Declaración Universal de Derechos Humanos: 60 años después
En 1948, Europa había quedado arrasada por la Segunda Guerra Mundial y no tardaría en sufrir más divisiones debido a la Guerra Fría. En los 60 años siguientes, estas experiencias influyeron de manera decisiva en las respuestas individuales y colectivas a la necesidad de encontrar un terreno común mientras la región intentaba crear prosperidad, garantizar la seguridad y consolidar el Estado de derecho.
De hecho, en el plazo de 10 años Europa Occidental había sentado las bases de lo que con el tiempo se convertiría en una estructura de instituciones regionales paneuropeas: estaba en proceso de crear un sistema de derechos humanos sin parangón en el mundo y de transformar lo que empezó siendo una comunidad específica del carbón y el acero en una unión con poder político y económico de alcance mundial.
En ese tiempo, el Consejo de Europa elaboró el primer instrumento jurídico internacional destinado a proteger los derechos humanos, creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para obligar a su cumplimiento y estableció la Asamblea Parlamentaria. El Consejo, en la actualidad integrado por 47 Estados miembros, ha potenciado su sistema con la creación de la figura del comisario de derechos humanos y de varios órganos de vigilancia de los tratados, conservando al mismo tiempo una visión favorable a los derechos humanos, la democracia pluralista y el Estado de derecho.
Las comunidades económicas establecidas en la década de 1950 evolucionaron hasta dar lugar a lo que hoy es la Unión Europea, que ha crecido en extensión, al admitir como miembros a Estados del antiguo bloque comunista, y en visión, al aspirar a una «unión de valores» y a situar los derechos humanos en el centro de su política interior y exterior.
La configuración política de la Europa posterior a la guerra mundial también dio lugar a la creación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Se trata de la mayor organización regional de seguridad del mundo, con 56 Estados participantes, entre ellos los de Asia Central. Sus orígenes se remontan a la etapa de distensión de principios de la década de 1970, cuando la organización sirvió de foro multilateral para el diálogo y la negociación entre los bloques del Este y el Oeste. Uno de los grandes logros de la OSCE fue el Proceso de Helsinki, que a su vez inspiró la creación de toda una diversidad de ONG con el cometido de vigilar los compromisos básicos en materia de derechos humanos que los Estados habían contraído con la ciudadanía.
Pero el camino recorrido hasta este punto no ha sido nada fácil. En los 60 años transcurridos ha habido dictaduras militares en España, Grecia, Portugal y Turquía, así como Estados represores en el bloque soviético. Grupos armados han intentado promover la causa de alguna minoría o ideología en particular por la vía de la fuerza. Conflictos feroces han convulsionado algunas zonas de las extintas Unión Soviética y Yugoslavia tras su disolución. Emergieron nuevos Estados, pero también entidades con un estatuto no resuelto que siguen sin ser reconocidas por la comunidad internacional.
Quedan por delante importantes desafíos. Gran parte de la región goza de estabilidad, pero persiste la impunidad por los crímenes cometidos en conflictos recientes y quedan cientos de miles de personas desplazadas sin apenas perspectivas de retorno inminente. Gran parte de la región ha crecido en prosperidad, pero no se benefician de ella las personas excluidas de los derechos económicos y sociales fundamentales debido al racismo o a otras formas de discriminación.
Europa aún constituye un imán para las personas que intentan huir de la persecución, la violencia o la pobreza, pero sigue defraudándolas con sus soluciones represivas al problema de la inmigración irregular. La seguridad constituye una preocupación primordial para los Estados de toda la región, y sin embargo se ve constantemente perjudicada por aquellos que le conceden primacía sobre los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo, o que abusan ostensiblemente de ella para reprimir la disidencia o impedir que se cuestione el statu quo.
La región sigue siendo territorio inseguro para las incontables víctimas de violencia en el ámbito familiar.
También es una triste verdad que en esta región, que se presenta como modelo en materia de derechos humanos, todavía existe un abismo entre retórica y realidad, entre las normas y su aplicación, entre los principios y su realización.
Del mismo modo que asumieron de manera voluntaria los diversos compromisos de las instituciones regionales, algunos Estados han eludido también voluntariamente sus obligaciones, atacando y erosionando los derechos humanos y dejando de reunir la voluntad política necesaria para hacer frente a abusos fundamentales.
En el plazo de 10 años, Europa Occidental había sentado las bases de lo que con el tiempo se convertiría en una estructura de instituciones regionales paneuropeas: estaba en proceso de crear un sistema de derechos humanos sin parangón en el mundo.
También es una triste verdad que en esta región, que se presenta como modelo en materia de derechos humanos, todavía existe un abismo entre retórica y realidad, entre las normas y su aplicación, entre los principios y su realización.
2007 a examen
Seguridad y derechos humanos
Uno de los asuntos más alarmantes en este ámbito es el de las «entregas extraordinarias». A lo largo de 2007 salieron a la luz datos sobre la complicidad de Estados europeos en el programa de detenciones secretas e ilegales dirigido por Estados Unidos que, definitivamente, no admitían discusión. También vinieron a demostrar que los gobiernos habían sido cómplices en el traslado de personas a países extranjeros al margen del Estado de derecho, así como en desapariciones forzadas y en la tortura y otros malos tratos infligidos a las víctimas de tales entregas y detenciones secretas. Además, se han identificado claramente los vacíos legales que favorecían la conducta ilegítima de los servicios nacionales de información dentro y fuera de Europa y los protegían frente a la rendición de cuentas; sin embargo, la invariable respuesta de los Estados siguió siendo el silencio y la pasividad.
En otras muchas áreas primó la seguridad sobre derechos humanos fundamentales, en detrimento de ambos. Kazajistán, la Federación Rusa y Uzbekistán siguieron cooperando, entre ellos y con China, en nombre de la seguridad regional y la «guerra contra el terror» por medios contrarios a sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el relativo a los refugiados, por ejemplo devolviendo a personas a países donde corrían peligro de sufrir tortura y otras violaciones graves de derechos humanos.
El gobierno británico siguió menoscabando la prohibición universal de la tortura al expulsar a personas a las que consideraba peligrosas para la seguridad nacional a Estados en los que tendrían que afrontar el peligro real de sufrir abusos graves, basándose en unas «garantías diplomáticas» imposibles de hacer respetar. Además, intentó convencer a otros Estados europeos, e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que tales garantías eran legítimas.
En Turquía y Tayikistán existía preocupación por la ausencia de juicios con las debidas garantías en las causas abiertas en aplicación de la legislación antiterrorista.
Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes
Personas que buscaban protección internacional y otras personas de nacionalidad extranjera siguieron sufriendo la práctica sistemática de violaciones de derechos humanos. Hombres, mujeres y menores no tuvieron fácil el acceso a los procedimientos de concesión del asilo; a algunos los detuvieron de manera ilegítima, y a otros les negaron el asesoramiento y apoyo jurídico necesarios. Muchos fueron expulsados ilegalmente antes de que se examinaran sus solicitudes, y a algunos los enviaron a países donde estaban expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos. En algunos lugares, los solicitantes de asilo rechazados quedaban condenados a vivir en la miseria.
En países como Bélgica, Francia y Suiza se adoptaron leyes que imponían más restricciones sobre los derechos de solicitantes de asilo y migrantes.
En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en la causa sobre el homicidio por motivos raciales del romaní Angel Dimitrov Iliev, cometido en 1996 por un grupo de seis adolescentes en la localidad de Shumen. El tribunal señaló que las autoridades, pese a reconocer el carácter abyecto del crimen, no habían acometido una investigación pronta y eficaz sobre los hechos.
Racismo y discriminación
La discriminación por motivos de identidad contra la comunidad romaní, aún excluida en gran medida de la vida pública y sin pleno acceso a vivienda, empleo y servicios de salud, seguía estando muy extendida en la región. En algunos países, las autoridades no garantizaban a los menores romaníes su derecho a la educación sin sufrir discriminación; toleraban y a menudo promovían la creación de centros o clases especiales, en algunos de los cuales se impartía un programa de estudios reducido. También hubo romaníes entre las víctimas de «crímenes de odio», junto a judíos y musulmanes. En Rusia se perpetraron ataques racistas con una periodicidad alarmante.
Muchas personas sufrían discriminación debido a su condición jurídica, como las personas desplazadas por los conflictos en la ex Yugoslavia y la antigua Unión Soviética, cuyo acceso a diversos derechos se restringía o se denegaba completamente por motivos relacionados con su registro y residencia.
Las autoridades de Lituania, Moldavia, Polonia y la Federación Rusa siguieron propiciando un clima de intolerancia contra las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Por ejemplo, algunos políticos que ocupaban altos cargos utilizaron expresiones claramente homófobas y hubo obstrucciones de actos públicos. En Letonia, en cambio, a diferencia de los dos años anteriores, se permitió celebrar una marcha a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, debidamente protegida por la policía frente a personas que se oponían a su celebración.
Impunidad y rendición de cuentas
Si bien hubo algún avance en la tarea de hacer frente a la impunidad por los delitos cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia en la década de 1990, numerosos autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad siguieron eludiendo la acción de la justicia debido a la falta de cooperación de las autoridades con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y a los esfuerzos insuficientes de los tribunales nacionales.
En toda la región seguían practicándose la tortura y otros malos tratos, a menudo como medio para obtener confesiones y en muchos casos en un contexto de discriminación racial. Algunos de los obstáculos para abordar la impunidad en torno a tales abusos fueron la burla de las salvaguardias por parte de la policía, la falta de acceso a representación letrada sin demora, el miedo de las víctimas a sufrir represalias, la ausencia de un sistema independiente y dotado de recursos suficientes para realizar el seguimiento de las denuncias y la corrupción en el seno de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y del poder judicial. En países como Bosnia y Herzegovina, Moldavia, España, la Federación Rusa, Turquía, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán se ha perpetuado una cultura de impunidad al no emprenderse investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales.
En noviembre, 10 agentes de policía fueron declarados no culpables de la tortura de dos mujeres bajo custodia policial en Estambul en 2002. Según los informes, «Y» y «C» habían sido sometidas a diversas torturas: les propinaron palizas, las desnudaron, les dispararon con agua a presión con una manguera e intentaron violarlas. Los fallos se emitieron después de que se realizara un nuevo informe médico a petición de los acusados, según el cual no se apreciaban «pruebas definitivas de que se hubiese cometido el delito de tortura».
Pena de muerte
Continuaron los avances significativos hacia la abolición de la pena de muerte en toda la región. En mayo, Kazajistán redujo el número de delitos punibles con la muerte a un solo delito relacionado con el terrorismo y mantuvo la suspensión de las ejecuciones, al igual que Tayikistán. En junio, Kirguistán y Uzbekistán promulgaron enmiendas para sustituir la pena de muerte por cadena perpetua o largas penas de prisión. Sin embargo, Uzbekistán se negó a declarar la suspensión de las ejecuciones con anterioridad a la entrada en vigor de los cambios, al comienzo de 2008.
En contra de la tendencia general, Bielorrusia se mantuvo inamovible en su papel de único país europeo ejecutor en la práctica. Allí, como en los demás países mencionados, el secretismo seguía siendo motivo de preocupación. No se entregaba a los familiares el cuerpo de la persona ejecutada ni se les comunicaba el lugar de su inhumación, y tampoco se daban a conocer estadísticas sobre la aplicación de la pena capital.
Violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito familiar seguía siendo omnipresente en la región, y afectaba a todas las edades y todos los grupos sociales. Se manifestaba a través de una diversidad de insultos y abusos psicológicos, violencia sexual y de otros tipos, control económico y asesinato. Por lo común, sólo un reducido porcentaje de las mujeres denunciaba estos abusos debido, entre otras cosas, al temor a sufrir represalias por parte de la pareja que las había sometido a abusos; el temor a ser procesadas por otros delitos; el sentimiento de culpa; el miedo a traer la «deshonra» a la familia; la inseguridad económica; la condición de inmigrante irregular, o la falta de centros de acogida y otras medidas efectivas, como órdenes de alejamiento que les garantizasen protección a ellas y a sus hijos. Pero, sobre todo, debido a la impunidad generalizada de que disfrutaban los perpetradores.
También era frecuente que las mujeres no confiaran en que las autoridades competentes fueran a considerar los abusos como delitos –y no como un asunto privado– y a tratarlos efectivamente como tales. Al no solventarse esa falta de confianza a la hora de denunciar, no sólo se obstaculizó la acción de la justicia en los casos individuales, sino que además se obstruyeron los esfuerzos para abordar tales abusos en todos los ámbitos de la sociedad al ocultarse el verdadero alcance y naturaleza del problema.
Aunque se adoptaron algunas medidas positivas en materia de protección legislativa en este ámbito, seguían existiendo otras carencias fundamentales. En algunos países no existían leyes que tipificaran expresamente como delito la violencia doméstica y en otros se recogían datos estadísticos completos, todo lo cual impedía que se pudieran prestar servicios adecuados o prevenir los abusos, además de acrecentar las repercusiones negativas para las mujeres. En Georgia, la policía y los tribunales habían cursado órdenes de protección y alejamiento en muchos casos desde que en 2006 se aprobó una ley sobre violencia doméstica. Sin embargo, algunas disposiciones básicas de esta ley no se aplicaron íntegramente o con prontitud, y el número de centros de acogida para las víctimas seguía siendo insuficiente. En España, entre otras medidas positivas, se adoptó un protocolo para los trabajadores de la salud encargados de atender a las víctimas de la violencia de género. Sin embargo, las mujeres migrantes continuaron especialmente expuestas a sufrir violencia, ya que seguían siendo víctimas de discriminación, en la legislación y en la práctica, cuando intentaban acceder a la justicia y a recursos básicos, como ayuda económica, tratamiento psicológico y centros de acogida.
Trata de personas
Dentro de Europa y a través de su territorio se siguió traficando con hombres, mujeres y menores para su explotación en sectores laborales no regulados, como el servicio doméstico, la agricultura, la manufactura, la construcción, la hostelería y la explotación sexual forzada. La trata de personas para tales fines estaba muy extendida y prosperaba en condiciones de pobreza, corrupción, falta de educación y quiebra social.
En vez de ser tratadas como víctimas de atroces delitos, como era su derecho, las personas objeto de trata que se dirigían a las autoridades para denunciar su situación solían ser tratadas como delincuentes, inmigrantes ilegales o como meros instrumentos útiles en el sistema de justicia penal. La ayuda que se ofrecía a las personas que habían sido víctimas de trata para recuperarse de la terrible experiencia vivida se condicionaba normalmente a que aceptaran colaborar en las causas penales abiertas contra quienes las habían sometido a esa práctica. Esta cooperación a menudo colocaba en situación de mayor peligro a las personas víctimas de trata y a sus familiares.
El acceso a la justicia para obtener reparación –que incluyese resarcimiento, indemnización, restitución y rehabilitación– por los abusos era excepcional. Las personas de nacionalidad extranjera sin derecho de residencia en el país en el que se encontraban con frecuencia eran expulsadas sin que se tuvieran en cuenta los peligros que podían acecharlas a su regreso, como ser de nuevo objeto de trata, represalias u otras formas de violencia.
Muchos Estados no ofrecieron garantías de que en esta área fueran a centrarse en el respeto y la protección de los derechos de las víctimas de trata. En Grecia, la gran mayoría de las mujeres que eran objeto de trata seguían sin ser identificadas como tales por las autoridades y, por tanto, no podían ejercer su derecho a recibir protección y ayuda. En Suiza, las personas que sobrevivían a la trata podían obtener un permiso de residencia temporal mientras durasen los procedimientos en los que iban a declarar, pero perdían el derecho a quedarse en el país cuando terminaba el proceso.
Sin embargo, un dato positivo fue que en 2007 se elevó a 10 el número de países que habían ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, lo que permitió su entrada en vigor en esos países en febrero de 2008. En Portugal, las sobrevivientes de trata ya no eran clasificadas como migrantes irregulares.
En enero, el Tribunal de Delitos Graves condenó a Fatos Kapllani y Arben Osmani a penas de 16 y 15 años de cárcel, respectivamente, por trata de menores, a quienes enviaban a Grecia y obligaban a ejercer la prostitución o la mendicidad. La protección de testigos siguió siendo problemáticaen Albania. El personal del Departamento de Protección de Testigos del Ministerio del Interior recibió formación en materia de protección de testigos y, en abril, el gobierno aprobó una normativa para el tratamiento de las víctimas. No obstante, en noviembre la policía emprendió acciones judiciales contra una joven de 17 años, según informes, por «no denunciar un delito» y negarse a identificar a los tratantes que la habían enviado a Italia para fines de prostitución forzada a la edad de 14 años.
Se elevó a 10 el número de países que habían ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, lo que permitió su entrada en vigor.
Represión de la disidencia
En muchas zonas de la región seguían amenazadas las libertades de expresión y asociación, por lo que el espacio para las voces independientes y la sociedad civil se vio reducido. En Turquía seguían vigentes leyes que amordazaban la opinión disidente pacífica, y entre las víctimas de hostigamiento, amenazas, procesamientos injustos y ataques violentos hubo abogados, periodistas y defensores de los derechos humanos. A partir de la muerte por disparos del periodista turco de origen armenio Hrant Dink, en enero, prevaleció una atmósfera de intolerancia.
En Uzbekistán prosiguió el deterioro de la libertad de expresión y de reunión, y la presión sobre defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas independientes no dio señales de disminuir. En Bielorrusia continuaron las medidas represivas contra la sociedad civil: cualquier forma de actividad pública no autorizada por el Estado, incluso el culto religioso, podía ser objeto de enjuiciamiento y se menospreciaban los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Aunque el nuevo presidente de Turkmenistán rectificó algunas de las políticas de sus predecesores, no hubo mejoras fundamentales en la realización de los derechos humanos; disidentes, periodistas independientes, activistas de la sociedad civil y miembros de minorías religiosas fueron, según informes, objeto de hostigamiento, detención o encarcelamiento. En Azerbaiyán, periodistas independientes y de la oposición se enfrentaron a penas de cárcel por cargos de difamación y sufrieron el hostigamiento de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y, en algunos casos, agresiones físicas a manos de desconocidos. Se clausuraron dos periódicos de la oposición con gran número de lectores, y las autoridades de ámbito local confiscaron ediciones de periódicos de la oposición que publicaban información delicada sobre temas políticos o prohibieron su venta.
Las autoridades rusas se mostraron cada vez más intolerantes con la disidencia y las críticas, que calificaron de «antipatrióticas». Durante todo el año fue evidente una campaña represiva sobre los derechos civiles y políticos, en particular durante el periodo previo a las elecciones parlamentarias de diciembre. Se siguió abrumando a las ONG con la imposición de onerosos requisitos sobre la presentación de informes, mediante la introducción de enmiendas en la legislación. En Chechenia, y en toda la región del Cáucaso Septentrional en general, las personas que intentaban obtener justicia eran objeto de intimidación y represalias.
A pesar de la intimidación, las amenazas y las detenciones, defensores y defensoras de los derechos humanos de toda la región se mantuvieron firmes en la visión de 1948, continuaron desempeñando su labor con decisión e inspiraron a otros para unirse a la búsqueda de una paz duradera y del respeto de los derechos humanos de todas las personas.
El 9 de enero, Sumaia Abzueva, de 76 años, se dirigía al mercado de Argun cuando presuntamente un grupo de jóvenes le propinó una paliza. La mujer había solicitado que se investigase el homicidio de su hijo en 2005. Sumaia Abzueva afirmó que los hombres que habían detenido a su hijo y se lo habían llevado del domicilio familiar la habían amenazado en más de una ocasión. Se sospechaba que estos hombres eran miembros de las fuerzas de seguridad chechenas.
Hechos sucedidos en 2008
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