Sudáfrica
República Sudafricana
Jefe del Estado y del gobierno: Thabo Mbeki
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
Información general
Las tensiones políticas en el seno del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (African National Congress, ANC), y entre éste y sus socios de coalición, fueron muy marcadas durante los procedimientos judiciales relacionados con los cargos de corrupción y violación presentados contra el ex vicepresidente Jacob Zuma. Los simpatizantes del vicepresidente acusaron a la Dirección Nacional de la Fiscalía General de seguir un plan político premeditado contra él.
En las elecciones locales celebradas en marzo, el ANC ganó en la mayoría de los ayuntamientos, aunque se siguió cuestionando el historial del gobierno en la aplicación de medidas de transformación socioeconómica.
En KwaZulu Natal, varios candidatos del ANC y del Partido de la Libertad Inkatha murieron como consecuencia de actos de violencia política.
Representantes de empresas, iglesias y otras instituciones hicieron un llamamiento al presidente Mbeki para que adoptara medidas efectivas contra los elevados índices de delincuencia violenta. El gobierno colocó el departamento de investigación de la Dirección Nacional de la Fiscalía General, conocido como «los Escorpiones», bajo el control político del ministro de Seguridad.
El vicepresidente y el viceministro de Salud iniciaron un diálogo con organizaciones de la sociedad civil para conseguir soluciones más efectivas contra la pandemia del VIH/sida.
Violaciones de derechos humanos por parte de la policía
En un contexto caracterizado por los elevados índices de delincuencia violenta y las muertes causadas por la acción de la policía, se siguieron recibiendo informes de torturas y uso indebido de medios letales contra presuntos delincuentes. En varios casos confirmados, miembros de la Policía Sudafricana, en especial de la Unidad de Delitos Graves y Violentos, torturaron a sospechosos con dispositivos de asfixia y electrochoque y les propinaron patadas y palizas. Varios detenidos murieron como consecuencia de estos actos. Las sesiones de interrogatorio se desarrollaban a veces en lugares no oficiales. En un registro realizado por orden judicial se encontraron instrumentos de tortura en las dependencias de la Unidad de Delitos Graves y Violentos en Vanderbijlpark.
En febrero, Musa Jan Sibiya murió en la comisaría de Lydenburg después de ser agredido presuntamente por la policía. Un funcionario médico señaló que había muerto por causas naturales, pero una autopsia independiente reveló que había fallecido por una rotura intestinal causada por una perforación traumática.
También en febrero, Msizwe Mkhuthukane murió en la comisaría de policía de East London después de sufrir una agresión similar. No se le permitió recibir asistencia médica de urgencia mientras estuvo bajo custodia. El 1 de noviembre, cinco agentes de policía comparecieron ante un tribunal acusados de asesinato.
Un guardia de seguridad, R., y su esposa presentaron una demanda por daños y perjuicios contra las autoridades policiales después de ser torturados con descargas eléctricas en la comisaría de policía de Randburg el 1 de mayo. Además, a R. le propinaron patadas, bofetadas y puñetazos mientras estaba esposado y con los tobillos atados, y lo torturaron asfixiándolo con una lámina de plástico. Luego lo trasladaron a la comisaría de Roodepoort y no le permitieron recibir asistencia médica hasta que, junto con su esposa, lo pusieron en libertad sin cargos el 4 de mayo. En respuesta a la querella que presentaron, el Estado negó toda responsabilidad en los hechos.
Continuaron las protestas contra las malas condiciones socioeconómicas y los desalojos forzosos. Al parecer, la policía hizo uso excesivo de la fuerza en algunos casos, como por ejemplo en junio contra miembros de la comunidad de Maandagshoek, en Limpopo, que protestaban contra la utilización de sus tierras para actividades mineras por la empresa Anglo-Platinum, y en septiembre contra miembros de la Asociación de Moradores de Chozas (Abahlali baseMjondolo), organización radicada en Durban.
En julio, el Tribunal Regional de Harrismith absolvió a tres agentes de policía de todos los cargos relacionados con la muerte de Teboho Mkhonza, de 17 años, y con las lesiones causadas a decenas de personas más cuando la policía disolvió una manifestación pacífica en agosto de 2004. El tribunal aceptó las pruebas presentadas por la defensa, según las cuales el muchacho había muerto por negligencia del personal hospitalario. La policía había disparado sin advertencia previa utilizando munición real ilegal. En octubre se absolvió a 13 activistas de la comunidad de Harrismith de cargos de violencia pública relacionados con la misma manifestación.
El 26 de julio, el director de la Fiscalía General retiró los cargos presentados contra 51 miembros del Movimiento de los Sin Tierra que estaban siendo juzgados desde 2004 por delitos previstos en la Ley Electoral.
Abusos contra personas encarceladas
En noviembre se hizo público el informe de 3.500 páginas de la Comisión de Investigación Jali, nombrada por el presidente Mbeki en 2001 para examinar la corrupción y la violencia en las prisiones. Algunas de sus conclusiones eran que la corrupción y la mala administración eran endémicas y que en la prisión de súper máxima seguridad C-Max se recurría habitualmente a la tortura y la reclusión en régimen de aislamiento. En el informe se revelaba que abundaban los actos de violencia sexual, sobre todo contra presos jóvenes, gays y transexuales, y que los guardias estaban implicados en numerosas agresiones sexuales y en la venta de favores sexuales a presos adultos por parte de reclusos jóvenes.
El hecho de que la administración penitenciaria no entablara procedimientos judiciales ni acciones complementarias sobre cargos penales fomentaba la impunidad de los abusos. Además, el personal penitenciario manipulaba las investigaciones policiales. Un ejemplo fue el hecho de que no se adoptaran medidas disciplinarias contra los guardias implicados en una agresión colectiva a presos de la cárcel de Ncome en enero de 2003. A pesar de que exámenes médicos independientes habían confirmado las denuncias según las cuales los presos habían sido golpeados, el Departamento de Servicios Penitenciarios permitió que la investigación oficial prescribiera. La Comisión Jali recomendó que se presentaran cargos contra miembros concretos del Departamento en relación con este incidente y algunos otros.
El 23 abril, el Tribunal Superior de Port Elizabeth ordenó que las personas encarceladas en la prisión de St. Alban pudieran consultar con sus abogados en privado para preparar un demanda por agresión contra el Departamento de Servicios Penitenciarios. A estas personas se les había negado el acceso a sus abogados después de que el personal penitenciario llevara a cabo una agresión en masa contra presos como represalia por el homicidio de un colega.
Persistieron las condiciones inhumanas de reclusión debido a la gran masificación de los centros; dos tercios de las cárceles superaban el máximo de su capacidad.
Personas refugiadas y solicitantes de asilo
El Departamento del Interior inició nuevos procedimientos en las Oficinas de Recepción de Refugiados de Pretoria y Johannesburgo, en un intento de mejorar la tramitación de las más de 1.000 nuevas solicitudes de asilo presentadas cada semana. Sin embargo, en un caso relacionado con siete zimbabuenses, el Tribunal Superior de Pretoria resolvió en diciembre que los procedimientos eran inconstitucionales e ilegales, como el de entregar a los solicitantes meros «justificantes de cita», práctica que los privaba de protección legal contra la detención arbitraria, la reclusión y la expulsión. La política de «preselección» había comportado el rechazo ilegal de solicitudes. El Tribunal ordenó al Departamento del Interior que recogiera y tramitara las solicitudes de asilo de un modo justo y no discriminatorio. El Tribunal Superior de Ciudad del Cabo dictó en junio una resolución similar.
Centenares de presuntos inmigrantes ilegales internados en el Centro de Repatriación de Lindela estuvieron detenidos ilegalmente durante un periodo superior al permitido por la Ley de Inmigración (30 días o 120 días con una orden judicial). En agosto, el Tribunal Superior de Johannesburgo ordenó al Departamento del Interior que pusiera en libertad a 57 ciudadanos congoleños que corrían el riesgo de ser expulsados de manera inmediata. En el grupo figuraban al menos un refugiado reconocido como tal, 18 que tenían permiso de solicitante de asilo y 9 que contaban con «justificantes de cita» del Departamento del Interior. Cuarenta y cuatro habían permanecido detenidos entre 35 días y 16 meses. También en agosto, al menos 10 personas con permiso de solicitante de asilo fueron expulsadas a Burundi.
En el Centro de Repatriación de Lindela, guardias privados de seguridad hicieron al parecer uso excesivo de la fuerza para atajar las protestas de los detenidos en julio y noviembre.
Traslado ilegal
Funcionarios de policía y del Departamento del Interior entregaron al ciudadano paquistaní Khalid Mehmood Rashid a agentes del gobierno de Pakistán en noviembre de 2005. Lo sacaron de Sudáfrica por vía aérea en un vuelo sin número. Doce meses después no había comparecido todavía ante el Tribunal Superior de Pakistán en respuesta a una petición de hábeas corpus. Al finalizar el año, el Tribunal Superior de Pretoria no había dictado aún una resolución sobre si el método que se había utilizado para sacar a Khakid Mehmood Rashid de Sudáfrica había sido ilegal y contrario a las obligaciones internacionales contraídas por este país en materia de derechos humanos.
Pena de muerte
En julio, las autoridades judiciales completaron el proceso de sustitución de las últimas 62 condenas de muerte por penas alternativas. El 30 de noviembre, el Tribunal Constitucional resolvió que el gobierno había cumplido ya plenamente las órdenes formuladas en una sentencia que había dictado en 1995 y en la que se establecía la inconstitucionalidad de la pena de muerte.
Personas con VIH/sida
En diciembre, el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) informó de que la epidemia del VIH continuaba creciendo en Sudáfrica y que la prevalencia del virus entre las mujeres que acudían a clínicas públicas prenatales había sido en 2005 un 35 por ciento más alta que en 1999. Alrededor de 5,4 millones de personas, incluido un cuarto de millón de niños y niñas menores de 15 años, vivían con el VIH. En noviembre, el Departamento de Salud informó de que 273 centros homologados facilitaban tratamiento antirretroviral a 213.828 personas, aunque otras 300.000 aproximadamente seguían sin tener acceso a él. Continuaba siendo también limitado el acceso de los menores a tratamiento antirretroviral pediátrico. El 1 de diciembre, el vicepresidente anunció el proyecto de plan estratégico para el periodo comprendido entre 2007 y 2011.
En junio, el Tribunal Superior de Durban concedió la solicitud presentada por 15 presos seropositivos de Durban Westville y por la Campaña de Acceso a Tratamientos para que los reclusos tuvieran acceso a terapia antirretroviral. El Estado apeló esta resolución y no cumplió la orden provisional urgente. En agosto, el Tribunal llegó a la conclusión de que el Estado había incurrido en desacato y ordenó que se aplicara la resolución original, así como otras medidas para facilitar a los reclusos el acceso a terapia antirretroviral. Al finalizar noviembre se había autorizado a cuatro prisiones más a proporcionar terapia antirretroviral.
Violencia contra mujeres y menores
Las estadísticas de la policía correspondientes al periodo comprendido entre abril de 2005 y marzo de 2006 registraban 54.926 violaciones denunciadas, es decir, un 0,3 por ciento menos que el año anterior. Un 42,7 por ciento de las víctimas eran menores de 18 años.
En junio, el Parlamento reanudó el debate en torno al Proyecto de Ley sobre Delitos Sexuales, estancado en el Departamento de Justicia desde 2004. A las organizaciones de ayuda a supervivientes de actos de violencia sexual y de abusos sexuales contra menores les seguía preocupando que la ley no protegiera de manera adecuada a las personas que denunciaban, sobre todo si eran menores, en las fases de investigación y juicio. Sin embargo, el proyecto de ley contenía una tipificación más amplia del delito de violación, aplicable a todas las formas de «penetración sexual» sin consentimiento, y definía formas de coacción que indicarían falta de consentimiento. El Estado estaría obligado a facilitar profilaxis posterior al contacto a las víctimas expuestas al riesgo de haber contraído el VIH, así como a elaborar un marco normativo nacional para mejorar la aplicación de la futura ley. Al finalizar el año, el proyecto de ley no se había aprobado todavía.
La definición de violación recogida en el derecho consuetudinario seguía restringiendo la acción de investigadores, fiscales y tribunales en los casos de violencia sexual. En julio, el Tribunal Superior de Pretoria confirmó una condena por violación dictada en un tribunal de primera instancia contra una persona acusada de haber penetrado analmente a un menor de nueve años, alegando que la definición de violación del derecho consuetudinario, limitada a la penetración del pene en la vagina sin consentimiento, no se ajustaba a las disposiciones del derecho constitucional. No obstante, el fallo del Tribunal Superior estaba pendiente de un recurso de apelación al finalizar el año.
Existía el temor de que la disolución de las unidades de detectives especializadas, incluida la encargada de investigar la violencia en el ámbito familiar y los abusos sexuales contra menores, socavara la efectividad de las investigaciones policiales. Organizaciones comunitarias presentaron pruebas de que la policía había perdido sumarios de investigaciones sobre casos de violación por corrupción o incompetencia.
La muerte de numerosos niños que habían acudido a escuelas de circuncisión tradicionales -más de un centenar en los últimos 10 años- dio lugar a la celebración de sesiones públicas nacionales de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos y de otros dos órganos oficiales. Las sesiones, celebradas en octubre, se llevaron a cabo en cuatro provincias. En septiembre, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos celebró también sesiones sobre la violencia en las escuelas.
Impunidad
Existía preocupación en torno a la legalidad de las directrices sobre enjuiciamiento aprobadas por el gobierno en 2005 y presentadas al Parlamento en enero de 2006. Dichas directrices otorgarían libertad de criterio a la Dirección Nacional de la Fiscalía General para permitir la inmunidad procesal por delitos «emanados de los conflictos del pasado» para las personas que no habían solicitado la amnistía al Comité de Amnistía de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación o cuya solicitud éste había rechazado. Aunque el solicitante tendría que revelar todas las circunstancias del presunto delito y la Dirección Nacional de la Fiscalía General tendría que obtener la opinión de todas las víctimas antes de adoptar una decisión, no existía ninguna obligación de tener en cuenta la opinión de las víctimas ni ninguna disposición sobre la evaluación judicial de la veracidad del testimonio. Las directrices no excluían de forma explícita la posibilidad de considerar la inmunidad por delitos como la tortura, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
A fecha de 30 de septiembre, el gobierno había pagado 30.000 rands (unos 4.200 dólares estadounidenses) en concepto de reparación a 15.520 personas a quienes la Comisión de la Verdad y la Reconciliación había reconocido el derecho a cobrar una indemnización por abusos contra los derechos humanos sufridos antes de mayo de 1994.
Libertad de expresión
En octubre, una comisión de investigación que examinaba las denuncias de injerencia política en la programación de SABC, la emisora pública, llegó a la conclusión de que algunas personas eran excluidas de entrevistas realizadas en programas informativos por motivos inadecuados. Los miembros de la comisión llegaron también a la conclusión de que el director de la sección de noticias y actualidad, doctor Snuki Zikalala, había ordenado al personal que no entrevistara a determinadas personas porque daban su opinión sobre asuntos controvertidos, y había amenazado con adoptar medidas disciplinarias contra algunos miembros de la plantilla si no seguían estas órdenes. La junta directiva de SABC, que había nombrado a Zikalala, no hizo público el informe. La junta fracasó en su intento de conseguir una orden del Tribunal Superior que obligara al periódico Mail & Guardian a retirar de su sitio web una copia filtrada del informe.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informes
• Sudáfrica: El gobierno debe investigar las circunstancias de la «desaparición» del ciudadano paquistaní trasladado (Índice AI: AFR 53/001/2006)
• South Africa: Briefing for the Committee against Torture (Índice AI: AFR 53/002/2006)
Visitas
• En octubre y noviembre, una delegación de Amnistía Internacional visitó el país para llevar a cabo investigaciones y mantuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil y con el Departamento de Asuntos Exteriores. En noviembre, representantes de Amnistía Internacional asistieron a la sesión sobre Sudáfrica del Comité de la ONU contra la Tortura.
Palabras clave : África , Sudáfrica , derechos económicos, sociales y culturales , libertad de expresión , VIH/sida , brutalidad policial , tortura y otros malos tratos , violencia contra las mujeres
