Declaración Universal de Derechos Humanos: 60años después
A las iniciativas de los países latinoamericanos se debe en gran medida que los derechos humanos sean en la actualidad uno de los pilares del proyecto de la ONU. Tras la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos no ocupaban un lugar destacado en la lista de prioridades de las principales potencias que participaron en la redacción de la Carta de la ONU, entre ellas Estados Unidos. Sin embargo, en 1945, justo antes de la celebración del acto fundacional de la ONU en San Francisco, la Conferencia Interamericana reunida en Ciudad de México decidió solicitar la inclusión de una declaración internacional de derechos en la Carta de la ONU, hecho que habría de conducir finalmente a la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En mayo de 1948, varios meses antes de la adopción de esta Declaración, la Conferencia Interamericana había adoptado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el primer instrumento general de derechos humanos del mundo.
Esta contribución crucial a los derechos humanos internacionales se vio ensombrecida en años posteriores por los regímenes militares imperantes en gran parte de la región. Desde la década de 1960 hasta mediados de la de 1980, numerosos países latinoamericanos soportaron durante años gobiernos militares caracterizados por violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos. Algunas violaciones, como las desapariciones forzadas, se convirtieron en característica de estos regímenes y en objetivo de las acciones de Amnistía Internacional en la región durante esos años.
El fin de los regímenes militares y la vuelta a gobiernos civiles elegidos constitucionalmente trajeron consigo el final de la práctica constante, generalizada y sistemática de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura de opositores políticos. En muchos casos, sin embargo, resultó infundada la esperanza de que había llegado una nueva era de respeto por los derechos humanos.
Casi todas las constituciones garantizan los derechos fundamentales, y la mayoría de los países de la región han ratificado tratados internacionales clave de derechos humanos. Respecto a lo segundo, constituye una notable excepción Estados Unidos, uno de los dos únicos países del mundo que no han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y uno de los pocos que no han ratificado tampoco la Convención de la ONU sobre la Mujer. El gobierno estadounidense ha comunicado también a la ONU su intención de no ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El legado de los regímenes autoritarios del pasado sigue presente en las deficiencias institucionales que padecen todavía numerosos países latinoamericanos –sobre todo en Centroamérica– y del Caribe. La corrupción, la falta de independencia del poder judicial, la impunidad de los agentes del Estado y la debilidad de los gobiernos han socavado la confianza en las instituciones. En teoría es posible que la ley ampare por igual a todo el mundo, pero en la práctica se suele negar esta protección, en especial a los miembros de las comunidades desfavorecidas.
Las divergencias entre la ley y la práctica existentes en muchos países de la región tienen sus orígenes en los inveterados abusos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en la inacción de los sucesivos gobiernos en esta materia. Los sistemas judiciales y las fuerzas de policía y seguridad se han utilizado durante mucho tiempo para reprimir la disidencia y amparar la corrupción e intereses políticos y económicos muy arraigados. Estos abusos de poder persisten todavía. La gran mayoría de las personas castigadas o encarceladas por los sistemas judiciales pertenecen a sectores desfavorecidos y no tienen recursos de ningún tipo. Los abusos de poder y los abusos contra los derechos humanos suelen quedar impunes.
Las prácticas abusivas han persistido en gran medida, pero han cambiado las bases en que se sustentaban. Los métodos antes utilizados para reprimir la disidencia política se emplean ahora contra quienes se oponen a los actos de discriminación y las injusticias sociales –como los defensores y defensoras de los derechos humanos– y contra las personas a las que estos activistas tratan de ayudar.
Esos defensores y defensoras se han convertido en los paladines de todo un abanico de derechos, inscritos en el marco de entusiastas movimientos sociales cada vez más seguros de sí mismos a lo largo y ancho de la región. Organizaciones de diversa índole, distantes de las concepciones y vivencias de las personas que adoptaron la Declaración Universal de Derechos Humanos hace ahora 60 años, han tomado el relevo en la constante lucha para garantizar que los derechos consagrados en esa Declaración se hagan realidad.
En mayo de 1948, varios meses antes de la adopción de esta Declaración, la Conferencia Interamericana había adoptado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el primer instrumento general de derechos humanos del mundo.
2007 a examen
«La guerra contra el terror»
Seis años después del comienzo de la denominada «guerra contra el terror», Estados Unidos seguía manteniendo recluidas bajo custodia militar indefinida a centenares de personas sin cargos ni juicio en Afganistán y Guantánamo, y a varios miles más en Irak.
En julio, el presidente George W. Bush dio luz verde a la continuación del programa de detenciones e interrogatorios secretos puesto en marcha por la CIA. El hecho de que el presidente volviera a dar su visto bueno a este programa –una más de la larga lista de acciones políticas ilegales llevadas a cabo por el gobierno estadounidense en el marco de la «guerra contra el terror»– supuso un claro rechazo de los principios en los que se basa la Declaración Universal de Derechos Humanos. De hecho, el presidente Bush dictó su orden ejecutiva un año después de que dos órganos de la ONU encargados de la vigilancia de los tratados indicaran al gobierno estadounidense de manera inequívoca que las detenciones secretas constituían una violación de las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos.
En 2007, en un momento considerado crucial para los derechos humanos, la atención de quienes buscaban justicia para los detenidos de Guantánamo se centró en la Corte Suprema de Estados Unidos. En febrero, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia había resuelto que las disposiciones de la Ley de Comisiones Militares que privaban a los tribunales de la facultad de examinar las peticiones de hábeas corpus eran aplicables a todos los detenidos de Guantánamo. La Corte Suprema rechazó en un principio una apelación contra este fallo. En junio, sin embargo, adoptó una decisión casi sin precedentes y anuló su resolución anterior. El 5 de diciembre escuchó las alegaciones orales, en las que el gobierno argumentó que, aun cuando los detenidos tuvieran derecho de hábeas corpus (lo que, en su opinión, no era el caso), la revisión judicial limitada a la que tenían acceso era un «mecanismo sustitutorio adecuado».
El hábeas corpus –el derecho de una persona a que un juez determine la legalidad o no de su detención– es un principiofundamental de todo Estado de derecho. Las personas bajo custodia de Estados Unidos a las que se ha privado de este recurso se han convertido en objeto de desaparición forzada, traslado y detención secretos, procedimientos judiciales injustos, y tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sesenta años después de su adopción, este tipo de políticas y prácticas constituyen una afrenta al mundo que se deseaba construir con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Está previsto que la Corte Suprema dicte una resolución sobre la cuestión del hábeas corpus a mediados de 2008.
Ali al Marri, nacional de Qatar residente en Estados Unidos a quien el presidente Bush había declarado «combatiente enemigo» en junio de 2003, seguía al concluir el año en detención militar indefinida en territorio continental estadounidense. En junio, una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito resolvió que la Ley de Comisiones Militares no era aplicable al caso de Ali al Marri y que «debía cesar» su reclusión bajo custodia militar. No obstante, prosperó la moción del gobierno para que se celebrara una nueva vista de esta causa ante el pleno de la Corte del Cuarto Circuito, cuya resolución aún no se había emitido al terminar el año.
Conflicto
La población civil continuó siendo la principal víctima del largo conflicto armado interno de Colombia. Aunque siguió disminuyendo el número de personas muertas o secuestradas, todas las partes implicadas en él –las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros– continuaron cometiendo graves abusos contra los derechos humanos. Los enfrentamientos entre las partes en conflicto volvieron a acarrear el desplazamiento de miles de personas.
Todas las partes implicadas en el conflicto de Colombia continuaron cometiendo graves abusos contra los derechos humanos.
Pena de muerte
Durante muchos años, la política seguida en Estados Unidos sobre la pena capital ha ido a contracorriente de la tendencia abolicionista registrada en el resto de la región. Aunque en 2007 se impusieron penas de muerte en Bahamas, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, este país fue el único en el que se llevaron a cabo ejecuciones. Sin embargo, incluso en Estados Unidoshay indicios de que está disminuyendo el apoyo a la pena capital.
El 17 de diciembre, Nueva Jersey se convirtió en el primer estado de la Unión que, desde 1965, abolía la pena de muerte. Al día siguiente, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución histórica en la que se pedía una suspensión de las ejecuciones en todo el mundo. Sesenta años después de que se consagrara en la Declaración Universal de Derechos Humanos el derecho a la vida y la prohibición de las penas crueles, inhumanas o degradantes, y treintaaños después de la reanudación de las ejecuciones en Estados Unidos, los partidarios de la pena de muerte están cada vez más a la defensiva en todo el mundo.
En Estados Unidos, la causa abolicionista tiene unas perspectivas mucho más halagüeñas que hace apenas diez años. Varios factores han contribuido a esta tendencia, como la excarcelación desde 1997, tras demostrarse su inocencia, de más de un centenar de personas condenadas a muerte; tres de estas excarcelaciones tuvieron lugar en 2007. El número de condenas de muerte dictadas cada año sigue descendiendo desde mediados de la década de 1990, cuando alcanzó su máximo nivel. Durante 2007 se impusieron al parecer algo más de 100 penas de muerte en Estados Unidos. Sin embargo, en los cinco años comprendidos entre 1995 y 1999, cada año se condenó a muerte a 304 personas por término medio.
Las 42 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos durante 2007 –aunque son 42 más de lo que habría sido de desear– representaron la cifra anual más baja de homicidios judiciales desde 1994. Este hecho se debió, al menos en parte, a la suspensión de las inyecciones letales en vigor desde finales de septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó estudiar una impugnación de la constitucionalidad de ese método de ejecución.
En Canadá suscitó una preocupación generalizada la decisión adoptada por el gobierno en octubre de abandonar la política –practicada desde hacía mucho tiempo– de pedir el indulto de todos los ciudadanos canadienses condenados a muerte en países extranjeros. Con arreglo a la nueva política, ya no se solicitaría el indulto a los gobiernos de aquellos «países democráticos en los queimper[ase]el Estado de derecho».
Violencia contra las mujeres
En Latinoamérica se siguieron adoptando medidas importantes e innovadoras para erradicar la violencia contra las mujeres y hacer realidad la igualdad de género. En México y Venezuela, por ejemplo, se aprobaron nuevas leyes para combatir dicha violencia. En ellas se ampliaba la definición del concepto de violencia contra las mujeres y se preveía un abanico más amplio de mecanismos de protección. La falta de recursos adecuados y la persistencia de ideas falsas sobre la naturaleza y la magnitud del problema continuaron entorpeciendo el desarrollo de iniciativas para solucionarlo, como las novedosas comisarías para mujeres implantadas en Brasil. En Estados Unidos, tras una campaña conjunta realizada por una amplia alianza de grupos, el Congreso recomendó un aumento de los fondos destinados a la aplicación de la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres, norma federal en la que se preveía una serie de medidas a escala estatal y local.
El hecho de que la mayoría de los responsables de actos de violencia contra las mujeres no rindieran cuenta de ellos reflejaba una persistente falta de voluntad política para abordar el problema. Muchas de las dificultades experimentadas por las mujeres a la hora de obtener justicia eran las mismas en todos los países. Las investigaciones efectuadas por Amnistía Internacional revelaron de forma sistemática varios problemas: la falta de refugios capaces de proporcionar una protección adecuada; la insuficiente formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en técnicas de investigación apropiadas, como exámenes forenses; y acciones judiciales en las que no se abordaba la necesidad de protección de las mujeres ni se garantizaba la promoción de sus derechos y de su dignidad. Con frecuencia, las mujeres que conseguían que se emprendieran acciones judiciales se enfrentaban a la actitud discriminatoria del sistema de justicia penal y a la intimidación adicional de sus agresores.
La discriminación por motivos de género se veía agravada a menudo por otras formas de discriminación. Una mujer negra, indígena, lesbiana o pobre suele tropezar con obstáculos aún mayores a la hora de obtener justicia. Y si los maltratadores saben que pueden golpear, violar y matar a una mujer con impunidad, los abusos se extienden y se vuelven más persistentes. En Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres indígenas que sufren actos de violencia sexual tropiezan a menudo con la inacción o la indiferencia de las autoridades. Son víctimas también de un número desproporcionadamente alto de violaciones y de otros actos de violencia sexual; según las estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la probabilidad de que sufran una violación o una agresión sexual es dos veces y media mayor que la de las mujeres estadounidenses en general. Según estadísticas oficiales, en Canadá la probabilidad de que una mujer indígena muera como consecuencia de un acto de violencia es cinco veces mayor que la de otras mujeres, lo que revela la necesidad acuciante de un plan nacional integral que aborde la violencia y proteja a las mujeres indígenas contra la discriminación.
En Latinoamérica se siguieron adoptando medidas importantes e innovadoras para erradicar la violencia contra las mujeres y hacer realidad la igualdad de género.
Según estadísticas oficiales, en Canadá la probabilidad de que una mujer indígena muera como consecuencia de un acto de violencia es cinco veces mayor que la de otras mujeres.
Justicia e impunidad
En abril, la Cámara Federal Penal de Buenos Aires resolvió que los indultos concedidos en 1989 al ex general y ex máximo mandatario Jorge Videla y al ex almirante Emilio Massera por delitos tipificados en el derecho internacional eran inconstitucionales y, por tanto, nulos y sin valor.
En septiembre, en una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia de Chile aprobó la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori para ser juzgado en Perú por cargos de corrupción y abusos contra los derechos humanos.
En noviembre, sin embargo, la Corte Suprema de Chile absolvió a un coronel retirado de la desaparición forzada de tres personas, ocurrida en 1973, aduciendo que el delito había prescrito. Esta sentencia supuso una burla de las normas internacionales de derechos humanos y un revés para todas las personas que trataban de obtener justicia y resarcimiento por delitos cometidos durante el gobierno militar del ex presidente Augusto Pinochet. La Corte Suprema de Panamá resolvió también que las normas sobre prescripción eran aplicables a los delitos de desaparición forzada perpetrados por agentes del Estado entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970.
En Chile y Uruguay siguieron en vigor leyes de amnistía para los delitos cometidos durante los gobiernos militares que ocuparon el poder en las décadas de 1970 y 1980. En Uruguay, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno confirmó en septiembre el juicio y la reclusión del ex presidente Juan María Bordaberry (1971-1976) como coautor de 10 homicidios. En diciembre, el general Gregorio Álvarez, ex presidente del país (1981-1985), fue detenido y acusado de haber sido coautor de las desapariciones forzadas de más de 30 personas.
En México, un juez federal resolvió en julio que la matanza de estudiantes ocurrida en la plaza de Tlatelolco en 1968 había constituido un delito de genocidio, pero que no existían pruebas suficientes para continuar las acciones judiciales contra el ex presidente Luis Echevarría.
En la mayoría de los países siguieron sin investigarse de manera adecuada las violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado. En Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití y Jamaica, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no eran objeto de acciones judiciales, o lo eran sólo en casos excepcionales.
La corrupción, la ineficacia y la falta de una voluntad política inequívoca de pedir cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos caracterizaron a los sistemas judiciales en muchas zonas de la región. Siguió suscitando también una honda preocupación la utilización de tribunales policiales y militares para juzgar a miembros de la policía y de las fuerzas armadas responsables de violaciones de derechos humanos. En Colombia, por ejemplo, una gran parte de los más de 200 homicidios a manos de las fuerzas de seguridad denunciados en 2007 se remitieron al sistema de justicia militar, que solía aceptar la afirmación de los militares de que las víctimas habían muerto en combate, y archivaba las causas sin llevar a cabo más investigaciones. En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que miembros del ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos contra varios civiles durante el desarrollo de operaciones de mantenimiento del orden. A pesar de la sistemática parcialidad de los tribunales militares en las causas relacionadas con los derechos humanos, la Comisión no recomendó que estas causas se juzgaran en tribunales civiles.
En lo que se refiere al comportamiento de Estados Unidos en la «guerra contra el terror», siguió constituyendo un grave problema la falta de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos, sobre todo en los niveles superiores de la cadena de mando.
En marzo murió por causas naturales Rufina Amaya, la última sobreviviente de la matanza de El Mozote. Según los informes, las fuerzas armadas salvadoreñas mataron a 767 personas en El Mozote y en zonas próximas en una operación llevada a cabo en diciembre de 1980. Hasta la fecha nadie ha sido llevado ante la justicia por esa matanza ni por otras perpetradas durante el conflicto armado interno.
Jurisdicción universal
En Argentina y Panamá se aprobaron nuevas leyes relativas a la jurisdicción universal. En diciembre, el presidente Bush firmó la entrada en vigor de la Ley de Rendición de Cuentas por Actos de Genocidio, aprobada en 2007, quepermitíala investigación y la persecución judicial de actos de genocidio si el responsable se encontraba en Estados Unidos o era trasladado a este país, aunque el delito se hubiera cometido en el extranjero.
No se registraron avances significativos en las causas seguidas contra el ex presidente y general José Efraín Ríos Montt y otros ex altos oficiales de las fuerzas armadas guatemaltecas. Una resolución de la Corte Constitucional, por la que se impedía llevar a efecto unas órdenes de detención contra el general Ríos Montt y una solicitud de extradición emitida por un juez español en 2006, fue muy criticada por no reconocer el principio de jurisdicción universal.
En diciembre, un magistrado italiano dictó órdenes de detención contra 146 ex altos cargos militares y políticos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Las órdenes guardaban relación con el homicidio y la desaparición forzada de ciudadanos sudamericanos de origen italiano durante la Operación Cóndor, plan conjunto acordado por al menos seis gobiernos militares en las décadas de 1970 y 1980 para eliminar a opositores políticos.
Discriminación social y económica
Aumentaron las presiones para que los nuevos gobiernos de Latinoamérica y el Caribe cumplieran su promesa de abordar las inveteradas desigualdades sociales y económicas. Se reconoció que algunos programas encaminados a reducir la pobreza estaban teniendo efectos positivos, pero se criticaron otros por hacer más hincapié en la caridad que en la realización de los derechos humanos y en la promoción de la igualdad.
La persistente exclusión política de amplios sectores de la población, en especial los pueblos indígenas y las personas de ascendencia africana, estaba relacionada con la discriminación y los obstáculos para acceder a un amplio abanico de servicios esenciales para hacer realidad los derechos humanos. Esto se acompañaba de la persistente tendencia a tratar como marginales a amplios sectores de la población o a excluirlos a la hora de definir las directrices del desarrollo económico. La falta de transparencia y rendición de cuentas servía con frecuencia para proteger intereses económicos creados y continuó siendo un obstáculo importante para la superación de la pobreza y la discriminación.
Sin embargo, algunas comunidades siguieron organizándose para luchar por la realización de sus derechos, a menudo haciendo frente a amenazas y actos de intimidación. En México, por ejemplo, numerosos miembros de comunidades indígenas y campesinas se opusieron a proyectos como la construcción de una presa en La Parota. En varios países de la región meridional andina, algunas comunidades se organizaron para oponerse a actividades mineras que suponían una amenaza para zonas protegidas y un grave peligro para el medio ambiente.
Varios países, como Nicaragua y Paraguay, siguieron sin aplicar las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas al derecho a la tierra de los pueblos indígenas.
En toda la región se presentaron cargos penales falsos contra centenares de activistas y dirigentes comunitarios por intentar proteger las tierras de comunidades rurales pobres contra usurpaciones ilegales, a menudo llevadas a cabo por empresas nacionales y multinacionales. Algunos fueron condenados y encarcelados injustamente.
En países como República Dominicana, Perú y Guatemala, la exclusión social se veía agravada porque las autoridades no facilitaban a los miembros de algunos sectores de la población las correspondientes partidas de nacimiento. Las personas que carecían de documentación corrían el peligro de que se les negara el acceso a una serie de servicios, como la educación y la salud. En la práctica se les negaba también el derecho a votar, a participar en los asuntos públicos, a la seguridad de tenencia de viviendas y tierras y a contar con un empleo regular.
En Estados Unidos, la discriminación racial se caracterizaba por las disparidades en el procedimiento policial y en el sistema de justicia penal, y por el trato dado a los ciudadanos no estadounidenses bajo custodia de las fuerzas armadas de Estados Unidos en el contexto de la «guerra contra el terror».
En el Caribe y Centroamérica siguieron en vigor leyes discriminatorias que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo. En Nicaragua, sin embargo, se eliminaron del nuevo Código Penal las disposiciones que penalizaban las relaciones entre gays y lesbianas.
El VIH/sida continuó afectando más a las mujeres que a los hombres, alcanzando su mayor incidencia entre las mujeres del Caribe (sobre todo de Haití y República Dominicana); Cuba siguió siendo la excepción, con bajos índices de infección notificados. La tasa desproporcionadamente alta de infección por VIH y de mortalidad materna entre los pueblos indígenas de toda la región reflejaba también los efectos de la discriminación en el acceso a los servicios de salud.
En cuatro países del continente –Chile, El Salvador, Honduras y Nicaragua– el aborto siguió estando penalizado en todas las circunstancias. En Nicaragua, en octubre, un año después de que se penalizara el aborto en todos los casos, grupos de defensa de los derechos de las mujeres denunciaron que las mujeres pagaban con su vida este retroceso en la protección materna. Sus investigaciones indicaban un aumento de las muertes de mujeres gestantes, que se podrían haber evitado con la despenalización del aborto. Por el contrario, en Ciudad de México, tras aprobarse en abril una ley que despenalizaba el aborto, las muertes por abortos poco seguros disminuyeron.
La denuncia de abusos siguió siendo una actividad peligrosa en muchos países. Se amenazó y agredió a periodistas que denunciaban actos de corrupción y a ecologistas que denunciaban los daños causados por la contaminación de los recursos naturales, de los que dependía el sustento de millones de personas.
La Declaración Universal de Derechos Humanos promete un mundo libre de temor y de miseria, pero esa vida sin miseria sigue siendo algo meramente ilusorio para muchas personas de la región, tanto en el norte como en el sur. A pesar del asombroso crecimiento económico de los últimos 60 años, las inveteradas injusticias sociales continúan excluyendo a comunidades enteras de sus beneficios potenciales. Millones de personas siguen sufriendo discriminación y exclusión social. En toda la región están surgiendo movimientos diversos, polifacéticos y dinámicos que hacen frente a este problema y que están desarrollando nuevas formas de activismo y potenciación de los derechos. Estos movimientos exigen que todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos sean una realidad para todas las personas.
Pese a la tendencia a tratar como marginales a amplios sectores de la población a la hora de definir las directrices del desarrollo económico, algunas comunidades siguieron organizándose para luchar por la realización de sus derechos, a menudo haciendo frente a amenazas y actos de intimidación.
Están surgiendo movimientos diversos, polifacéticos y dinámicos que hacen frente a este problema y que están desarrollando nuevas formas de activismo y potenciación de los derechos. Estos movimientos exigen que todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos sean una realidad para todas las personas.
Hechos sucedidos en 2008
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