Declaración Universal de Derechos Humanos: 60 años después
En los 60 años transcurridos desde la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, África ha experimentado cambios de enorme envergadura. A la vez que se desarrollaba el proceso de descolonización y el apartheiden Sudáfrica llegaba a su fin (fase que empezó también en 1948), se iban creando instituciones en los diferentes países y aumentaba el respeto por el Estado de derecho. Muchos países del África subsahariana tenían ya sociedades civiles y diversos medios de información independientes. No obstante, a pesar de este considerable progreso, los derechos humanos prometidos en la Declaración Universal están muy lejos de convertirse en realidad para toda la población africana.
Se han resuelto varios conflictos armados de larga duración, como los de Angola, el sur de Sudán, Sierra Leona y Liberia. Sin embargo, perduran sus efectos en relación con los derechos humanos, que afectan tanto al desarrollo económico y social como a la esfera de la política. La lucha violenta por el poder, incluso en Estados en los que no había conflictos armados, sigue siendo un componente importante de la vida política de África, a pesar de que muchos países han avanzado en el camino hacia la democratización.
En África se ha demostrado con frecuencia la dificultad de llegar a soluciones duraderas, a pesar de la contribución de la Organización de la Unidad Africana y, más tarde, de la Unión Africana a la prevención y resolución de conflictos. También se ha observado una lamentable falta de voluntad política para abordar las violaciones de derechos humanos que generalmente subyacen a las hostilidades y tensiones políticas. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana no ha cumplido su mandato de abordar la dimensión de derechos humanos de los conflictos armados de África.
A lo largo de decenios, el marco de derechos humanos de África se ha desarrollado por medio de diversos tratados de derechos humanos e instituciones de carácter regional. En 1986 entró en vigor la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y en 2007 se celebró el vigésimo aniversario de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. No obstante, si bien las instituciones africanas de derechos humanos han experimentado un desarrollo notable, uno de cuyos hitos ha sido la entrada en funcionamiento de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Comisión Africana se ha enfrentado a constantes obstáculos económicos y políticos. La falta del apoyo necesario de la Unión Africana obligó a la Comisión Africana a recurrir a fuentes externas para cubrir la mayoría de sus necesidades de personal. Además, muchos de los Estados miembros mostraron poco interés por albergar sus reuniones.
Durante los últimos años, muchos Estados africanos se han mostrado reticentes a colaborar de forma constructiva con instituciones internacionales de derechos humanos, como el recientemente creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por el contrario, se alinearon con un reducido número de Estados decididos a socavar la labor de estas instituciones. Sin embargo, también hubo excepciones notables, y algunos Estados africanos adoptaron en la ONU una actitud positiva, y en ocasiones valiente, defendiendo a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos.
El marco de derechos humanos de África se ha desarrollado por medio de diversos tratados de derechos humanos e instituciones de carácter regional, pero los derechos humanos prometidos en la Declaración Universal distan mucho de convertirse en realidad para toda la población africana.
2007 a examen
En 2007 siguieron violándose los derechos de muchas personas en África, y los derechos económicos y sociales eran un mero sueño para millones de personas. Los conflictos armados internos que continuaban asolando algunos Estados iban acompañados de abusos graves contra los derechos humanos, como homicidios ilegítimos y tortura, incluida la violación sexual. En algunos países se reprimió toda forma de disidencia, y en muchos se restringía la libertad de expresión y se intimidaba y hostigaba a quienes defendían los derechos humanos. Las mujeres eran víctimas de discriminación generalizada y abusos sistemáticos contra los derechos humanos. En todo el continente, las personas responsables de violaciones de derechos humanos eludieron la rendición de cuentas.
Derechos económicos, sociales y culturales
Pese al mayor crecimiento económico de muchos Estados de África durante los últimos años, millones de personas seguían viviendo sin acceso a lo mínimo necesario para llevar una vida digna, como una vivienda adecuada, educación o atención de la salud. La inestabilidad política, los conflictos armados, la corrupción, el subdesarrollo y la escasez de inversiones en servicios sociales básicos impedían que los derechos económicos, sociales y culturales se convirtieran en realidad para todos los hombres, mujeres, niñas y niños del continente.
El África austral siguió registrando los índices de VIH/sida más altos del mundo. En Sudáfrica, la pobreza era una barrera para el acceso a tratamientos y cuidados en las zonas rurales, en especial para las mujeres, y Amnistía Internacional documentó cómo el derecho a la salud de las mujeres se veía socavado por las dificultades físicas para acceder a servicios de salud, los costes del transporte, la escasez de profesionales de la salud, la falta de acceso diario a una alimentación adecuada y las desigualdades de género.
En varios países se desalojó a familias de sus hogares por la fuerza para dar cabida a proyectos de desarrollo o urbanización. A menudo, los gobiernos no indemnizaban ni proporcionaban alojamiento alternativo a las personas desalojadas por la fuerza, lo que constituía una violación del derecho al alojamiento y a una vivienda adecuada de cientos de miles de personas.
Desde julio, la empresa constructora Jardimdo Éden desalojó forzosamente a centenares de familias y demolió sus viviendas en el barrio de Iraque, en Luanda, Angola. Los desalojos se llevaron a cabo para construir un complejo de viviendas de lujo.No se proporcionaron ni vivienda alternativa ni indemnización. En noviembre, dos reporteros que informaban sobre los desalojos, António Cascais, periodista independiente que trabajaba para la emisora de radio alemana Deutsche Welle, y AlexandreNeto, de la radio angoleña Despertar, fueron agredidos pormiembros de una empresa de seguridad privada y la policíamilitar los tuvo detenidos durantemás de tres horas.
Conflictos armados
Los persistentes conflictos armados tuvieron consecuencias devastadoras para las poblaciones civiles, y dieron lugar a violaciones graves de derechos humanos, entre ellas homicidios ilegítimos, violencia sexual y reclutamiento de niños y niñas soldados. Continuaron a gran escala los desplazamientos forzados y las muertes por hambrunas y enfermedades relacionadas con conflictos.
Los conflictos de Somalia y el este de República Democrática del Congo se intensificaron durante 2007. En enero, la Unión Africana autorizó el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz en Somalia (AMISOM) que, no obstante, no tenía el mandato explícito de proteger a la población civil. Al concluir el año constaba de menos de un quinto de los 8.000 efectivos previstos.
Darfur (Sudán), el este de Chad y el norte de República Centroafricana continuaron padeciendo conflictos e inseguridad generalizados. En Darfur, los grupos armados implicados en el conflicto se fragmentaron y multiplicaron, lo que complicó aún más las perspectivas de alcanzar una solución política. En julio, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el establecimiento de una fuerza híbrida de 26.000 efectivos de la ONU y la Unión Africana para Darfur. Sin embargo, su despliegue sufrió retrasos, ya que el gobierno de Sudán impuso obstáculos y los Estados miembros de la ONU no facilitaron el material militar necesario para el despliegue de una fuerza efectiva. En septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó una presencia multidimensional en Chad y en República Centroafricana, junto con una operación militar europea. Sin embargo, al concluir el año seguían sin desplegarse estas fuerzas.
En el norte de Níger se produjeron combates, acompañados de violaciones de derechos humanos, entre las fuerzas del gobierno y un grupo armado de oposición dirigido por tuaregs.
Se dieron algunos pasos en la resolución de conflictos: en marzo se firmó un acuerdo de paz en Costa de Marfil, y prosiguieron las negociaciones para poner fin al conflicto del norte de Uganda.
La proliferación de armas pequeñas siguió siendo un problema de primer orden. Con frecuencia no se respetaron ni se supervisaron de forma adecuada los embargos de armas impuestos por el Consejo de Seguridad de la ONU.
La Unión Africana autorizó el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz en Somalia, que, no obstante, no tenía el mandato explícito de proteger a la población civil.
Impunidad
En contadas ocasiones se hizo rendir cuentas a la policía y a otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por violaciones graves de derechos humanos, como aprehensiones y detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura. Dicha impunidad imperaba en muchos países, como Angola, Burundi, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Zimbabue. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hacían a menudo uso excesivo de la fuerza en países como Benín, Guinea, Kenia, Mauritania, Níger, Sudán y Zimbabue. Con frecuencia no se investigaron incidentes de uso excesivo de la fuerza, ni siquiera cuando se saldaron con la muerte de personas.
En Burundi se plantearon, y en Costa de Marfil se adoptaron, leyes o disposiciones de amnistía para los delitos cometidos durante sus respectivos conflictos armados internos, aunque los dirigentes gubernamentales dieron garantías de que no se aplicarían a los responsables de delitos de derecho internacional. No obstante, no se avanzó en ninguno de estos dos países ni en la investigación ni en el enjuiciamiento de los responsables de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante los respectivos conflictos. De igual modo, en Liberia, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación progresó poco.
En algunos casos, los mecanismos internacionales de justicia contribuyeron a garantizar la rendición de cuentas por delitos de derecho internacional.
En abril, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra dos hombres implicados en el conflicto de Darfur: Ali Kushayb, líder de la milicia yanyawid, y Ahmad Muhammad Harun, ministro de Estado para Asuntos Humanitarios de Sudán, ambos acusadosde crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el gobierno sudanés se negó a entregarlos a la Corte.
En mayo, la fiscalía de la Corte anunció la apertura de una investigación en República Centroafricana. Asimismo, en julio dictó una orden de detención contra Germain Katanga en relación con crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos en el distrito de Ituri de República Democrática del Congo en 2003. El gobierno de este país lo entregó a la Corte. Por el contrario, siguieron en libertad los líderes del Ejército de Resistencia del Señor, como Joseph Kony, contra quien la Corte había dictado acta de acusación formal en relación con la situación de Uganda.
Continuaron los juicios ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, a la vez que éste inició su estrategia de conclusión, para lo que propuso transferir casos a jurisdicciones nacionales, incluida la ruandesa.
En julio, el Tribunal Especial para Sierra Leona declaró culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a tres miembros del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. También se condenó por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a dos miembros de la Fuerza de Defensa Civil. Se aplazó el juicio contra Charles Taylor, ex presidente de Liberia, que previsiblemente se reanudaría en 2008.
Se avanzó poco en el caso de Hissène Habré, ex presidente de Chad, cuyo enjuiciamiento había solicitado la Unión Africana a Senegal en 2006, en virtud de la jurisdicción universal, por delitos de derecho internacional.
En algunos casos, los mecanismos internacionales de justicia contribuyeron a garantizar la rendición de cuentas por delitos de derecho internacional.
Pena de muerte
En 2007 hubo algunos avances en relación con la pena de muerte, y se confirmó la tendencia de los Estados africanos a abolirla en la práctica o por ley. Aunque siguió aplicándose la pena capital en diversos países, el número de personas ejecutadas no fue elevado.
Ruanda abolió la pena de muerte en julio, y en septiembre el gobierno de Gabón anunció su abolición, que quedaba pendiente de la aprobación del Parlamento. En octubre, el gobierno de Malí presentó ante el Parlamento un proyecto de ley abolicionista. En varios países se conmutaron condenas de muerte por penas de cadena perpetua, como en Ghana, República del Congo y Zambia.
En la votación que se celebró en diciembre en la Asamblea General de la ONU sobre la suspensión de la pena de muerte, 17 Estados africanos votaron a favor de la suspensión y 20 se abstuvieron.
No obstante, se llevaron a cabo ejecuciones en Etiopía, Guinea Ecuatorial, Somalia y Sudán, y en Uganda los tribunales militares ordenaron ejecutar a soldados. Según las investigaciones de Amnistía Internacional en 2007, en Nigeria se había ejecutado al menos a siete personas durante el año anterior, a pesar de que los representantes del gobierno declararon oficialmente que la pena capital no se había aplicado en Nigeria durante los últimos años.
El 20 de septiembre, el cabo Geoffrey Apamuko, soldado de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, fue condenado a muerte por ahorcamiento por un delito de asesinato. Los tribunales militares continuaron imponiendo penas de muerte y ordenando ejecuciones de soldados de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda. No se sabía con exactitud el número de soldados que habían sido ejecutados en virtud de la legislación militar.
Violencia contra las mujeres y las niñas
En general seguía sin abordarse la violencia contra las mujeres, aunque algunos países fortalecieron su marco jurídico. Ghana y Sierra Leona aprobaron proyectos de ley sobre violencia intrafamiliar, pero en Sierra Leona sólo fue posible aprobar un proyecto de ley sobre los derechos del menor cuando se retiraron las disposiciones que penalizaban la mutilación genital femenina.
En Kenia, donde se había aprobado en 2006 la Ley sobre Delitos de Naturaleza Sexual; en Liberia, donde se aprobó una nueva ley sobre violación ese mismo año, y en Sudáfrica, donde se promulgó en diciembre la Ley de Enmienda de la Legislación Penal (Delitos de Naturaleza Sexual), las mujeres y las niñas continuaban sufriendo violencia generalizada, incluidas violaciones. En Nigeria, la Asamblea Nacional rechazó un proyecto de ley para aplicar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a pesar de que hacía 22 años que el país la había ratificado. Tampoco consiguió aprobarse un proyecto de ley federal sobre violencia en el ámbito familiar, si bien algunos estados de Nigeria, como el de Lagos, aprobaron leyes similares.
La violencia sexual siguió siendo generalizada en diversos conflictos, con secuelas de por vida para las mujeres y las niñas, muchas de las cuales no tenían acceso a cuidados médicos o psicológicos adecuados, ni a mecanismos de justicia. En escasas ocasiones rindieron cuentas los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres, como la violación. Se documentó ampliamente la falta de reparaciones para las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual durante los conflictos armados de Burundi, Costa de Marfil, Sierra Leona y Uganda, o en los periodos posteriores. A menudo, la sociedad estigmatizaba y marginaba aún más a estas mujeres.
En julio se acusó a los soldados de mantenimiento de la paz de la ONU en Costa de Marfil de abusos sexuales generalizados contra mujeres y niñas. Tanto la ONU como Marruecos investigaron dichas denuncias, ya que había tropas de ese país implicadas en los hechos, pero al concluir 2007 aún no se habían publicado los resultados de estas investigaciones.
En el este de Chad, las mujeres y las niñas desplazadas a causa del conflicto corrían peligro de ser violadas o sometidas a otras formas de violencia sexual cuando salían de los campos de desplazados. La situación era similar en Darfur, donde las mujeres y las niñas se arriesgaban a sufrir violencia sexual cuando salían de los campos para recoger leña o agua, o para ir al mercado. A menudo, la violencia sexual no se denunciaba, por el temor de las mujeres a las consecuencias.
En República Democrática del Congo seguían siendo habituales las violaciones y otras formas de violencia sexual, sobre todo en el este del país. Entre los autores había soldados y policías, así como integrantes de diversos grupos armados. Algunos de estos grupos secuestraban a mujeres y niñas y las sometían a esclavitud sexual. También se recibieron numerosos informes de violaciones en el conflicto de Somalia, cometidas por las tropas etíopes, las fuerzas del Gobierno Federal de Transición y hombres armados.
En Malawi se empleaba para trabajar en la agricultura a niños y niñas, algunos de tan sólo 10 años. Mauritania aprobó una ley para tipificar como delito la esclavitud, 26 años después de su abolición oficial, ya que había indicios de que seguía practicándose.
A primera hora de la mañana del 30 de abril, varios hombres armados atraparon y violaron a una adolescente de 14 años que vivía en el campo de desplazados internos de Aradip, región de Dar Sila, cuando salió a recoger leña.
Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes
Cientos de miles de personas en África atravesaron fronteras en busca de protección o de un nivel de vida adecuado, poniendo a menudo en peligro sus vidas.
Miles de personas trataron de huir a Kenia para escapar del conflicto armado de Somalia, pero las autoridades kenianas cerraron la frontera en enero, lo que violaba el derecho internacional de los refugiados. Además, Kenia devolvió a Somalia a cientos de solicitantes de asilo. A consecuencia del conflicto armado y de la violencia en Darfur y en República Centroafricana, decenas de miles de personas huyeron a países vecinos, en particular a Chad. Muchas de ellas no recibieron ayuda humanitaria adecuada.
En 2007, Tanzania continuó devolviendo a personas refugiadas de Burundi, República Democrática del Congo y Ruanda, a quienes calificaba de inmigrantes ilegales, pese a que muchas tenían la condición de refugiados o la habían solicitado. Las autoridades ugandesas afirmaron que el retorno de 3.000 refugiados y solicitantes de asilo ruandeses era voluntario, pero muchos denunciaron que se los había devuelto por la fuerza a Ruanda. Asimismo, Sudán y Reino Unido devolvieron a Eritrea a personas refugiadas y solicitantes de asilo, lo que contravenía las directrices del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
Las autoridades angoleñas expulsaron violentamente del norte de Angola a miles de migrantes de República Democrática del Congo, que tuvieron que regresar a su país. Según informes, durante la expulsión los soldados angoleños violaron a numerosas mujeres.
«Guerra contra el terror»
El impacto de la «guerra contra el terror», liderada por Estados Unidos, era cada vez más visible en el Cuerno de África y en otras partes del continente. En enero, las autoridades kenianas detuvieron al menos a 140 personas que habían huido a Kenia desde Somalia. Más de 80 de ellas, detenidas en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio, por presuntos vínculos con el Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia, o en algunos casos con Al Qaeda, fueron trasladadas ilegalmente a Somalia y, a continuación, a Etiopía. Al concluir 2007, más de 40 seguían en régimen de incomunicación y detención secreta en Etiopía.
En Mauritania detuvieron a varias personas, entre ellas ciudadanos extranjeros, por su presunta participación en una célula relacionada con Al Qaeda. En junio y julio, 14 hombres fueron juzgados en Mauritania, acusados de pertenencia al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate de Argelia.
El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo se mostró preocupado, tras su visita a Sudáfrica, por la detención administrativa de inmigrantes, durante periodos de 30 o más días, sin que fuera obligatoria la revisión judicial de los casos, y por la conculcación del principio de no devolución (non-refoulement) por parte de las autoridades en presuntos casos de «terrorismo» y en otros casos de inmigración.
El impacto de la «guerra contra el terror», liderada por Estados Unidos, era cada vez más visible en el Cuerno de África y en otras partes del continente.
Defensores y defensoras de los derechos humanos y represión de la disidencia
En muchos países africanos continuaba siendo peligroso manifestar opiniones críticas o independientes. Los Estados reprimían a los grupos políticos de oposición, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los periodistas independientes y la sociedad civil en general.
En muchos países, entre ellos Angola, Eritrea, Gambia y Ruanda, seguía restringiéndose el espacio de quienes defendían los derechos humanos. En algunos países, los defensores y defensoras de los derechos humanos ponían en peligro su integridad personal, y en muchos eran objeto de intimidación y acoso, y se los detenía y vigilaba.
En Zimbabue se detuvo a numerosas activistas de derechos humanos durante protestas pacíficas. Muchas sufrieron malos tratos a manos de la policía durante su detención. En República Democrática del Congo, un funcionario de seguridad violó a una defensora de los derechos humanos durante una visita de trabajo a un centro de detención. Las hijas de otra sufrieron también agresiones sexuales violentas de soldados.
En Sudán, las fuerzas nacionales de información y seguridad detuvieron y, según informes, torturaron a defensores de los derechos humanos. En Etiopía se condenó en diciembre a dos años y ocho meses de prisión a dos destacados defensores de los derechos humanos en un juicio injusto. En Somalia fue asesinado un destacado defensor de los derechos humanos, mientras que en República Democrática del Congo quienes defendían los derechos humanos seguían exponiéndose a ataques y amenazas de muerte, procedentes sobre todo de agentes del gobierno.
Se restringía en particular el activismo de gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero. En Camerún, Nigeria, Sudáfrica y Uganda, varios grupos de la sociedad atacaron a activistas de dicho colectivo en respuesta a sus esfuerzos por defender y promover sus derechos humanos.
Se recluía a personas por motivos políticos y de conciencia en varios países, como Eritrea, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Níger, República del Congo y la autoproclamada República de Somalilandia.
El trabajo de los medios de comunicación independientes se enfrentaba a graves obstáculos en numerosos países, y se violaba la libertad de expresión, aprobando leyes que restringían las actividades de los medios de comunicación y deteniendo a periodistas. En Somalia y República Democrática del Congo, varios periodistas murieron violentamente a causa de su trabajo.
A principios de 2007, las fuerzas de seguridad de Guinea reprimieron violentamente manifestaciones organizadas por sindicatos, en las que cientos de personas murieron o resultaron heridas. El gobierno declaró el estado de sitio, concediendo al ejército facultades que normalmente eran competencia de las autoridades civiles. En Zimbabue se reprimió con violencia a cientos de personas que defendían los derechos humanos cuando ejercían su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
En Nigeria, las elecciones de abril se vieron gravemente empañadas por irregularidades y actos de violencia. Tanto votantes como candidatos y simpatizantes fueron objeto de amenazas y ataques de opositores o de grupos armados patrocinados por líderes políticos. Agentes de policía mataron en Kenia a decenas de personas en las manifestaciones que tuvieron lugar tras las elecciones de diciembre.
En febrero, los guardias presidenciales detuvieron a dos personas que trabajaban para la emisora de radio FM Liberty y saquearon el centro de radiodifusión. Los soldados acusaron a la emisora de emitir entrevistas en las que se criticaba al presidente Conté. A uno de los empleados detenidos, David Camara, lo amenazaron con matarlo y le apagaron un cigarrillo en el cuello. Quedó en libertad incondicional dos días después.
Hechos sucedidos en 2008
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