Declaración Universal de Derechos Humanos: 60 años después
Muchos de los Estados de Asia y Oceanía que aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, como India y Birmania (Myanmar), habían logrado recientemente la independencia del gobierno colonial. Para ellos, el compromiso global con un mundo en el que todas las personas sean «libres e iguales en dignidad y derechos» cobraba un significado especial.
Un mundo en el que los seres humanos estuviesen «liberados del temor y de la miseria» era también una elevada aspiración para la ciudadanía de muchas naciones de Asia y Oceanía que posteriormente entraron a formar parte de la ONU, de Laos a Indonesia, desde Camboya hasta Fiyi.
Daba la impresión de que la erradicación de la miseria se confirmaba en cierto modo en la posterior y fulminante irrupción de Asia como potencia económica. A pesar de las diferencias entre las distintas economías de la región, en conjunto la riqueza ha aumentado en Asia con mayor rapidez que en ninguna otra región del mundo desde 1960. A Asia pertenecen los dos países más poblados del mundo: China, con 1.300 millones de habitantes, e India, con 1.100 millones. Las economías de estos dos Estados se encuentran también entre las que experimentan un crecimiento más rápido en el mundo. Sin embargo, no toda la ciudadanía se ha beneficiado de ello. El crecimiento ha ido acompañado de un aumento de la brecha existente entre ricos y pobres, lo que ha agravado las arraigadas estructuras de discriminación.
Todavía no se ha logrado la difícil empresa de equiparar la expansión económica desenfrenada con la potenciación de los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores desfavorecidos de la región.
Los persistentes conflictos y el aumento de los actos violentos de grupos armados han seguido generando graves abusos en toda la región, debilitando la seguridad de millones de personas. Además de las poblaciones de personas refugiadas a las que se niega una solución duradera, continúa habiendo cientos de miles de desplazados internos a causa de los conflictos. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad de muchos países llevan decenios gozando de impunidad por violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos perpetrados en nombre de la «seguridad nacional». La inestabilidad política y la reafirmación de la autoridad militar –a menudo mediante la imposición del estado de excepción– han debilitado instituciones cruciales para la protección de los derechos humanos, o han paralizado su reforma, en diversos países.
En este año de conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en muchos países no ha dejado de ser un mero sueño la perspectiva de un recurso efectivo para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Incluso en los lugares en que existen sistemas jurídicos firmemente establecidos, y en donde los derechos fundamentales se consagran en la Constitución, la protección de la ciudadanía y la aplicación de la ley se ven a menudo socavadas por los intereses políticos. Los países de Asia y Oceanía que han ratificado las convenciones básicas de la ONU en materia de derechos humanos se han mostrado reacios a firmar protocolos facultativos que establecen mecanismos internacionales para la presentación de quejas individuales. En 13 países se han creado instituciones nacionales de derechos humanos, pero en los últimos años se ha cuestionado enormemente la independencia y eficacia de muchas de ellas.
Asia continúa siendo la única región del mundo en donde no existe un instrumento general de derechos humanos. Sin embargo, en noviembre de 2007 se produjo un importante avance cuando los dirigentes de los 10 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) –Indonesia, Malaisia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunéi, Vietnam, Laos, Camboya y Myanmar– conmemoraron el 40 aniversario de la ASEAN, con la firma de su primera carta oficial, en la que se incluía el compromiso de crear un organismo de derechos humanos para la subregión. El Foro de las Islas del Pacífico comenzó a analizar la creación de mecanismos similares en el marco de iniciativas para promover la integración y la cooperación en el Pacífico.
En 2007 también culminó la creación de un nuevo mecanismo de derechos humanos de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, del que en la actualidad son miembros Bangladesh, China, Corea del Sur, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malaisia, Pakistán y Sri Lanka. Todos los Estados miembros se han comprometido a respetar los derechos humanos, colaborar con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, crear y mantener sólidos marcos nacionales de derechos humanos y ratificar y respetar las normas internacionales. El tiempo dirá si los mecanismos del nuevo Consejo, en particular el examen periódico universal, facilitarán que la comunidad realice un escrutinio riguroso y reaccione con firmeza cuando los miembros no cumplan con estos compromisos, e influirán realmente en la vida diaria de las personas que habitan en la región de Asia y Oceanía.
A pesar de las diferencias entre las distintas economías de la región, en conjunto la riqueza ha aumentado en Asia con mayor rapidez que en ninguna otra región del mundo desde 1960.
2007 a examen
Crecimiento económico, globalización y pobreza
La característica que distinguió al año 2007 en la región de Asia y el Pacífico fue el desaforado crecimiento económico. Aunque convincente desde el punto de vista de las estadísticas, el crecimiento desenfrenado continuó siendo dudoso en términos de derechos humanos. Los datos de toda la región mostraron una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. La desigualdad en los procesos de generación de riqueza seguía favoreciendo de modo desproporcionado a la población urbana, cualificada y con estudios.
La economía china creció un 11,4 por ciento, la mayor tasa de desarrollo desde 1994. Pero este crecimiento llevó aparejadas tensiones sociales, un mayor empobrecimiento de algunas poblaciones rurales y la degradación del medio ambiente. Las abiertas protestas de los agricultores apenas sirvieron para impedir que las autoridades procedieran a realizar desalojos forzosos para dejar paso a proyectos urbanísticos como los que servían de base a los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín. En India, el auge económico estuvo acompañado de una mayor marginación de los 300 millones de personas que ya vivían en una situación de desprotección y pobreza. Los intereses comerciales, en muchos casos de empresas multinacionales, quedaron por encima de las necesidades de la población más desfavorecida, y la explotación de los recursos naturales dejó a decenas de miles de personas sin hogar y sin esperanzas de regresar u obtener una reparación. En Camboya, miles de personas sufrieron el desalojo forzoso de sus casas cuando las autoridades se apropiaron con voracidad de sus tierras.
La migración, interna y transfronteriza, contribuyó de forma decisiva a la solidez de la economía de la región, pero en todos los países se la consideró un fenómeno indeseado y desagradable. En especial, los migrantes irregulares (personas que carecían de permiso legal documentado para permanecer en el país receptor) fueron objeto de trato discriminatorio, violencia y abusos.
En Malaisia, más de 20.000 personas migrantes fueron detenidas por el Cuerpo de Voluntarios Populares (Rela), un organismo que el gobierno empleaba para hacer frente al «problema» de la inmigración «ilegal». El Rela asaltó sistemáticamente lugares en donde vivían trabajadores y trabajadoras migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo. En muchos casos los golpeaban brutalmente y los detenían de forma arbitraria. A algunas personas las enviaban a campos de detención de inmigrantes en los que corrían peligro de ser devueltas a países en los que podrían ser sometidas a torturas u otros malos tratos.
Las personas migrantes no sólo vivían bajo la amenaza constante de ser detenidas por las autoridades, sino que también sufrían abusos físicos y psicológicos por parte de sus empleadores y a menudo se les negaba el acceso igualitario a las prestaciones y protecciones que tenían garantizadas los trabajadores nacionales.
En 2007 había en torno a 500.000 migrantes viviendo en Corea del Sur, de los que aproximadamente la mitad eran trabajadores irregulares. Muchos de ellos tenían gravemente restringida la movilidad laboral, y el resarcimiento que obtenían frente al trato discriminatorio y otros abusos en el lugar de trabajo era escaso o inexistente.
En toda la región, las cifras mostraban un aumento de la brecha existente entre ricos y pobres. La desigualdad en los procesos de generación de riqueza seguía favoreciendo de modo desproporcionado a la población urbana, cualificada y con estudios.
En febrero, 10 migrantes detenidos en espera de ser expulsados murieron y otros 17 resultaron heridos durante un incendio que se desencadenó en el centro de detención de Yeosu. Los familiares de las personas muertas en el incendio recibieron una indemnización. El resto de las personas detenidas fueron devueltas rápidamente a sus países de origen, y muchas de ellas no recibieron indemnización ni pudieron recurrir para que les pagasen los salarios pendientes.
Conflictos armados y represión política
La región seguía ocupando uno de los lugares de vanguardia en la «guerra contra el terror» mundial encabezada por Estados Unidos, que continuó influyendo en los conflictos armados nacionales y regionales, las rivalidades y las luchas de poder. Los prolongados enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y grupos armados en Afganistán y Pakistán continuaron causando elevados índices de víctimas civiles y el deterioro del disfrute de los derechos humanos básicos. Estos conflictos tuvieron una importante influencia geopolítica, dado que fuerzas internacionales y la alianza de la OTAN apoyaban al Estado afgano, y la coalición internacional liderada por Estados Unidos siguió presionando a Pakistán para que abordase la estrategia de la «guerra contra el terror» con mayor firmeza.
En Afganistán se intensificó el persistente conflicto entre el gobierno afgano, que contaba con el respaldo internacional, y grupos insurgentes. Al menos 6.500 personas, de las que hasta dos tercios eran civiles, murieron en actos violentos. Todas las partes en el conflicto cometieron abusos contra los derechos humanos. Grupos armados, como los talibanes, atacaron deliberadamente a civiles y mataron a quienes consideraban favorables al gobierno afgano o a las fuerzas internacionales. A su vez, las fuerzas internacionales mataron a cientos de civiles en operaciones ofensivas y bombardeos aéreos. Las fuerzas de seguridad nacional afganas estuvieron también implicadas en la muerte de un gran número de civiles.
Movido por el interés en mostrarse como un aliado en la «guerra contra el terror», Pakistán, que ya vivía una situación delicada, se sumió en el caos político en noviembre, al declarar el general Pervez Musharraf el estado de excepción y suspender la Constitución del país. Su actuación se produjo tras cuestionar el Tribunal Supremo la legalidad de su candidatura a la presidencia del país mientras fuese jefe del Estado Mayor del Ejército. En torno a 50 jueces fueron retirados de puestos importantes del poder judicial. La represión que tuvo lugar a continuación impuso severas restricciones a la libertad de expresión y circulación, y miles de abogados, periodistas y activistas de derechos humanos fueron detenidos arbitrariamente. Se fijaron las elecciones para enero de 2008, y los ex primeros ministros Benazir Bhutto y Nawaz Sharif regresaron del exilio a finales de año para presentar sus candidaturas. Desde el comienzo, el proceso se vio empañado por la violencia, que culminó en el asesinato de Benazir Bhutto en diciembre.
En toda la región fue generalizado el aumento de la violencia, la inseguridad y la represión política, incluidas las restricciones a la libertad de expresión. Los defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas que intentaron salvaguardar sus derechos pacíficamente estuvieron expuestos a una amplia variedad de abusos. Los secuestros y las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos afectaron a toda la región y, en muchos casos, se llevaron a cabo con impunidad.
En agosto comenzaron en Myanmar protestas a gran escala contra las directrices económicas y políticas del gobierno. Al menos 31 personas, aunque probablemente fueron más de 100, murieron durante la represión que las autoridades emprendieron a continuación, y se creía que aproximadamente el mismo número de personas fueron víctimas de desaparición forzada. Aunque la respuesta inicial de la comunidad internacional fue firme, al finalizar el año se había debilitado. Al final del año, las personas detenidas por motivos políticos continuaban recluidas y recibiendo condenas, pese a las garantías ofrecidas por el gobierno a la ONU y a sus afirmaciones de vuelta a la «normalidad».
Las desapariciones forzadas, los homicidios ilegítimos, las detenciones arbitrarias y la tortura siguieron caracterizando al persistente y creciente conflicto entre las fuerzas del gobierno de Sri Lanka y el grupo armado de oposición Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Las dos partes implicadas en el conflicto perpetraron ataques armados contra la población civil y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil cometieron ataques indiscriminados contra ésta. Las desapariciones forzadas parecían seguir formando parte de la estrategia de contrainsurgencia del gobierno, y era frecuente que las llevaran a cabo las fuerzas de seguridad o grupos armados que actuaban con su complicidad. Cientos de miles de civiles quedaron desplazados de su tierra natal, especialmente en el norte, mientras el conflicto proseguía. A medida que se fueron intensificando las hostilidades, se restringió cada vez más el espacio para la disidencia y hubo periodistas, especialmente los relacionados con medios de comunicación tamiles, que fueron víctimas de ataques, secuestros y homicidios. A pesar de que existían pruebas de peso, las autoridades no investigaron de modo efectivo ni procesaron a los responsables de homicidios ilegítimos.
En Bangladesh, el prolongado estado de excepción restringió gravemente las debidas garantías procesales y el espacio para la libertad de expresión y reunión. Según los informes, cientos de miles de personas fueron detenidas, dado que la normativa del estado de excepción otorgaba amplios poderes a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas fueron amenazados e intimidados y se vieron involucrados en causas falsas. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley se vieron envueltos en la muerte de más de 100 personas que estaban bajo custodia, pero nadie rindió cuentas por estos actos.
El 5 de junio, unos hombres armados mataron a Zakia Zaki, directora de la emisora privada Peace Radio, en su casa, en la provincia de Parwan, en el centro de Afganistán. En 2007 el Sindicato Independiente de Periodistas de Afganistán registró 53 casos de violencia ejercida contra periodistas por el gobierno afgano y los insurgentes talibanes. En 6 de ellos se mató a la víctima.
Pena de muerte
La pena de muerte continuó siendo generalizada en la región, en contraste con la situación de creciente rechazo hacia ella en el ámbito internacional. En Afganistán, 15 personas fueron fusiladas, en las primeras ejecuciones que se llevaban a cabo en los últimos tres años. Entre 70 y 110 personas permanecían condenadas a muerte. Pakistán siguió ampliando el alcance de la pena de muerte, permitiendo su aplicación para más delitos, y en 2007 fueron ejecutadas más de 100 personas.
El secretismo con que se trataba la pena de muerte seguía siendo un importante motivo de preocupación en muchos países de la región de Asia y Oceanía. En China, las estadísticas sobre la pena de muerte continuaron considerándose secreto de Estado, y, aunque se acogió con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo Popular de reinstaurar la revisión final de todos los casos, la pena capital continuó utilizándose ampliamente. Es probable que al menos 470 personas fueran ejecutadas durante 2007, aunque la cifra podría ser muy superior.
En la región se continuaba recurriendo a la pena de muerte de modo habitual, y no sólo para castigar el asesinato, sino también para delitos no violentos, como los relacionados con las drogas, la corrupción y otros delitos económicos. Entre quienes fueron ejecutados en Corea del Norte, mediante ahorcamiento o fusilamiento, había personas encarceladas por motivos políticos o acusadas de delitos de índole económica.
La Red Asiática contra la Pena de Muerte expresó preocupación por el hecho de que en la región había más personas condenadas a muerte por delitos relacionados con las drogas que por ninguna otra causa. En febrero, un grupo de abogados indonesios que representaban a cinco personas condenadas a muerte por delitos relacionados con las drogas intentaron recurrir las condenas alegando que la Ley de Narcóticos de Indonesia violaba el «derecho a la vida», consagrado en la Constitución del país. El recurso fue rechazado en octubre. En Vietnam, al menos 83 personas fueron condenadas a muerte por delitos relacionados con el narcotráfico.
El secretismo con que se trataba la pena de muerte seguía siendo un importante motivo de preocupación en muchos países de la región de Asia y Oceanía. En China, las estadísticas sobre la pena de muerte continuaron considerándose secreto de Estado.
Violencia contra las mujeres
La violencia de género, incluida la violencia sexual, seguía constituyendo una amenaza diaria para mujeres y niñas, mientras que los presuntos responsables, entre los que había policías y otras personas que ocupaban puestos de poder, eludían la justicia. En muchos países, las mujeres que denunciaban violaciones se enfrentaban a grandes obstáculos. En Papúa Nueva Guinea se consideró que la violencia contra las mujeres era una de las causas fundamentales de la epidemia de VIH/sida, lo que a su vez generó nuevos abusos contra ellas.
También persistían la violencia en el ámbito familiar y los abusos físicos y psicológicos en el lugar de trabajo. En China, los casos de violencia doméstica aumentaron en un 120 por ciento durante los tres primeros meses del año, incremento que se atribuyó a una mayor disposición para denunciar los abusos.
En Pakistán, el Estado no se ocupó de prevenir y procesar los casos de violencia en el ámbito familiar y en la comunidad, como las mutilaciones, las violaciones y los homicidios en nombre del «honor». Sólo en la provincia de Sindh, 183 mujeres fueron asesinadas entre enero y octubre por haber mancillado presuntamente el «honor» de la familia. En 2005 se tipificó como delito la práctica de la swara, la entrega de una muchacha o una mujer para casarse con un adversario a fin de resolver un conflicto, pero continuó llevándose a cabo con impunidad.
En marzo entró en vigor en Indonesia la Ley de Erradicación del Delito de la Trata de Personas, que las ONG acogieron con satisfacción porque incluía una definición de la explotación sexual y la inmunidad para las víctimas. Sin embargo, la trata de mujeres y niñas siguió siendo generalizada en la región.
En marzo, la asamblea legislativa de Taiwán aprobó diversas modificaciones de la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica para incluir a las personas del mismo sexo que vivían juntas y a las parejas que cohabitaban sin estar casadas.
Parlamentos de todo el mundo aprobaron resoluciones que pedían justicia para las supervivientes del sistema de esclavitud sexual utilizado por el ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el gobierno japonés siguió negando una disculpa plena o una indemnización a las «mujeres de solaz» que fueron obligadas a prestar servicios sexuales a los soldados japoneses. En marzo, el primer ministro japonés, Abe Shinzo, afirmó que no había pruebas de que las «mujeres de solaz» hubieran sido obligadas a convertirse en esclavas sexuales.
El gobierno japonés siguió negando una disculpa plena o una indemnización a las «mujeres de solaz» que fueron obligadas a prestar servicios sexuales a los soldados japoneses.
Avance de los derechos humanos
Activistas, miembros de la sociedad civil y movimientos sociales de toda la región se organizaron cada vez más para poner en marcha protestas y acciones que planteaban cuestiones relativas a los derechos humanos, como la impunidad generalizada en relación con las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y los derechos de los pueblos marginados.
En Papúa Nueva Guinea se creó la Coalición para Poner Fin a la Violencia Armada en respuesta a la inacción del gobierno a la hora de combatir la proliferación y el uso de armas de fuego ilegales. Las defensoras de los derechos humanos se hicieron oír cada vez más, y en octubre organizaron una protesta silenciosa por la violencia contra las mujeres que tuvo gran repercusión.
En Myanmar, el aumento del precio del combustible, sumado al deterioro de la situación económica, provocó protestas pacíficas. Por todo el país, los monjes comenzaron a encabezar protestas contra la política económica del gobierno y formaron un nuevo grupo, la Alianza Pan-Birmana de Monjes.
Laos ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en febrero. En agosto, el gobierno de Tailandia firmó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y poco después, en octubre, la Convención de la ONU contra la Tortura, cristalizándose así los numerosos años de activismo por parte de miembros de la sociedad civil tailandesa y de otras personas y organizaciones.
En India, las ONG y la sociedad civil han liderado un intenso debate sobre el coste de la globalización y el significado de este proceso para los sectores más desfavorecidos. El reto que los países de Asia y Oceanía tienen ante sí es garantizar que la creciente prosperidad económica que disfrutan unas pocas personas en un puñado de países traspasa las escalas sociales y las fronteras.
Y esto sólo se conseguirá cuando los derechos humanos estén consagrados en el núcleo de las leyes de la región y se pase de las palabras a los hechos.
U Thilavantha, abad adjunto de un monasterio de Myitkyina, fue golpeado hasta morir mientras se encontraba detenido el 26 de septiembre; había sido golpeado también la noche anterior, cuando su monasterio fue asaltado. Un número no confirmado de presos murieron mientras estaban recluidos tras la represión de septiembre, debido al trato recibido durante el interrogatorio.
Hechos sucedidos en 2008
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