Dinamarca

El gobierno señaló que estudiaría la posibilidad de apoyarse en garantías diplomáticas para expulsar a personas a países donde pudieran sufrir violaciones de derechos humanos. El sistema de investigación de denuncias contra la policía no garantizó un recurso efectivo frente a los malos tratos. Debido a la legislación y las prácticas discriminatorias, las sobrevivientes de violación no recibían protección.

Tortura y otros malos tratos: expulsión con garantías

En abril, la ministra para Asuntos de Personas Migrantes y Refugiadas e Integración encomendó a un grupo de trabajo el estudio de las formas posibles de expulsar a ciudadanos extranjeros que se considerase que representaban una amenaza para la seguridad nacional. El grupo de trabajo debía considerar si Dinamarca tenía que solicitar y confiar en «garantías diplomáticas» para expulsar a personas a países donde corrieran peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como tortura u otros malos tratos.

El grupo de trabajo se creó en respuesta a los casos de K.S. y S.C., ambos de nacionalidad tunecina y residentes en Dinamarca, que fueron arrestados en febrero junto a un ciudadano danés. Los tres eran sospechosos de participar en una presunta conspiración para matar a uno de los dibujantes responsables de las controvertidas viñetas del profeta Mahoma publicadas por un diario danés en septiembre de 2005. El ciudadano danés fue puesto en libertad poco después de su detención. Se anularon los permisos de residencia de los dos ciudadanos tunecinos y se cursó una orden de expulsión contra ellos basada en que se los consideraba una amenaza para la seguridad nacional. Ambos fueron recluidos en espera de la ejecución de la orden de expulsión. En agosto, según informes, K.S. se marchó de Dinamarca voluntariamente con rumbo desconocido.

En octubre, la Junta Danesa de Apelaciones para los Refugiados concluyó que S.C. se enfrentaba a un peligro cierto de tortura u otros malos tratos si era expulsado a Túnez, y resolvió que la expulsión no podía seguir adelante. Como consecuencia, S.C. fue puesto en libertad. El gobierno señaló que seguiría trabajando para expulsarlo, lo que incluía pedir garantías a las autoridades tunecinas sobre el trato que recibiría a su regreso y apoyarse en ellas para la expulsión, si así lo recomendaba el grupo de trabajo.

Policía y fuerzas de seguridad

El sistema de resolución de denuncias contra la policía no garantizaba un recurso efectivo frente a los malos tratos. Muy pocas denuncias –entre 5 y 8 de cada 1.000– eran mantenidas después por los fiscales regionales, y el número de denuncias que desembocaba en la formulación de cargos contra miembros de la policía era aún menor.

En 2006, la ministra de Justicia había encargado a un comité que examinara el sistema actual de denuncias y propusiera posibles cambios. A finales de 2008 el comité no había publicado su informe.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En noviembre se promulgó nueva legislación que imponía más restricciones al permiso de «residencia tolerada» que se concedía a los ciudadanos extranjeros contra quienes se había dictado una orden de expulsión pero no era posible ejecutarla. Eso incluía a personas cuyo retorno al país de origen, según la Junta Danesa de Apelaciones para los Refugiados, no era seguro. En noviembre había, al parecer, 18 personas en situación de «residencia tolerada», entre ellas el ciudadano tunecino citado como S.C. La nueva legislación exigía que estas personas residieran en los centros designados para albergar a solicitantes de asilo y que se presentaran diariamente a la policía en todos los casos, salvo circunstancias excepcionales. La legislación aumentaba a un año el periodo máximo de cárcel que se podía imponer en caso de incumplimiento de estas exigencias.

Al menos 11 ciudadanos iraquíes fueron objeto de devolución a Irak a pesar de las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Algunos solicitantes de asilo que habían sufrido tortura u otros malos tratos no recibieron tratamiento médico adecuado en Dinamarca.

Violencia contra mujeres y niñas

Hubo falta de protección jurídica y de resarcimiento para las mujeres sobrevivientes de violación. Sólo una de cada cinco violaciones denunciadas a la policía dio lugar a una declaración de culpabilidad. El 60 por ciento de los casos en que se formularon acusaciones no llegó a juicio por falta de pruebas.

La legislación establecía una posible reducción de la pena por violación si la víctima y el autor contraían matrimonio o establecían una unión civil. Las relaciones sexuales sin consentimiento mutuo en que la víctima se encontraba en una situación vulnerable, por ejemplo a causa de una enfermedad o intoxicación, no se consideraban violación a menos que se pudiera demostrar que el agresor era el responsable directo del estado de la víctima.

Informe de Amnistía Internacional

Police accountability mechanisms in Denmark (en inglés, 1 abril 2008)