República Democrática del Congo

República Democrática del Congo

Jefe del Estado y del gobierno: Joseph Kabila
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Persistió la inestabilidad en el país, y varias regiones sufrieron tensiones étnicas e inseguridad generalizadas. En las provincias más orientales continuaron estallando conflictos de forma esporádica. Las ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, las detenciones arbitrarias, las reclusiones ilegítimas, los actos de tortura o malos tratos y las condiciones de prisión que suponían una amenaza para la vida de quienes las soportaban siguieron formando parte de la vida cotidiana. Tras decenios de abandono, mal gobierno y gestión inadecuada de los recursos, agravados por la guerra en el este, las infraestructuras y los servicios básicos -incluidos los de los sectores de justicia, salud y educación- se encontraban en una situación ruinosa.

Información general

Las elecciones presidenciales y legislativas de julio y octubre infundieron cierta esperanza con respecto al fortalecimiento de la frágil paz, pero varias facciones armadas continuaron albergando sospechas sobre el proceso de paz o se mostraron abiertamente hostiles.

El periodo electoral estuvo marcado por numerosas violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencia étnica, uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para disolver protestas políticas y restricciones de la libertad de expresión y reunión. El anuncio, emitido el 20 de agosto, de los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales desató batallas callejeras en la capital, Kinshasa, entre soldados leales al presidente de transición, Joseph Kabila, y simpatizantes del vicepresidente, Jean-Pierre Bemba, que se saldaron con la muerte de 23 personas.

Más de 1,6 millones de personas se convirtieron en desplazados internos, mientras que 410.000 vivían como refugiados en países vecinos. La precaria situación de seguridad siguió limitando el acceso humanitario a muchas áreas del este de República Democrática del Congo. La seguridad en el este y en Kinshasa siguió dependiendo, en gran medida, de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) que, con unos 17.000 efectivos al concluir el año, se encontraban al límite de sus posibilidades. La MONUC fue reforzada por una fuerza militar de reacción rápida de la Unión Europea (EUFOR) que estuvo desplegada en Kinshasa durante el periodo electoral y se retiró al terminar el año.

A pesar del embargo de armas de la ONU, las armas pequeñas siguieron proliferando. El gobierno mismo fue acusado de una violación grave del embargo en julio, por no haber notificado a la ONU la importación de un cargamento de tanques, vehículos blindados para transporte de personal y grandes cantidades de munición a través del puerto de Matadi.

Reformas en el ámbito de la seguridad

Una de las prioridades del gobierno de transición fue la de desmantelar la multitud de fuerzas armadas del país. Este proceso, que empezó en 2004, suponía desarmar a todos los soldados del anterior gobierno y a los combatientes de grupos armados y ofrecerles la posibilidad de desmovilizarse o alistarse en el ejército nacional unificado, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (Forces Armées de la République Démocratique du Congo, FARDC). Sin embargo, tanto el proceso de integración del ejército como los programas nacionales de desarme, desmovilización y reintegración sufrieron retrasos y graves dificultades logísticas, técnicas y de gestión, además de no contar con el apoyo pleno de la clase política. En consecuencia, la aplicación de los programas al concluir el año era sólo parcial. Otras reformas en el ámbito de la seguridad, como la integración de la fuerza nacional de policía, incumplieron los calendarios previstos y, en general, no se aplicaron.

El programa de integración del ejército presentaba serias deficiencias y no abordaba la cuestión de las cadenas de mando paralelas ni excluía de las filas de las FARDC a los presuntos perpetradores de abusos graves contra los derechos humanos. Tampoco incluía formación para todos los soldados de las FARDC en derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. El hundimiento del entorno socioeconómico y humanitario dificultaba enormemente los esfuerzos por reintegrar a los ex combatientes en la vida civil. Muchos de ellos, después de haberse desmovilizado, siguieron durante mucho tiempo sin disfrutar de las ayudas económicas ni de los proyectos comunitarios de empleo prometidos por el gobierno. Los ex combatientes descontentos eran una amenaza para la seguridad en muchas zonas del país.

Homicidios ilegítimos

Las FARDC fueron responsables de la mayoría de las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de las que se tuvo noticia durante 2006, incluidos homicidios ilegítimos, violaciones, actos de tortura, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y saqueos. Las unidades de las FARDC no protegieron a la población civil de los ataques de grupos armados. Las deficientes condiciones de vida de las tropas y el pago inadecuado de los salarios agravaron sus problemas de disciplina.

Los grupos armados congoleños que se oponían al proceso de paz y a integrarse en las FARDC también fueron responsables de numerosos abusos graves contra los derechos humanos en las provincias de Kivu Septentrional, Kivu Meridional, Katanga y la Provincia Oriental (Ituri). Al parecer, estos abusos contra los derechos humanos -violaciones, homicidios ilegítimos y torturas- obedecían a motivos étnicos. Asimismo, grupos armados extranjeros, entre ellos las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (Forces Démocratiques de Libération du Rwanda, FDLR) y otros grupos armados de Burundi y Uganda, continuaron activos en territorio congoleño y cometieron abusos graves.

En enero, soldados de una brigada integrada en las FARDC abatieron a tiros a siete personas, entre ellas un niño y una niña de corta edad, en la iglesia de la localidad de Nyata, distrito de Ituri.

En enero, fuerzas del grupo armado de Laurent Nkunda, contrario al gobierno y compuesto sobre todo por combatientes de lengua kinyarwanda, lanzaron ataques contra fuerzas del gobierno y centros civiles en la provincia de Kivu Septentrional. Al parecer, perpetraron numerosos homicidios ilegítimos y violaron a decenas de mujeres de comunidades de otras lenguas.

En agosto, tropas de las FDLR tendieron una emboscada a cuatro civiles en Kahuzi-Biega, Kivu Meridional, a quienes después robaron y mataron. También se recibieron informes de diversos secuestros de mujeres y niñas a manos de soldados de las FDLR.

Niños y niñas soldados

Miles de niños y niñas seguían vinculados a las fuerzas armadas o a grupos armados, o bien no habían participado en el programa de desarme, desmovilización y reintegración y nadie respondía de ellos. En zonas del este del país, en las que persistía la inseguridad, se siguió reclutando a niños y niñas, a veces recién desmovilizados. A algunos se los reclutó a la fuerza y otros se vieron obligados a reincorporarse a grupos armados, ya que el gobierno no les había proporcionado ayuda suficiente al volver a sus comunidades. La mayoría de los niños y niñas liberados que se reunían con sus comunidades recibían poca ayuda y protección al volver a la vida civil, y no se les ofrecían oportunidades educativas o de formación adecuadas. No existían mecanismos para garantizar su protección una vez que volvían a sus comunidades, y muchos de ellos continuaron en peligro de ser reclutados de nuevo.

En junio, combatientes fuertemente armados secuestraron en Kabalekasha, Kivu Septentrional, a seis ex niños soldados, a quienes una ONG internacional llevaba a reunirse con sus familias. Los trasladaron a un campamento militar, donde los recluyeron en una fosa excavada en el suelo. Asimismo, golpearon a una mujer embarazada que los acompañaba. Más tarde, quedaron en libertad, pero los combatientes volvieron a agredir y golpear violentamente a tres de ellos.

Violencia contra las mujeres y las niñas

La violación de mujeres y niñas por las fuerzas de seguridad del gobierno o por grupos armados siguió siendo una práctica generalizada en todas las zonas del país. Pocas tuvieron acceso a atención médica adecuada para el tratamiento de las heridas o enfermedades resultantes. Las mujeres y niñas violadas también sufrieron la discriminación social generalizada y el rechazo de sus familias y comunidades.

Nadie se hizo responsable de miles de niñas soldados que deberían haber participado en el programa de desarme, desmovilización y reintegración. Muchas habían sido reclutadas a la fuerza y utilizadas como esclavas sexuales por combatientes adultos. Numerosos jefes militares y combatientes se resistían a liberar a las niñas, ya que las consideraban objetos sexuales de su propiedad. Otras niñas, que temían exponerse de nuevo a la discriminación y la exclusión social, evitaron incorporarse al programa. El gobierno no llevó a cabo esfuerzos sistemáticos con objeto de localizar a dichas niñas u ofrecerles la ayuda adecuada para su desmovilización y reintegración.

Según informes, en agosto, agentes de la Policía Nacional Congoleña (Police Nationale Congolaise, PNC), violaron a 37 mujeres de la localidad de Bolongo-Loka, provincia de Ecuador, y sometieron a otros lugareños a tortura y malos tratos. Más tarde, las autoridades militares detuvieron a nueve personas, entre ellas siete agentes de la PNC. Al concluir el año, aún no habían sido procesados.

Tortura y malos tratos

Se recibieron informes que revelaban que la tortura y los malos tratos, tanto a manos de las fuerzas de seguridad del gobierno como de los grupos armados, eran prácticas habituales en todo el país. Asimismo, seguían siendo frecuentes las detenciones arbitrarias, las reclusiones ilegales, incluidas reclusiones en régimen de incomunicación y secretas (que a veces equivalían a desapariciones forzadas) y las reclusiones prolongadas sin juicio. Hubo informes de condiciones extraordinariamente duras en la mayoría de los centros y prisiones, que en muchos casos constituían trato cruel, inhumano y degradante.

En agosto, 84 personas, sobre todo pescadores, pero también mujeres y menores, del distrito de N'galiema, Kinshasa, fueron detenidas por miembros de la Guardia Republicana, fuerza militar a las órdenes del presidente Joseph Kabila. Se las acusó de ser «rebeldes» leales a Jean-Pierre Bemba, rival electoral de Joseph Kabila. Posteriormente se las obligó a desnudarse completamente y se las sometió a repetidas palizas. Según informes, varias de ellas sufrieron otros tipos de tortura. A continuación, se las recluyó en una reducida celda durante 48 horas, sin alimentos. Más tarde, quedaron en libertad sin cargos.

Ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron recibiendo amenazas de muerte anónimas, y las autoridades los hostigaron constantemente.

En abril, Hubert Tshiswaka, director de Acción contra la Impunidad por los Derechos Humanos (Action contre l'impunité pour les droits humains, ACIDH) en Lubumbashi, provincia de Katanga, fue amenazado de muerte. Según informes, los autores de la amenaza eran representantes de la Unión Nacional de Federalistas del Congo (Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC), partido político dirigido por el entonces ministro de Justicia. Las amenazas llegaron tras unas declaraciones públicas de ACIDH en las que se instaba a los votantes a elegir a los políticos según su historial de derechos humanos y se pedía la disolución de las alas juveniles violentas de los partidos políticos.

Impunidad

Algunos perpetradores de abusos contra los derechos humanos comparecieron ante la justicia. Sin embargo, la impunidad persistió en la mayoría de los casos y el gobierno concedió puestos de mando en las FARDC a ciertos líderes de grupos armados, a pesar de que sobre ellos pesaban fundadas acusaciones de abusos contra los derechos humanos. Entre éstos se encontraban Peter Karim y Mathieu Ngodjolo, jefes de dos grupos armados de Ituri, que fueron nombrados coroneles de las FARDC en octubre. Además se concedieron «amnistías» a sus fuerzas.

Siguió avanzando muy lentamente la rehabilitación y reforma del sistema de justicia civil de República Democrática del Congo, que permitiría investigar abusos contra los derechos humanos perpetrados en el pasado y en el presente de manera competente, independiente e imparcial.

En abril, se condenó a cadena perpetua a siete soldados de las FARDC por crímenes contra la humanidad, incluida la violación de 119 mujeres en la provincia de Ecuador en diciembre de 2003.

En agosto, se condenó a 20 años de prisión, por crímenes contra la humanidad, a Yves Panga Mandro Kahwa, líder de un grupo armado de Ituri.

Kyungu Mutanga, conocido como Gédéon, líder de un grupo armado mayi-mayi en el norte de la provincia de Katanga, se entregó a las autoridades en mayo tras haber cometido en la región atrocidades, como homicidios ilegítimos, violación y tortura. Al concluir el año, aún no se habían presentado cargos en su contra ni lo habían enjuiciado.

Juicios injustos y condenas de muerte

Continuaron los juicios injustos y se siguieron imponiendo condenas de muerte, la inmensa mayoría en tribunales militares. No se recibieron informes de ejecuciones a manos del Estado, aunque se registró al menos una ejecución sumaria por el ejército.

En junio, en un juicio injusto y sumario, un tribunal militar de Kinshasa impuso largas condenas de prisión al pastor Fernando Kutino, líder de la iglesia evangélica, su compañero, el pastor Timothée Bompere Mboo, y un tercer hombre, Junior Nganda. Al parecer, las detenciones y los juicios eran por motivos políticos.

Justicia internacional

En marzo, Thomas Lubanga Dyilo, líder de un grupo armado de Ituri, la Unión de Patriotas Congoleños (Union des Patriotes Congolais, UPC), fue detenido y trasladado a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. En agosto se lo acusó formalmente de crímenes de guerra, en concreto del reclutamiento y empleo de menores de 15 años en las hostilidades. La vista preliminar para confirmar los cargos tuvo lugar el 8 de noviembre. Thomas Lubanga fue la primera persona detenida por la CPI.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• República Democrática del Congo: Kinshasa debe asumir su responsabilidad de proteger a los civiles (Índice AI: AFR 62/003/2006)

• Democratic Republic of the Congo: Open letter to DRC parliamentarians on legislation implementing the Rome Statute (Índice AI: AFR 62/004/2006)

• República Democrática del Congo: Es hora de poner fin a las amenazas contra los defensores de derechos humanos (Índice AI: AFR 62/006/2006)

• República Democrática del Congo: La primera detención de la Corte Penal Internacional debe ir seguida de otras en todo el país (Índice AI: AFR 62/008/2006)

• República Democrática del Congo: En aumento los actos de represión política (Índice AI: AFR 62/014/2006)

• Democratic Republic of the Congo: Elections are a chance to embrace human rights reform (Índice AI: AFR 62/015/2006)

• República Democrática del Congo: Los niños y las niñas de la guerra. Crear esperanza para su futuro (Índice AI: AFR 62/017/2006)

Visitas

• En febrero y marzo, delegaciones de Amnistía Internacional visitaron diversas provincias del este de República Democrática del Congo y Kinshasa.