientes. Los presos solían permanecer 12 meses pendientes de ejecución, pero en algunos casos este periodo se prolongaba a más de 24 meses.

En diciembre, Mongolia votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Novedades jurídicas

Mongolia se adhirió al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo).