Actualización Regional

Oriente medio y norte de África

En los cuatro primeros meses de 2009 apenas han cambiado las condiciones generales imperantes el año anterior en el ámbito de los derechos humanos.

Inseguridad

El año comenzó con crisis, al bombardear aviones y artillería israelíes Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo, y continuar Hamás y otros grupos armados palestinos lanzando cohetes indiscriminadamente contra el sur de Israel. El 18 de enero, cuando ambos bandos declararon unilateralmente el alto el fuego, habían muerto unos 1.400 palestinos, entre ellos alrededor de 300 niños y niñas, y habían resultado heridos millares más. En el mismo periodo murieron seis soldados y tres civiles israelíes y resultaron heridos decenas de israelíes más. A mismo tiempo, las fuerzas israelíes arrasaron barriadas prácticamente enteras de Gaza, dejando a millares de personas sin hogar. En este breve, intenso y letal conflicto se puso de manifiesto que las partes contendientes no respetaban a la población civil ni tenían en cuenta su protección. Además, los autores de las graves violaciones de las leyes de la guerra que se cometieron han eludido hasta ahora rendir cuentas por sus actos, creando así las condiciones para futuros abusos.

Los equipos de investigación de Amnistía Internacional que visitaron Gaza y el sur de Israel durante el conflicto e inmediatamente después de él encontraron convincentes indicios de crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y de abusos contra los derechos humanos, incluidos ataques directos contra civiles. Sin embargo, al final de abril, tres meses después del alto el fuego, ni el bando israelí ni el palestino habían tomado medidas adecuadas para investigar tales crímenes. El Consejo de Seguridad de la ONU no se ha mostrado dispuesto a llevar a cabo una investigación internacional exhaustiva ni a pedir a Israel que coopere en la iniciada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Mientras tanto, Israel ha rechazado las conclusiones de una investigación ordenada por el secretario general de la ONU sobre los ataques a instalaciones y personal de ésta (conclusiones según las cuales las fuerzas israelíes fueron responsables de siete de nueve ataques contra la ONU, y los grupos armados palestinos, de al menos uno). Como cabía esperar, dada su falta de independencia o de consulta con víctimas palestinas, las investigaciones del ejército israelí sobre la actuación de sus fuerzas las ha exonerado prácticamente de todo acto indebido. Mientras que los soldados israelíes que cometieron violaciones graves del derecho internacional disfrutan de impunidad, a los adolescentes israelíes que se negaron a prestar servicio en el ejército por razones de conciencia se les ha encarcelado.

Entre las principales víctimas del continuo conflicto del Irak han seguido figurando civiles, a pesar de haberse reducido el nivel general de ataques y homicidios desde principios de 2008. A finales de abril murieron más de 200 personas en atentados suicidas cometidos en Bagdad y en la provincia de Diyala, y ese mes la cifra oficial de víctimas mortales fue de 350, 290 de ellas civiles.

Se han conocido nuevos informes sobre tortura cometida en años anteriores. En Bahréin se ha sabido que agentes de seguridad torturaron durante su reclusión en régimen de incomunicación a un grupo de jóvenes detenidos a finales de 2008. Tras salir de Guantánamo en libertad, Binyam Mohamed, residente en el Reino Unido, ha podido por primera vez hablar libremente de su entrega extraordinaria a Marruecos en 2002 y contar con detalle la tortura y los abusos a que asegura que fue sometido allí durante su interrogatorio en una prisión secreta. En abril se difundió un vídeo que mostraba a un miembro de la familia gobernante de Abu Dabi agrediendo a un hombre con peligro para la vida de éste, con ayuda de un agente de policía uniformado. Los datos existentes indican que las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos fueron cómplices en la agresión, que, al parecer, data de 2004 y forma parte de una serie de actos similares. Ese mismo mes, Amnistía Internacional instó al ministro egipcio del Interior a que no permitiera la readmisión en la policía de dos agentes excarcelados tras cumplir condena por violar a un preso que estaba bajo su custodia, filmar la violación y distribuir las imágenes para aumentar aún más la degradación de la víctima.

Impunidad

La impunidad parece haberse consolidado aún más en Argelia con la reelección del presidente Abdelaziz Bouteflika por tercera vez en abril, tras haberse modificado la Constitución para hacerlo posible. En su mandato anterior fue el artífice de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional de Argelia, que impide de manera efectiva el procesamiento de quienes orquestaron y cometieron delitos durante el conflicto argelino de la década de 1990, en el que murieron o desaparecieron millares de personas, y criminaliza, en cambio, a quienes insisten en denunciar a las fuerzas de seguridad y pedir verdad y justicia. En Marruecos y el Sáhara Occidental, las familias de las personas que sufrieron desaparición forzada durante el reinado de Hasán II, muerto en 1999, siguen esperando recibir una lista detallada de los casos de desaparición forzada investigados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, organismo establecido por el rey Mohamed VI que completó su labor al final de 2005.

Líbano también tiene un legado de abusos graves contra los derechos humanos, que se remonta al periodo de guerra civil comprendido entre 1975 y 1990. Continúan desaparecidas millares de personas, entre ellas muchas que estaban bajo custodia de la fuerzas sirias, pero hasta ahora ni el gobierno libanés ni el sirio se han mostrado dispuestos a aclarar su suerte. Permanecen también desparecidos millares de sirios. Las investigaciones que se han realizado no han sido independientes ni han tenido conclusiones públicas significativas. Contra este fondo, el establecimiento del Tribunal Especial para el Líbano a comienzos de marzo podría resultar particularmente significativo en lo que respecta a abordar la impunidad. Creado con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, el Tribunal tiene competencia para juzgar a los acusados de matar al ex primer ministro libanés Rafic Hariri en febrero de 2005 y perpetrar otros actos relacionados con este homicidio. Por problemas de seguridad y dadas las reconocidas deficiencias del sistema judicial libanés, tiene su sede en las inmediaciones de La Haya, Países Bajos.

Voces desoídas y silenciadas

En febrero, Irán celebró el 30º aniversario de la revolución islámica que derrocó al último sha. La persistencia de la controversia sobre el programa nuclear del gobierno iraní ha aumentado la sensación de inseguridad en la región en general, particularmente en el Golfo Pérsico, mientras que en los primeros meses de 2009 no se ha reducido la represión dentro del país. En el periodo previo a las elecciones presidenciales, las autoridades continúan hostigando a quienes participan en actividades de defensa de los derechos de las mujeres, a los miembros de las minorías étnicas y religiosas y a otras personas que se atreven a hablar públicamente en contra del gobierno o a favor de los derechos humanos.

En Egipto, Irán y Siria, las autoridades han llevado a cabo nuevas detenciones de personas críticas con el gobierno y de participantes en manifestaciones pacíficas, entre ellas periodistas y autores de blogs, activistas de los derechos de las minorías y defensores y defensoras de los derechos humanos. En Egipto se ha detenido, por ejemplo, a partidarios del movimiento Kefaya y de la Hermandad Musulmana y a personas que intentaban manifestarse en solidaridad con la población palestina víctima de los ataques israelíes en Gaza. Entre las personas detenidas en Irán figuran miembros de la fe bahaí y personas convertidas al cristianismo, así como una periodista de doble nacionalidad estadounidense e iraní, Roxana Saberi, que fue condenada a ocho años de prisión en una parodia de juicio y puesta luego en libertad. En Bahréin, entre decenas de presos políticos que han sido excarcelados en abril en virtud de una amnistía real figuran tres destacados miembros de la comunidad chií (en marzo Amnistía Internacional asistió en calidad de observadora a una sesión de su juicio).

Violencia contra mujeres y niñas

En toda la región, las mujeres y las niñas han seguido siendo objeto de discriminación en la legislación y en otras esferas. Muchas han sufrido violencia en el ámbito familiar y a manos de hombres que desaprueban su conducta, aparentemente por razones religiosas o culturales. No obstante, ha habido algunos signos más de cambio, lento pero inexorable, hacia una mayor libertad para las mujeres y mayor respeto de sus derecho humanos. En Arabia Saudí, el rey ha incluido por primera vez a una mujer en el gobierno, Noora bint Abdullah bin Musaed al-Fayez, que ha asumido el cargo de viceministra de Educación para asuntos relativos a la niñas. En la región iraquí de Kurdistán, el gobierno regional ha hecho nuevos avances en su esfuerzo por erradicar los homicidios en nombre del “honor”, con iniciativas como ordenar difundir ampliamente las fotografías de los presuntos homicidas para facilitar su detención.

Pena de muerte

Las autoridades han mantenido la poco edificante reputación de Irán como Estado que figura entre los que más ejecuciones llevan a cabo en el mundo. Es prácticamente el único que continúa ejecutando a personas declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran menores de 18 años y realizando ejecuciones por lapidación. Al concluir abril Amnistía Internacional había registrado al menos 139 ejecuciones en Irán desde principios de 2009. Esta cifra sigue en aumento. Entre las víctimas ha habido al menos dos personas que eran menores en el momento del presunto delito, entre ellas Delara Darabi, a quien las autoridades ahorcaron en prisión el 1 de mayo pese a haberse dictado una orden judicial de suspensión de la ejecución.
Irak, Arabia Saudí y Yemen también han seguido haciendo amplio uso de la pena de muerte. En Irak, Amnistía Internacional supo en marzo que unas 128 personas corrían riesgo inminente de ejecución en Bagdad, a pesar de que el presidente del país, Yalal Talabani, se opone personalmente a la pena capital y se niega a dictar órdenes de ejecución (lo hace un vicepresidente en su lugar). Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a no llevar a cabo las ejecuciones; sin embargo, a principios de mayo han tenido lugar 12. El gobierno iraquí afirma que necesita utilizar la pena de muerte para disuadir de perpetrar ataques armados, pero muchos de estos ataques los cometen quienes menos probabilidades tienen de dejarse disuadir: autores de atentados suicidas con explosivos. Muchas de las personas condenadas a muerte han sido sometidas a un juicio injusto y, en algunos casos, declaradas culpables sobre la base de confesiones obtenidas mediante tortura en prisión preventiva.

En Arabia Saudí, Amnistía Internacional había registrado al menos 28 ejecuciones al final de abril. Como en años anteriores, entre las personas decapitadas ha habido ciudadanos de países pobres y en desarrollo, que es muy poco probable que fueran sometidos a juicio justo. Dado el secretismo del sistema de justicia, estas personas tienen inexorablemente todo en su contra. Ha habido también signos de avances de las autoridades saudíes en la creación de un tribunal especial para juzgar a personas sospechosas de terrorismo, que, según informes, se cuentan por millares y están recluidas en su mayor parte en secreto. En marzo, el ministro del Interior anunció que habían empezado los juicios, pero las autoridades no revelaron prácticamente ninguna información sobre ellos, ni siquiera si se permitía a los acusados contar con un abogado de su elección, ni dieron a conocer la identidad de las personas juzgadas. En Yemen, Amnistía Internacional había registrado al menos siete ejecuciones al final de abril, entre ellas la de ’Aisha Ghalib, mujer con siete hijos, declarada culpable de asesinato en 2003.