Declaración Universal de Derechos Humanos: 60 años después
Hace 60 años, varios gobiernos de Oriente Medio enviaron representantes a las negociaciones en las que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre los 48 Estados con visión de futuro que la aprobaron figuraban Egipto, Irán, Irak, Líbano y Siria, mientras que entre los 8 que se abstuvieron se encontraba, junto con la Unión Soviética y la Sudáfrica del apartheid, Arabia Saudí.
Seis decenios después, cabría esperar que, con tanto apoyo inicial, la Declaración Universal hubiera tenido mayor impacto en la vida de las personas que habitan la región de Oriente Medio y el Norte de África. Sin embargo, esta región va a la zaga de África, América y Europa en el desarrollo de marcos jurídicos y sistemas de aplicación efectivos para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas. De hecho, ciertos Estados, como Arabia Saudí y algunos de los Estados del Golfo Pérsico, no son todavía Parte en los dos principales tratados internacionales surgidos directamente de la Declaración Universal, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la mayoría de los demás Estados ratificaron hace ya muchos años. Asimismo, Irán es uno de los poquísimos Estados que no son Parte aún en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
De hecho, es ahora, en el 60 aniversario de la Declaración Universal, cuando la Carta Árabe de Derechos Humanos está por fin a punto de entrar en vigor. Hay en ella aspectos positivos, que amplían los derechos proclamados en los tratados internacionales de derechos humanos, pero tiene también aspectos muy negativos –como el hecho de que no prohíba la ejecución de menores–, que los Estados podrían intentar utilizar para incumplir obligaciones que han contraído en virtud de normas vinculantes mundialmente.
Por múltiples y complejas razones, el sistema internacional de derechos humanos se ha desarrollado con lentitud en la región de Oriente Medio y el Norte de África. Hasta cierto punto, muchos líderes consideraron que la Declaración Universal representaba un intento de imponer los valores «occidentales» tras la Segunda Guerra Mundial. Las referencias que se hacen en la Declaración Universal a la no discriminación, por ejemplo, chocaban con los sistemas jurídicos y consuetudinarios de los países de la región, las opiniones sobre la libertad de religión y las distintas funciones y roles de mujeres y hombres.
Sin embargo, estas diferencias podrían haberse superado de no haberse producido en 1948 otros acontecimientos clave, concretamente la creación del Estado de Israel y el consiguiente desposeimiento de la población palestina. El establecimiento de un Estado judío en medio de un mundo musulmán árabe tuvo un efecto de cataclismo, que provocó de hecho un continuo estado de guerra entre Israel y sus vecinos árabes. El desposeimiento de la población palestina y la aparición de una población palestina refugiada en el exilio generó una difícil situación que sigue sin resolverse y que genera con frecuencia combates entre Israel y sus vecinos, el más reciente de los cuales ha sido la guerra de 34 días que mantuvieron Israel y Hezbolá en 2006.
A menudo se utilizan los sentimientos populares con fines políticos. Así, el gobierno sirio y, en cierta medida, el egipcio, se han valido de la «amenaza» que representa Israel para justificar el estado de excepción vigente desde hace decenios en sus respectivos países, y, similarmente, Israel utiliza la «amenaza» que suponen para él sus vecinos árabes para justificar su política militarista y asegurarse el apoyo occidental. El hecho de que la comunidad internacional no ponga fin a la ocupación militar israelí de los Territorios Palestinos ni encuentre una solución duradera que reconozca y garantice los derechos fundamentales tanto de la población israelí como de la palestina ensombrece considerablemente las perspectivas de la región en general y sigue siendo una fuente potencial de confrontación regional o mundial.
Los gobiernos de la región continúan centrándose en la «seguridad del Estado» y la «seguridad pública» en perjuicio de los derechos humanos y de la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Esta actitud se ha agudizado desde el comienzo de la «guerra contra el terror». Los abusos graves contra los derechos humanos siguen siendo un fenómeno generalizado y firmemente arraigado en muchos Estados de Oriente Medio y el Norte de África. Aunque se habla de democracia, buen gobierno y rendición de cuentas, el poder sigue estando en su mayor parte en las firmes manos de pequeñas élites, como una oligarquía clerical en Irán, sectores civiles con estrechos vínculos con los militares en Argelia, Egipto y Túnez, minorías religiosas en los Estados del Golfo Pérsico y sectores baasistas laicistas en Siria. Todas estas élites no rinden apenas cuentas a la población de los países que gobiernan.
En toda la región, todopoderosos servicios de seguridad e inteligencia se ocupan de mantener el poder del Estado y reprimir la disidencia y el debate. Las personas que denuncian públicamente algo se exponen a ser detenidas arbitrariamente, recluidas sin juicio y sometidas a tortura y otros malos tratos por la policía de seguridad, cuyos señores políticos le permiten cometer abusos contra los derechos humanos con impunidad. Con demasiada frecuencia, las víctimas no tienen forma de interponer un recurso o buscar resarcimiento. Los tribunales carecen de independencia y están subordinados al poder ejecutivo del Estado.
Los gobiernos occidentales, si bien no estaban dispuestos a arriesgar sus intereses económicos y, de hecho, habían aplicado ellos mismos políticas manifiestamente represivas en el periodo colonial, al menos denunciaban tales abusos y propugnaban un proceso de cambio. Sin embargo, desde el 11 de septiembre de 2001, incluso sus críticas se han vuelto más suaves. En el marco de la «guerra contra el terror», Estados Unidos y otros países occidentales han hecho aliados entre los servicios de seguridad e inteligencia de algunos de los regímenes más represivos de la región. Han efectuado entregas secretas de detenidos a países como Egipto, Jordania y Siria para que pudieran ser recluidos, interrogados y torturados, o los han devuelto a Argelia o Túnez a pesar de que corrían el riesgo de sufrir tales abusos. Al hacerlo, no sólo han infringido el derecho internacional, sino que también han contribuido a consolidar los métodos abusivos de los aparatos de seguridad de la región.
Hoy día, las esperanzas de reforma descansan principalmente en la creciente población joven de la región, que pregunta cada vez más por qué no puede acceder a sus derechos humanos inalienables ni disfrutar de ellos. Debido al alcance cada vez mayor de la radio y la televisión por satélite y al creciente uso de Internet, ya no resulta tan sencillo cerrar los espacios para el debate.
Se está poniendo en tela de juicio lo que las élites gobernantes de la región daban por sentado. Se está ejerciendo presión para que esas élites se adapten y rindan cuentas en mayor medida a las poblaciones a las que representan. Poco a poco se está produciendo una transformación. Hay señales por todas partes: las campañas «Un millón de firmas» y «Detengan las lapidaciones para siempre» emprendidas por activistas de los derechos humanos en Irán; las protestas de jueces que piden más independencia judicial en Egipto; la emancipación de las mujeres en Kuwait; los esfuerzos realizados en Marruecos para afrontar los abusos cometidos en el pasado y para abolir la pena de muerte; la determinación de las personas firmantes de la Declaración de Damasco encarceladas en Siria; y los esfuerzos de las organizaciones israelíes y palestinas de derechos humanos por tender puentes entre las comunidades.
Cabría esperar que, con tanto apoyo inicial, la Declaración Universal hubiera tenido mayor impacto en la vida de las personas que habitan la región
Los gobiernos de la región continúan centrándose en la «seguridad del Estado» y la «seguridad pública» en perjuicio de los derechos humanos y de la vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
2007 a examen
Conflictos
En 2007, casi cinco años después de la invasión dirigida por Estados Unidos que derrocó a Sadam Husein, el conflicto de Irak no perdió apenas intensidad. En la primera parte del año, el presidente estadounidense, George W. Bush, prometió 26.000 soldados más para un plan de intensificación de las operaciones militares conocido como surge (oleada), con el que se pretendía mejorar la seguridad, pero los abusos contra los derechos humanos siguieron siendo un fenómeno generalizado, del que eran responsables diversos agentes: las milicias y grupos armados chiíes y sunníes, las fuerzas del gobierno iraquí y la Fuerza Multinacional dirigida por Estados Unidos. La violencia sectaria fue causa de millares de muertes, así como de terribles mutilaciones y tortura. Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares: había unos 2 millones de refugiados y 2,2 millones más de personas desplazadas internamente. Hacia el final del año, fuentes gubernamentales estadounidenses e iraquíes indicaron que el plan surge había resultado efectivo, porque había hecho posible una reducción del número de homicidios de civiles y el regreso de algunos refugiados, pero los atentados siguieron siendo frecuentes y la mayoría de los iraquíes continuaron viviendo en condiciones espantosas. Más de 60.000 personas se hallaban recluidas sin juicio, bajo custodia de la Fuerza Multinacional dirigida por Estados Unidos o de las autoridades iraquíes; la tortura era común, y las fuerzas de seguridad iraquíes recurrían impunemente a ella, y a las personas acusadas de cometer atentados y homicidios se las llevaba ante tribunales donde, sin garantías aún de juicio justo, eran condenadas, cada vez más, a muerte.
Al final de 2007, Turquía estaba concentrando tropas a lo largo de la frontera con Irak para lanzar ataques contra separatistas kurdos turcos que habían establecido sus bases allí. La guerra verbal cada vez más estridente que mantenían los gobiernos estadounidense e iraní siguió amenazando a todo el Golfo Pérsico.
La situación no era mejor en los Territorios Palestinos bajo ocupación israelí. Los grupos armados palestinos continuaron lanzando indiscriminadamente cohetes Qassam de fabricación casera contra el sur de Israel, causando víctimas entre la población civil, mientras que Israel utilizó su poderío militar para responder a estos ataques, matando e hiriendo a civiles palestinos. Al mismo tiempo, las autoridades israelíes continuaron expandiendo los asentamientos ilegales de la Cisjordania ocupada, sometiendo a estrictos controles la circulación de la población palestina y construyendo una valla/muro «protectora», para levantar la cual expropiaron crecientes extensiones de tierra palestina. En Cisjordania y Gaza, el impacto de estas medidas se vio agravado por las profundas divisiones existentes en el seno de la comunidad palestina. En la primera mitad del año estallaron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos armados palestinos rivales, leales a Fatah y Hamás, pero fue en junio cuando alcanzaron su punto álgido, al hacerse Hamás con el control de la Franja de Gaza y no dejar más que Cisjordania bajo la administración de la Autoridad Palestina dirigida por Fatah. Acto seguido, la comunidad internacional suspendió la ayuda a Gaza, mientras que las autoridades israelíes impusieron un bloqueo que supuso infligir un castigo colectivo a los 1,5 millones de habitantes de la Franja. Los efectos se hicieron sentir sobre todo en los sectores más vulnerables: la población infantil y las personas de edad avanzada o enfermas. Se impidió a personas con enfermedades mortales salir del territorio para buscar ayuda médica.
En agosto, Mostafa Ahmad, taxista y refugiado palestino, fue secuestrado por unos hombres armados, pertenecientes, al parecer, al Ejército Mahdi. Dos días más tarde, los secuestradores utilizaron su teléfono móvil para decir a su familia que fuera a recoger el cadáver a la morgue. Además de torturarlo con una taladradora y arrancarle los dientes, habían disparado seis veces contra él.
En agosto, las fuerzas israelíes destruyeron varias viviendas y corrales en Humsa, pequeño pueblo cisjordano de la zona del valle del Jordán. Las familias de Abdallah Hsein Bisharat y Ahmad Abdallah Bani Odeh, que sumaban en total unas 40 personas, en su mayoría menores, perdieron sus hogares. El ejército confiscó además las cisternas de agua del pueblo y un tractor. Los habitantes de Humsa se habían visto obligados a trasladarse allí desde la cercana localidad de Hadidiya tras amenazar el ejército israelí con destruir sus hogares, pues consideraba ese lugar «zona militar cerrada», que sólo podía ser utilizada para las prácticas de tiro de las fuerzas israelíes.
«Guerra contra el terror»
Los efectos de la «guerra contra el terror» siguieron siendo profundos en toda la región y se vieron exacerbados por atentados, como los perpetrados en Argelia por un grupo armado, que se cobraron la vida de unas 130 personas, muchas de ellas civiles. No obstante, estos deplorables actos, que Amnistía Internacional condenó enérgicamente, no justificaban las violaciones generalizadas de derechos humanos que siguieron cometiéndose en nombre de la «guerra contra el terror» y de las que fueron víctimas muchas personas que no tenían nada que ver con el terrorismo ni con ninguna otra forma de violencia.
Al final del año, de los extranjeros recluidos en el campo de detención estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, el grupo más numeroso era el de los yemeníes. Algunos ciudadanos de otros Estados, como Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Libia y Túnez, fueron devueltos a sus respetivos países, donde, en general, quedaron detenidos a su llegada. Algunos fueron puestos en libertad poco después, pero otros fueron juzgados y condenados a prisión. En Arabia Saudí se sometió a los detenidos devueltos a un programa de «reforma» del que apenas se sabía nada, ni siquiera si era voluntario u obligatorio. En algunos casos –como los de dos hombres devueltos a Libia que, al parecer, fueron recluidos sin juicio–, al final de año se ignoraba la suerte que habían corrido los detenidos.
En Arabia Saudí, al igual que en otros países, las autoridades se valieron también de la «guerra contra el terror» para justificar medidas represivas impuestas mucho antes de la aparición de Al Qaeda. Los poderes extremos conferidos para practicar detenciones arbitrarias, recluir a los detenidos en régimen de incomunicación y en secreto y efectuar registros y confiscaciones se ejercieron no sólo contra presuntos terroristas, sino también, de manera más general, para reprimir la disidencia. En Egipto se presentaron cargos contra destacados miembros de la Hermandad Musulmana que, a pesar de ser civiles, tuvieron que comparecer por orden presidencial ante un tribunal militar tras haber desestimado un tribunal civil todos los cargos formulados contra algunos de ellos. En Marruecos se detuvo a más de un centenar de personas sospechosas de ser islamistas radicales.
Detención sin juicio, tortura y otros malos tratos
Millares de personas fueron recluidas sin juicio en toda la región por razones políticas. Según informes, en Egipto había unas 18.000 personas sometidas a detención administrativa, entre ellas algunas detenidas en años anteriores, aunque el Ministerio del Interior aseguraba que no eran más de 1.500. El gobierno saudí reveló que desde 2003 se había detenido a 9.000 personas, más de 3.000 de las cuales continuaban privadas de libertad en julio de 2007. Las autoridades israelíes mantenían sometidos a detención administrativa a más de 800 palestinos. Al igual que los más de 8.000 –muchos de ellos menores de edad– que las autoridades israelíes mantenían también recluidos en prisión preventiva o cumpliendo condena, la mayoría de estos 800 se hallaban recluidos en Israel, lo que constituía una violación del derecho internacional y les impedía en la práctica recibir visitas de sus familias.
Tanto si su detención se debía a razones políticas como a presuntos delitos, las personas detenidas eran sometidas por lo general a tortura y otros malos tratos por la policía de seguridad, cuyo modus operandi consistía en golpear impunemente a quienes parecieran sospechosos para hacerles «confesar». En varios países, cuando la detención se había practicado por razones políticas, la policía contaba con la ayuda de tribunales cuyos jueces hacían reiteradamente caso omiso de las torturas infligidas antes de la comparecencia de los detenidos, denegaban las solicitudes presentadas por los abogados defensores para que se sometiera a sus clientes a un examen médico y dictaban sentencias condenatorias basadas únicamente en «pruebas» obtenidas mediante tortura. El Tribunal Supremo de Seguridad del Estado de Siria no era más que un ejemplo de esta situación. Un hecho preocupante fue el establecimiento en Libia de un nuevo órgano judicial, el Tribunal de Seguridad del Estado, que trajo recuerdos del injusto y desacreditado Tribunal Popular, abolido por las autoridades no hacía mucho, en 2005.
En varios países, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, se impusieron penas crueles e inhumanas, como condenas de flagelación y amputación de extremidades.
Un vídeo aparecido en abril mostró imágenes de torturas infligidas a reclusos de la prisión de Al Hair, en Riad. El gobierno dijo que iba a investigar el caso, y las autoridades de la prisión manifestaron posteriormente que se había castigado y retirado de su cargo durante un mes a un militar por tortura y se había retirado de su cargo a otro durante 20 días por no haber hecho nada para impedir las agresiones a los reclusos. No se sabía si se había iniciado alguna investigación independiente ni si se había llevado a los responsables ante la justicia.
Restricción de la libertad de expresión y de la disidencia
La mayoría de los gobiernos ejercieron un estricto control sobre la libertad de expresión y persiguieron a periodistas y otras personas cuyas declaraciones, escritos o blogs les parecían demasiado críticos o subversivos. Las autoridades presentaron cargos penales por difamación contra periodistas y autores de blogs en Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Túnez y Yemen. En Irán se encarceló a periodistas por expresar opiniones, y en Irak algunos fueron asesinados por grupos armados desconocidos. En muchos países, la disidencia y el activismo político y de derechos humanos entrañaban el riesgo de sufrir detención, encarcelamiento, hostigamiento e intimidación a manos de las autoridades del Estado.
Sin embargo, a pesar de los obstáculos de los gobiernos, el aumento del uso de Internet y los teléfonos móviles generó un mayor acceso público a la información y, en ocasiones, puso en evidencia a las autoridades y movilizó una nueva presión sobre ellas. En Egipto, unas breves imágenes de tortura grabadas con un teléfono móvil por la policía y difundidas en el barrio de la víctima causaron gran indignación y pusieron de manifiesto hasta qué punto la policía hacía uso generalizado de la tortura y se sentía invulnerable. Las incontables palabras con que durante años se habían denunciado estas prácticas jamás habían surtido ese efecto. El impacto de las imágenes obligó a las autoridades a ponerse a la defensiva y procesar a los agentes responsables.
Pena de muerte
Siguió haciéndose amplio uso de la pena de muerte en Irán, Arabia Saudí, Irak y Yemen, países cuyos gobiernos figuraban entre los mayores verdugos del mundo. Las autoridades iraquíes sostenían que con ello respondían a la desesperada situación del país en materia de seguridad, y aseguraban que preferirían no tener que llegar a tales extremos. En cambio, los Estados del Magreb mantuvieron su larga suspensión de las ejecuciones, a pesar de que se produjeron atentados terroristas en los que murieron civiles.
Las autoridades iraníes utilizaron las ejecuciones para intimidar a sus oponentes y llevaron a cabo ahorcamientos públicos. El gobierno saudí habló de llevar a cabo reformas jurídicas, pero fue responsable de un rápido aumento del número de ejecuciones realizadas tras juicios injustos. Muchas de las víctimas eran ciudadanos extranjeros, principalmente trabajadores migrantes pobres de África o Asia, a los que se había condenado en juicios celebrados en un idioma que no entendían. Algunas no supieron que iban a ser ejecutadas hasta poco antes de morir. Tanto en Irán como en Arabia Saudí se ejecutó a personas que eran menores de edad en el momento del delito, cometiendo así una grave violación del derecho internacional. En Irán, entre las víctimas hubo personas condenadas por delitos de índole moral; al menos una fue lapidada. En Yemen, así como en Siria, también hubo ejecuciones, a menudo tras juicios injustos. En Yemen, Hafez Ibrahim, condenado por un delito cometido cuando era menor de edad, se salvó de morir fusilado, tan sólo unas horas antes del momento fijado para su ejecución, tras una llamada telefónica urgente realizada a Amnistía Internacional, y la intervención del presidente Alí Abdulá Salé, que escuchó los llamamientos internacionales.
En diciembre, el representante de Argelia votó en favor de la suspensión mundial de las ejecuciones acordada por la Asamblea General de la ONU. Los de Marruecos, Líbano y Emiratos Árabes Unidos se abstuvieron, y el de Túnez no votó. Antes de la votación se temía que los Estados árabes se opusieran en bloque a la suspensión, por lo que el hecho de que no lo hicieran fue muy alentador.
En diciembre, el representante de Argelia votó en favor de la suspensión mundial de las ejecuciones acordada por la Asamblea General de la ONU.
Violencia contra las mujeres
En países como Argelia, Irak, Israel, Kuwait, Túnez y Yemen había mujeres en el gobierno o en el Parlamento, así como en altos cargos de una gama cada vez más amplia de profesiones.
No obstante, en la mayor parte de la región las mujeres siguieron estando subordinadas a los hombres en virtud de leyes sobre la familia y otros tipos de legislación. La violencia contra las mujeres continuó siendo un fenómeno generalizado y muy arraigado, producto a menudo de las normas socioculturales imperantes y que se veía facilitado y exacerbado por la falta de medidas de las autoridades del Estado para abordar los abusos. Según informes, en Egipto casi 250 mujeres murieron violentamente en la primera mitad de 2007 a manos de sus esposos u otros miembros de sus familias, se violó a una media de dos mujeres por hora y se practicó ampliamente la mutilación genital a niñas a pesar de estar ya terminantemente prohibida. Continuaron perpetrándose homicidios por motivos de «honor» en Jordania, Siria y otros países. En el sur de Irak, los extremistas chiíes mataron a mujeres por incumplir estrictos códigos indumentarios y morales.
Pero el caso probablemente más emblemático ocurrió en Arabia Saudí, donde un tribunal presidido por hombres condenó a flagelación y a prisión a una joven que había admitido haber sido víctima de una violación en grupo. ¿El delito? Estar en compañía de un amigo cuando los atacaron los violadores. La causa recibió mucha publicidad, y al final quedó sobreseída, tras conceder el rey saudí un indulto a la joven en diciembre.
No obstante, en este ámbito se produjeron también acontecimientos alentadores. En particular, dos destacados clérigos musulmanes, el gran muftí de Siria, Ahmed Badreddin Hassoun, y la máxima autoridad chií de Líbano, el ayatolá Mohammed Hussein Fadlallah, se pronunciaron claramente en contra de los homicidios por motivos de «honor» y otras formas de violencia contra las mujeres, calificando dichos abusos de antiislámicos.
En junio, el Tribunal Penal impuso a un hombre que había matado a una hermana suya soltera una condena reducida de seis meses por considerar que había admitido haberla matado «en un arrebato de furia» tras decirle ella que estaba embarazada.
Personas refugiadas y migrantes
La persistencia del conflicto y de los abusos contra los derechos humanos obligó a millares de iraquíes más a huir de sus hogares. Había ya más de dos millones de personas desplazadas internamente, y otros dos millones de personas refugiadas. Según informes, dentro de Irak, algunas gobernaciones comenzaron a impedir la entrada a las personas desplazadas internamente, mientras que Siria y Jordania, en particular, sentían ya la presión de la crisis de refugiados. La respuesta internacional a los llamamientos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) solicitando ayuda humanitaria fue insuficiente, aunque algunos Estados establecieron programas de reasentamiento para acoger a un reducido número de las personas más vulnerables.
Varios centenares de miles de refugiados palestinos continuaron viviendo abandonados a su suerte en empobrecidos campos de Líbano, donde sus familias habían huido tras la creación de Israel en 1948. Seguían sufriendo discriminación y se les negaba el acceso a la salud, la educación y el trabajo, a pesar de que muchos llevaban toda la vida en el país. En mayo, su difícil situación se puso especialmente de manifiesto al estallar en Nahr al Bared, uno de los mayores campos de refugiados, situado cerca de Trípoli, combates entre miembros de un grupo armado islamista que había tomado posiciones allí y el ejército libanés. Unos 30.000 palestinos residentes en el campo se vieron obligados a huir de él.
Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo del África subsahariana también encontraban serias dificultades en Marruecos, Argelia y Libia, particularmente al tratar de pasar por estos países para entrar en el sur de Europa. En Marruecos se detuvo de forma arbitraria a personas y se las abandonó a su suerte en la inhóspita frontera del país con Argelia sin comida ni agua suficientes; algunas de ellas habían sido reconocidas como refugiados. Las autoridades libias practicaron detenciones y expulsiones en masa sin tener en cuenta si esas personas eran refugiados que habían huido realmente de situaciones de persecución y necesitaban protección, o migrantes económicos cuyos derechos humanos tenían también la obligación de respetar, y lo hicieron en medio de denuncias de tortura y otros malos tratos. En Egipto, las fuerzas de seguridad mataron al menos a seis personas refugiadas o migrantes que intentaban cruzar la frontera para entrar en Israel.
En los Estados del Golfo Pérsico, los trabajadores y trabajadoras migrantes que realizaban trabajos esenciales pero mal pagados en la construcción o en el sector servicios, y especialmente las mujeres empleadas en el servicio doméstico, sufrían a manos de sus empleadores y otras personas abusos tales como violación y otras formas de violencia sexual. Se les negaba protección adecuada por ley, y las autoridades se mostraban poco dispuestas a hacer valer sus derechos humanos.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Los defensores y defensoras de los derechos humanos –la vanguardia de la lucha por los derechos humanos– se enfrentaban a numerosas dificultades y riesgos en toda la región. A menudo sufrían represión. En países como Libia y Arabia Saudí apenas podían dar siquiera señales de vida, debido a la amenaza del Estado. En otros, como Túnez y Egipto, tenían que cumplir el requisito oficial de registrarse como ONG para poder desarrollar legalmente sus actividades, pero no había ninguna instancia ante la que recurrir si las autoridades bloqueaban luego el registro. En Siria, destacados defensores de la reforma que habían tenido la temeridad de poner su nombre en la Declaración de Damasco, fueron encarcelados, condenados a prisión en juicios manifiestamente injustos y sometidos a tratos terribles en la cárcel. Sin embargo, a pesar de todas estas vicisitudes, en toda la región los defensores y defensoras de los derechos humanos llevaron la antorcha de todas las personas que se identificaban con las normas que tan persuasivamente se habían establecido hacía 60 años.
En toda la región, los defensores y defensoras de los derechos humanos llevaron la antorcha de todas las personas que se identificaban con las normas que tan persuasivamente se habían establecido hacía 60 años.
Hechos sucedidos en 2008
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