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El ejército paquistaní y los insurgentes talibanes deben permitir de inmediato la huida de decenas de miles de civiles atrapados en medio de intensos combates, ha declarado Amnistía Internacional.

Más de medio millón de paquistaníes han huido del conflicto en las últimas tres semanas, elevando a 1,3 millones el total de civiles desplazados en el último año. Pero según afirma un parlamentario local, unas 700.000 personas siguen atrapadas en el valle del Swat.

Residentes de Malakand, en la provincia de la Frontera Noroeste de Pakistán, que han huido de sus hogares en los últimos dos días, han dicho a Amnistía Internacional que la población civil que se ha quedado sufre intensos combates, muchos de ellos en zonas civiles, pero también falta de combustible, electricidad, alimentos y acceso a atención médica.

“Los miles de personas que no han podido huir de Malakand se enfrentan ahora a una gran crisis humanitaria”, ha dicho Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Los talibanes no han mostrado respeto por su seguridad y su bienestar, pero ahora el ejército parece estar siguiendo la misma política de tierra quemada”.

El ejército paquistaní ha adoptado la política de “fusilar en el acto” a toda persona que viole el toque de queda indefinido establecido en Malakand, anunciado desde las mezquitas locales y mediante altavoces instalados en camionetas.

Las autoridades relajaron ligeramente el toque de queda ayer en la ciudad de Mingora, también en la Frontera Noroeste, permitiendo a miles de personas huir, muchas de ellas a pie. Varios testigos dijeron a Amnistía Internacional que habían tenido que dejar atrás a familiares que no estaban en condiciones físicas para huir o que vivían fuera de Mingora, y por tanto no podían aprovechar el levantamiento del toque de queda.

“El ejército de Pakistán debe actuar de inmediato para ayudar a los civiles a alcanzar un lugar seguro y garantizar que los alimentos, el combustible y el material médico llegan a quienes siguen atrapados en Malakand,” ha dicho Sam Zarifi.

Civiles de diversas zonas del distrito de Malakand han dicho a Amnistía Internacional que desde hace dos días la electricidad en la zona está cortada y los generadores han dejado de funcionar por falta de combustible diesel, creando graves problemas en el funcionamiento de los hospitales y en el almacenamiento de alimentos. Prácticamente ya no hay servicios de ambulancia.

Mientras –afirman los residentes–, los insurgentes talibanes utilizan centros de salud, escuelas y zonas residenciales para esconderse y lanzar sus ataques, desencadenando así a sabiendas una respuesta del ejército paquistaní.

”El gobierno de Pakistán parece relajar el toque de queda en ocasiones para que la población civil pueda huir de los combates –ha afirmado Sam Zarifi–, pero incluso después de que los civiles han huido, las partes combatientes tienen que evitar los objetivos civiles, como hospitales y colegios.”

El 13 de mayo, fuerzas de seguridad armadas utilizaron gas lacrimógeno y efectuaron disparos contra las oficinas de Al Ayyam, periódico en árabe publicado en Adén, Yemen. Murieron dos hombres, incluido un guardia de seguridad de Al Ayyam, y otro guardia de seguridad resultó herido.

El ataque se produjo después de que las fuerzas de seguridad rodearan las oficinas de Al Ayyam para intentar detener a Hisham Basharheel, redactor jefe del rotativo, en relación con un incidente ocurrido en febrero de 2008.

El 11 de mayo, las fuerzas de seguridad ordenaron a Hisham Basharheel que se entregara en un plazo de 48 horas a las autoridades en Saná.  La orden guarda relación al parecer con un incidente ocurrido en febrero de 2008, en el que unos hombres armados dispararon contra su domicilio y unos guardias de seguridad repelieron la agresión. Uno de los atacantes resultó muerto y otro herido. No se han presentado cargos contra Hisham Basharheel en relación con este caso. Se presentaron cargos contra las personas sospechosas de participar en el tiroteo y están siendo juzgadas por el homicidio.

A Amnistía Internacional le preocupa que Hisham Basharheel se encuentre en el punto de mira de las autoridades únicamente por las informaciones publicadas por Al Ayyam sobre las protestas registradas en la zona meridional del país.

"Amnistía Internacional reconoce el derecho de los gobiernos a poner a disposición judicial a toda persona acusada de un delito común reconocible. No obstante, Amnistía Internacional se opone terminantemente a que las autoridades tomen medidas contra cualquier persona con el objetivo de reprimir la libertad de prensa ", ha declarado Philip Luther, subdirector del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

En otro suceso acontecido el 13 de mayo, los redactores jefe de Al Masdar, Al Nedaa, Ad Diyar y Al Sharea fueron interrogados y acusados de "socavar la unidad nacional". Según los informes disponibles, quedaron en libertad poco después de ser interrogados.

El gobierno ha acusado con anterioridad a los periódicos de expresar puntos de vista favorables a la secesión del sur en sus informaciones sobre las protestas registradas en abril en la zona meridional del país y ha confiscado miles de ejemplares de estos periódicos. 

Yahya Bamahfouz, redactor jefe de la agencia de noticias Al Mukkla, sitio web de noticas en árabe, y Nasser Khamis fueron detenidos en Hadramout, en el sureste de Yemen, a principios de esta semana por escribir sobre el Movimiento Meridional. Según los informes, Yahya Bamahfouz permanece recluido en régimen de incomunicación en los servicios de Seguridad Política en Al Mukkla.

El gobierno de Yemen anunció el lunes la creación de un tribunal de prensa. Amnistía Internacional no conoce todos los detalles relativos a este tribunal, pero los y las activistas de derechos humanos de Yemen temen que se trate de un tribunal especial creado con el objetivo de mantener bajo control a los periodistas y reprimir aún más la libertad de prensa.

En diversas ocasiones, Amnistía Internacional ha documentado su preocupación por las restricciones impuestas a la libertad de expresión en Yemen, en concreto el hecho de que las autoridades persigan a detractores del Estado recurriendo al impreciso cargo de “socavar la unidad nacional”.

Si el presidente Barack Obama reactiva las comisiones militares para juzgar a las personas recluidas en Guantánamo estará haciendo un “flaco servicio a la justicia”, Amnistía Internacional ha afirmado hoy.

“No se puede resucitar un sistema que es, en sí mismo, injusto,” ha manifestado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos. “En Estados Unidos hay un sistema de justicia civil penal vigente que se utiliza en causas de considerable complejidad. Éste es el sistema que el gobierno estadounidense debe aplicar a cualquier persona privada de libertad en Guantánamo si decide procesarla.”

“Las comisiones militares se concibieron y desarrollaron como parte de un régimen de detención ilegítimo, con el fin de facilitar las declaraciones de culpabilidad en un contexto de mínima supervisión judicial del trato que el poder ejecutivo estaba dispensando a los detenidos”, ha precisado Rob Freer.

“No hay ajustes que se pretendan hacer a sus normas de procedimiento que puedan hacer presentable este sistema desacreditado. Hay que descartar por completo las comisiones militares, a las que el propio presidente Obama ha calificado de ‘enorme fracaso’.”

Amnistía Internacional viene pidiendo al nuevo gobierno estadounidense que abandone el recurso a las comisiones militares, que retire todos los cargos formulados en aplicación de la Ley sobre Comisiones Militares (una ley contra la que Barack Obama votó en contra cuando era senador), y que transfiera de forma inmediata a territorio continental estadounidense a todas las personas detenidas en Guantánamo contra quienes se presenten formalmente cargos.

Estos detenidos han de ser puestos a disposición de una autoridad judicial civil, y en su contra se deben presentar formalmente cargos por delitos concretos conforme a la legislación federal aplicable.

El gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés) deben prestar atención inmediata a las exhortaciones del Consejo de Seguridad de la ONU y similares llamamientos formulados por el presidente estadounidense Barack Obama y permitir que decenas de miles de civiles abandonen la “zona libre de fuego”, declaró el pasado jueves 14 de mayo Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha acogido positivamente la declaración del Consejo de Seguridad como un primer paso para abordar la crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta a Sri Lanka, pero ha instado a que se ponga fin al uso de armas de gran calibre y a que se permita el acceso inmediato de la ONU, la Cruz Roja y otras organizaciones de ayuda humanitaria a los 50.000 o más civiles atrapados en la “zona libre de fuego” situada en la costa noreste de la isla.

“El Consejo de Seguridad debe asegurar que se cumplen sus recomendaciones sin dilación y que la situación imperante en Sri Lanka se incluye formalmente en el programa de trabajo del Consejo y se mantiene bajo estrecha observación. También es preciso que aborde la cuestión de la rendición de cuentas por las graves violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos cometidas por ambas partes en el conflicto”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha acogido positivamente las declaraciones formuladas por separado por el Consejo de Seguridad y el presidente Obama en las que se censura al LTTE por su uso de civiles como “escudos humanos” y se insta al gobierno de Sri Lanka a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de la población civil. El Consejo de Seguridad ha señalado al gobierno de Sri Lanka que debe cumplir con su compromiso de no utilizar armas de gran calibre en zonas densamente pobladas, promesa a la que ha faltado en las últimas semanas, causando la muerte de numerosos civiles.

El 12 de mayo, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, se dirigió por escrito al Consejo de Seguridad para solicitar medidas inmediatas destinadas a abordar la atroz situación reinante en la “zona libre de fuego”. La secretaria general expresó honda preocupación por el elevado número de civiles víctimas de homicidio, entre ellos muchos niños y niñas, y advirtió de que hay un número creciente de indicios sólidos de que el gobierno y el LTTE están cometiendo graves violaciones del derecho internacional humanitario.

Amnistía Internacional también instó al Consejo de Seguridad a hacer hincapié en la responsabilidad individual por los crímenes de derecho internacional y a garantizar la creación de una comisión de investigación como primer paso para la rendición de cuentas por las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.

Información complementaria

Amnistía Internacional ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a asegurar que se pone fin a los ataques contra civiles por parte del ejército de Sri Lanka y del LTTE, que el LTTE permite que la población civil abandone la zona de conflicto y que el gobierno de Sri Lanka hace alto al uso de artillería pesada en una zona tan densamente poblada y permite el acceso inmediato de organismos de ayuda humanitaria y observadores internacionales.

La organización ha condenado reiteradamente tanto al LTTE como a las fuerzas armadas de Sri Lanka por la comisión de graves violaciones del derecho internacional humanitario, entre ellas crímenes de guerra. El LTTE ha retenido por la fuerza a civiles en la zona de conflicto para usarlos como “escudos humanos” contra las fuerzas del gobierno. Éstas han utilizado en el pasado unidades de artillería pesada que, dadas las circunstancias, tiene efectos indiscriminados y ha causado muertos y heridos entre la población civil.

El presidente estadounidense Barack Obama ha advertido: “Si no se actúa con urgencia, esta crisis humanitaria podría convertirse en una catástrofe”.

El presidente Obama ha censurado al LTTE por utilizar a civiles como “escudos humanos”, ha exhortado al gobierno de Sri Lanka a poner fin al “bombardeo indiscriminado” de la zona y ha solicitado que se permita el acceso de organismos de ayuda humanitaria a la población civil atrapada entre dos fuegos y a la población desplazada internamente a fin de que puedan recibir la asistencia adicional que necesitan.

Daw Aung San Suu Kyi, líder democrática de Myanmar, se enfrenta a juicio el lunes 18 de mayo a raíz de un incidente ocurrido a comienzos de mayo cuando, según se ha afirmado, un ciudadano estadounidense cruzó a nado el lago situado frente a la casa de Suu Kyi y permaneció dos días dentro del edificio.

Amnistía Internacional ha pedido a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a los países asiáticos vecinos de Myanmar que intervengan con carácter de urgencia para garantizar la liberación de Daw Aung San Suu Kyi.

La orden de arresto domiciliario que pesa actualmente sobre ella finaliza el 27 de mayo de 2009. Según la información conocida, su partido, la Liga Nacional para la Democracia, ha afirmado que el juicio no es más que una excusa para seguir manteniéndola privada de libertad.

“El gobierno de Myanmar tiene que poner en libertad sin más demora y de forma incondicional a Daw Aung San Suu Kyi, y no devolverla a la situación de arresto domiciliario,” ha afirmado Benjamin Zawacki, experto de Amnistía Internacional sobre Myannar.

Amnistía Internacional ha puesto también de manifiesto el caso de la detención de las dos acompañantes de Daw Aung San Suu Kyi, Khin Khin Win y su hija, que fueron detenidas al mismo tiempo que ella y que también serán sometidas a juicio.

Recientemente, Daw Aung San Suu Kyi ha sufrido problemas de salud. El 7 de mayo, cuando su médico de cabecera, Tin Myo Win, fue a su casa a visitarla, las fuerzas de seguridad le vedaron la entrada. Al regresar a su propia casa, el médico fue detenido por las autoridades. El Dr. Tin Myo Win es un ex preso de conciencia. Se desconoce su paradero.

“Khin Khin Win, su hija y el Dr. Tin Myo Win se cuentan entre los más de 2.100 presos políticos actualmente encarcelados en Myanmar,” ha señalado Benjamin Zawacki

“Al igual que otros presos políticos, corren peligro de que los sometan a tortura y otros malos tratos. Las condiciones de reclusión en las prisiones de Myanmar son pésimas y ponen en peligro la salud de los presos.”

“En ausencia de una voz unánime en el plano internacional, el gobierno de Myanmar continuará actuando con total indiferencia por los derechos humanos. Ahora más que nunca el Consejo de Seguridad y los Estados miembros de la ASEAN deben transmitir a los generales myanmaros el mensaje inequívoco de que ya no pueden actuar con impunidad”, ha concluido Zawacki.

Daw Aung San Suu Kyi es líder del partido de oposición Liga Nacional para la Democracia y durante los últimos 19 años ha estado recluida 13 años, la mayor parte de ellos bajo arresto domiciliario. En marzo de 2009, el Grupo Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria manifestó que la detención de Daw Aung San Suu Kyi violaba el derecho internacional y la legislación interna de Myanmar.

Se ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar medidas inmediatas después de que, según informes, al menos 35 personas murieran el miércoles 13 de mayo en el norte de Sri Lanka en un ataque contra un hospital designado como "zona segura".

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Sri Lanka que permitan el acceso a las zonas de conflicto del país –incluida la “zona segura”- a observadores internacionales y organismos de ayuda humanitaria, que puedan evaluar directamente cuál es la situación allí y ayudar a garantizar que se toman medidas frente a la crisis humanitaria y de derechos humanos.

En una carta a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha afirmado: “El Consejo debe reunirse sin más demora para hablar de los preocupantes acontecimientos ocurridos últimamente y pedir de inmediato que se ponga fin a los ataques del ejército de Sri Lanka y los Tigres de Liberación contra civiles, que los Tigres de Liberación permitan salir de la zona de conflicto a todos los civiles y que el gobierno de Sri Lanka permita de inmediato el acceso de organismos de ayuda humanitaria y observadores internacionales”.

El bombardeo del pasado miércoles se ha producido menos de 24 horas después de que al menos otras 49 personas murieran y más de 50 resultaran heridas en otro ataque al mismo hospital. En los últimos días, la situación ha empeorado en Sri Lanka, pues el fin de semana pasado mataron a 400 personas, entre ellas más de 100 niños y niñas, algo que la ONU ha calificado de “baño de sangre”.

“Tanto los Tigres de Liberación como el ejército de Sri Lanka han violado las leyes de la guerra”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Según testigos, en los últimos meses los Tigres de Liberación han utilizado a civiles atrapados en la zona de conflicto como escudos humanos contra las fuerzas del gobierno y los han atacado cuando han intentado huir.”

“Al mismo tiempo, el ejército de Sri Lanka ha causado muertos y heridos civiles por utilizar artillería pesada, cuyos efectos son indiscriminados cuando se dirige contra zonas densamente pobladas.”

Hay motivos para temer que el ejército de Sri Lanka lance una ofensiva militar aún más intensa cuando acaben, hoy, las elecciones generales en la vecina India. Los partidos políticos tamiles regionales de India han convertido la protección de la población civil de Sri Lanka en un asunto electoral clave.

En su carta a los miembros del Consejo de Seguridad, Amnistía Internacional pide también que se establezca una comisión para investigar las violaciones del derecho internacional cometidas.

“El Consejo debe recordar sin ambigüedades que, de conformidad con el derecho internacional, es preciso determinar la responsabilidad penal individual de los presuntos autores de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra”, manifestó Irene Khan.

Se ha prohibido la celebración de la marcha del Orgullo Báltico prevista para el sábado 16 de mayo en Riga, Letonia. El ayuntamiento de Riga anuló el permiso que se había concedido para la celebraciónde la marcha, preparada por la organización letona Mozaika, la Liga Gay Lituana y la organización Juventud Gay Estona.

Representantes de los grupos organizadores han declarado que solicitarán rápidamente una vista judicial para el viernes con el fin de que se permita la celebración de la marcha según estaba previsto.

El miércoles 13, un grupo mayoritario de concejales del ayuntamiento de Riga firmó una carta abierta dirigida al director ejecutivo de la corporación municipal, Andris Grinbergs, en la que le pedían que anulase el permiso concedido para la celebración del acto, alegando que constituía una ofensa para la moral pública y una amenaza a la seguridad ciudadana.

Los concejales manifestaron que si el 14 de mayo a las cuatro de la tarde el director ejecutivo no había anulado el permiso, intentarían que se anule por votación en el ayuntamiento.

La Comisión de Reuniones, Desfiles y Manifestaciones del ayuntamiento autorizó la marcha del Orgullo Báltico el 8 de mayo, tras una serie de acuerdos entre los organizadores, el ayuntamiento y la policía sobre el lugar de celebración y las medidas de seguridad necesarias.

Amnistía Internacional condenó la decisión de no permitir la celebración del acto.

"Se trata de una actuación vergonzosa por parte del ayuntamiento de Riga –declaró Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional–. La decisión es ilícita de acuerdo con la legislación letona y conculca los derechos de las personas LGBT de la región báltica a la libertad de expresión y de reunión pacífica."

"El ayuntamiento debe revertir inmediatamente su decisión y permitir que se celebre la marcha. Amnistía Internacional apoya plenamente el desafío legal planteado por los organizadores."

Más de 70 activistas de Amnistía Internacional de 23 países europeos tienen intención de viajar a Riga para participar en la marcha y los actos relacionados.

Han quedado en libertad bajo fianza los últimos tres activistas políticos y de derechos humanos que aún permanecían bajo custodia del grupo de 18 que fueron detenidos la semana pasada en Zimbabue.

El miércoles 13 de mayo, el Tribunal Superior de Zimbabue puso en libertad a Kisimusi Emmanuel (Chris) Dhlamini, Andrison Shadreck Manyere y Gandi Mudzingwa.

Los tres hombres estaban hospitalizados –dos de ellos recibían tratamiento por las lesiones sufridas como consecuencia de actos de tortura infligidos por agentes de la seguridad del Estado– en el momento de concedérseles la libertad bajo fianza.

Formaban parte de un grupo de al menos 30 personas sometidas a desaparición forzada entre octubre y diciembre de 2008.

Más tarde, el 22 y 23 de diciembre, se "descubrió" en diversas comisarías de policía de Harare y alrededores a 23 de esas personas, entre ellas los tres hombres que quedaron en libertad el miércoles. La policía, en lugar de detener a los secuestradores, recluyó de forma ilícita a quienes habían sido sometidos a desaparición forzada.

Hay 7 personas que nunca fueron halladas. El Movimiento por el Cambio Democrático (facción del primer ministro Morgan Tsvangirai) defiende que estas personas también fueron secuestradas en la misma época.

Todos los ex detenidos, salvo Dhlamini, Manyere y Mudzingwa, recobraron finalmente la libertad en febrero y marzo de 2009.

Cuando se "descubrió" a Dhlamini, Manyere y Mudzingwa, se presentaron cargos penales contra ellos y fueron puestos a disposición judicial. Sus representantes letrados alegaron que debían ser tratados como parte acusadora y no como imputados, puesto que habían sido víctimas de desaparición forzada.

Se los acusó de insurgencia, bandidaje, sabotaje y terrorismo por unas explosiones que habían causado daños en instalaciones policiales y un puente. La opinión generalizada es que el Estado había presentado cargos falsos.

Cuando los abogados tuvieron acceso por fin a los tres hombres y pudieron entrevistarlos, Dhlamini y Mudzingwa declararon haber sido torturados. El juez, tras retrasarlo varias veces, les autorizó el acceso a médicos de su elección, quienes confirmaron que las lesiones que presentaban se correspondían con las denuncias de tortura.

El 17 de abril de 2009, tras haber pasado varios meses bajo custodia, los tres detenidos quedaron en libertad bajo fianza, porque el Estado no había presentado a tiempo una notificación de apelación. Sin embargo, tres días más tarde, Mudzingwa y Dhlamini fueron puestos de nuevo bajo vigilancia armada, custodiados primero por guardias penitenciarios y luego por guardias policiales.

El 5 de mayo, se dictó acta de acusación formal ordenando a 18 de los ex detenidos, entre ellos Mudzingwa, Dhlamini y Manyere, a comparecer ante el Tribunal Superior. Al día siguiente, 15 quedaron de nuevo en libertad bajo fianza.

Sin embargo, a Mudzingwa, Dhlamini y Manyere se les denegó la libertad bajo fianza porque los cargos que se habían presentado contra ellos –insurgencia, bandidaje, sabotaje y terrorismo– eran más graves. Los tres permanecieron detenidos en hospitales de Harare bajo vigilancia policial hasta el momento de su liberación.

El 10 de mayo, cinco hombres fueron decapitados en Arabia Saudí, dos de ellos menores de edad cuando presuntamente cometieron los delitos, según ha revelado Amnistía Internacional.

Las condenas a muerte contra Sultan Bin Sulayman Bin Muslim al-Muwallad, de nacionalidad saudí, e ‘Issa Bin Muhammad ‘Umar Muhammad, de nacionalidad chadiana, se impusieron tras juicios que carecieron de las garantías procesales más básicas.

Los dos hombres fueron ejecutados, junto con otros tres, después de que se los hallara culpables de varios delitos cometidos cuando tenían 17 años, como secuestro y violación de menores de edad, robo, y consumo de alcohol y drogas.

Según la sentencia dictada por el Tribunal General de Medina, esos delitos constituían “corrupción en la tierra”, un cargo que puede acarrear la pena de muerte aunque los actos no hayan tenido consecuencias letales.

“Las decapitaciones de ayer se suman de forma deplorable a la macabra lista de ejecuciones de Arabia Saudí”, ha afirmado Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África. “Es cruel e inhumano matar a alguien, pero resulta aún más atroz cuando las ejecuciones tienen lugar tras juicios extremadamente injustos y cuando se sesga la vida de personas acusadas de cometer delitos siendo todavía menores de edad”.

Los condenados formaban parte de un grupo de siete hombres detenidos en 2004 y recluidos en régimen de incomunicación en comisarías de policía de Medina, donde al parecer los golpearon para obligarlos a confesar. Cuatro años después, en febrero de 2008, el Tribunal General de Medina condenó a muerte a cinco de ellos en un juicio celebrado en secreto. En julio de 2008, el Tribunal de Casación de la Meca confirmó las condenas.

Otros dos de los detenidos en 2004 –Bilal Bin Muslih Bin Jabir al-Muwallad, de nacionalidad saudí, y Ahmad Hamid Muhammad Sabir, de nacionalidad chadiana, que tenían tan sólo 15 y 13 años respectivamente en el momento de los presuntos delitos– han sido condenados a “flagelación severa” y a 15 años de prisión por los mismos cargos.

Concretamente, recibirán 1.500 y 1.250 latigazos respectivamente, que les serán administrados en varias tandas cada 10 días en el lugar del crimen y en público.

El año pasado, Amnistía Internacional planteó en repetidas ocasiones los casos de estos siete hombres ante las autoridades saudíes. Arabia Saudí es Estado Parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prohíbe expresamente la imposición de castigos tales como la flagelación.

Debido al estricto secretismo del sistema de justicia penal saudí, no es posible saber cuántas de las personas condenadas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años han sido ejecutadas en Arabia Saudí pero, según la información de que dispone Amnistía Internacional, se teme que al menos otros ocho jóvenes menores de edad en el momento del delito estén en espera de ejecución. Entre ellos se encuentra Rizana Nafeek, ciudadana srilankesa que tenía 17 años en el momento del presunto asesinato por el que fue condenada a muerte tras ser detenida en 2005, y posiblemente Sultan Kohail, ciudadano canadiense de 16 años que está siendo juzgado ante un tribunal para adultos por cargos de asesinato, y su hermano Mohamed Kohail, de 22 años, que ha sido condenado a muerte.

Arabia Saudí también es parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe expresamente la ejecución de personas que eran menores de 18 años en el momento del delito. Las autoridades saudíes han asegurado que cumplen esta obligación porque no ejecutan a menores de edad. Sin embargo, la Convención prohíbe las ejecuciones por delitos cometidos por personas menores de 18 años, con independencia de cuándo se ejecute la condena.

En 2007, las autoridades saudíes ejecutaron a al menos 158 personas, entre ellas 76 extranjeros; en 2008 fueron al menos 102 las ejecutadas, entre ellas casi 40 extranjeros. Desde comienzos de 2009, se tiene constancia de que se ha ejecutado a otras 36 personas.

Arabia Saudí aplica la pena de muerte a una gran variedad de delitos. Los procesos judiciales incumplen las normas internacionales sobre juicios justos. Rara vez se permite a los acusados contar con representación letrada formal y en muchos casos no se les informa del desarrollo de las actuaciones legales emprendidas contra ellos.

Puede suceder que no se informe a los presos condenados a muerte de la fecha de ejecución hasta la misma mañana en que van a ser decapitados, y que se los condene exclusivamente en función de de "confesiones" obtenidas mediante coacción o engaño.

Amnistía Internacional ha pedido que se conmuten las condenas de flagelación impuestas a Bilal Bin Muslih Bin Jabir al-Muwallad y a Ahmad Hamid Muhammad Sabir por un castigo que conlleve humanidad.

Un ministro del gobierno griego se ha comprometido a conseguir justicia para la sindicalista Konstantina Kouneva después de que 22.000 personas firmaran una petición en su apoyo.

Amnistía Internacional entregó el martes 5 de mayo al viceministro del Interior, Hristos Markogiannakis, más de 22.000 peticiones para que se haga justicia en el caso de Konstantina Kouneva.

En una reunión con representantes de AI Grecia, el viceministro se comprometió a asegurarse de que la investigación del caso recibe máxima prioridad y se hace todo lo posible para poner a los perpetradores a disposición judicial.

Konstantina Kouneva, dirigente sindical, resultó gravemente herida el 22 de diciembre de 2008, cuando unos desconocidos le arrojaron ácido a la cara. La agresión se produjo tras aumentar la tensión entre ella y sus empleadores como consecuencia de sus actividades sindicales para conseguir derechos básicos para los trabajadores del sector de la limpieza.

Konstantina Kouneva había criticado en diversas ocasiones las prácticas utilizadas por los empleadores para explotar a los trabajadores, como retrasarse hasta cinco meses en el pago de sus salarios y no pagar la seguridad social de sus empleados, muchos de ellos migrantes.

La primera etapa de la investigación sobre la agresión no tuvo en cuenta las actividades de Konstantina Kouneva como dirigente sindical y, según los informes, la segunda avanza muy lentamente.

El mismo día en que se presentaron las peticiones al viceministro, representantes de Amnistía Internacional también realizaron una acción de teatro en la calle delante de la estación de metro de Katehaki, en Atenas,  en apoyo de Konstantina Kouneva.

Uno de los acusados más famosos de Camboya aún con vida se enfrentó por fin a juicio el día 30 de marzo por los crímenes cometidos cuando era jefe del Jemer Rojo hace 30 años.

Kaing Guek Eav, también conocido como Duch, está acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como de asesinato y tortura. Es el primero de los juicios de las Salas Extraordinarias, creadas para juzgar a los máximos responsables de los homicidios masivos y otras atrocidades que se cometieron en Camboya en la década de 1970 bajo el régimen del Jemer Rojo.

La gran afluencia de público en la sala daba muestra de la importancia del juicio. Víctimas, estudiantes, personal de ONG, entre ellas Amnistía Internacional, y una presencia masiva de los medios de comunicación, todos se dieron cita para el primer día de esta vista fundamental en la que se leyeron las 45 páginas del escrito de acusación, un catálogo horrendo de crímenes de los que que se acusa a Duch.

Amnistía Internacional ha instado a las Salas Extraordinarias a que aprovechen este caso emblemático como trampolín para llevar ante la justicia a otras personas acusadas de haber cometido crímenes de guerra bajo el régimen del Jemer Rojo.

“Estamos satisfechos por el inicio del primer juicio en las Salas Extraordinarias. El pueblo de Camboya ha visto por fin comparecer ante la justicia a uno de los más conocidos líderes del Jemer Rojo. Pero es preciso que muchos más comparezcan ante los tribunales para que realmente se haga justicia con los millones de víctimas de estos horrendos crímenes”, ha dicho Brittis Edman, investigadora de Camboya de Amnistía Internacional.

Sólo otros cuatro acusados detenidos, todos ellos destacados miembros del gobierno del Jemer Rojo, van a ser juzgados por las Salas Extraordinarias. Sin embargo, los cargos que se les imputan no abordan la mayoría de los crímenes que están bajo la jurisdicción de estas salas.

“Las Salas Extraordinarias deben ampliar con urgencia su estrategia de procesamiento para investigar y enjuiciar más casos antes de que sea demasiado tarde –ha dicho Brittis Edman–. Estos casos deben ser representativos de la amplia gama de delitos cometidos y de las comunidades y los grupos afectados”.

“Muchas de las víctimas, al igual que los acusados, son personas de avanzada edad. Existe un peligro real de que muchas no lleguen con vida a ver que se ha hecho justicia por los crímenes perpetrados contra ellas o sus familiares.”

El sistema de justicia de Camboya necesita una importante reforma para poder enjuiciar eficazmente los crímenes del Jemer Rojo, y por tanto las Salas Extraordinarias son la única esperanza de justicia para muchas de sus víctimas, actualmente personas de avanzada edad.

El famoso jefe del Jemer Rojo, Saloth Sar –más conocido como Pol Pot– murió en 1998 sin ser juzgado.

Amnistía Internacional ha pedido también a la ONU y al gobierno de Camboya que aborden las graves denuncias de corrupción que se han levantado contra las Salas Extraordinarias.

Se ha dicho que los miembros del personal camboyano de las Salas han tenido que pagar sobornos a funcionarios tras su designación, lo cual arroja serias dudas sobre la competencia, la independencia y la imparcialidad de las Salas.

“Cualquier denuncia de corrupción debe investigarse minuciosamente sin demora por parte de una autoridad competente –ha dicho Brittis Edman–. No hacerlo supone arriesgarse a minar la credibilidad de toda la institución y lo que ésta intenta lograr.”

“Many of the victims and the suspect are elderly. There is a real risk that many will die before the victims finally see justice for the crimes they and their relatives were subjected to.

The Cambodian justice system needs significant reform before it can effectively prosecute Khmer Rouge crimes, so the Extraordinary Chambers are the only hope that many of these elderly victims have for justice.

The Khmer Rouge's notorious leader, Saloth Sar – more commonly known as Pol Pot – died in 1998 without facing trial.

Amnesty International has also called on the UN and Cambodian government to address the serious corruption allegations that have been levelled at the Extraordinary Chambers.

It has been alleged that Cambodian staff have been required to pay "kickbacks" to officials following their appointment to the Extraordinary Chambers – casting serious doubts on the Chambers' competence, independence and impartiality.   

"Any corruption allegations must be investigated promptly and thoroughly by a competent authority," said Brittis Edman. "A failure to do so risks undermining the credibility of the whole institution and what it is trying to accomplish."

Cuando faltan 10 días para las elecciones presidenciales en Argelia, Amnistía Internacional ha instado al próximo dirigente del país a ocuparse del legado de abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto interno de la década de 1990 y a actuar en relación con los miles de víctimas a las que las autoridades han dado la espalda.

Más de 200.000 personas murieron durante el conflicto, según cálculos del gobierno. Las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado cometieron violaciones masivas de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos. Asimismo, fueron responsables de la desaparición forzada, detención secreta y arbitraria, tortura y otros malos tratos infligidos a miles de miembros o simpatizantes de grupos armados, o personas sospechosas de pertenecer a ellos.

Los grupos armados también cometieron abusos contra los derechos humanos de forma generalizada, entre ellos homicidios, secuestros, tortura y violación de civiles.

La mayor parte de los crímenes no se ha investigado nunca y los autores nunca han comparecido ante la justicia.

“El próximo presidente de Argelia debe aprovechar la oportunidad que ofrece un nuevo mandato para ocuparse de la cultura de impunidad reinante desde la década de 1990 –ha afirmado Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África–. ¿Cómo puede haber una verdadera reconciliación nacional si las autoridades aún no han establecido la verdad sobre los crímenes pasados y presentes ni han ofrecido justicia a las víctimas?”

En un nuevo informe titulado A Legacy of Impunity: A Threat to Algeria’s Future Amnistía Internacional plantea sus motivos de preocupación con respecto al hecho de que las autoridades argelinas continúen sin investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado y el presente y en relación con la impunidad otorgada a los responsables.


El informe, presentado el día 30 de marzo, indica que las medidas de amnistía introducidas y promovidas por el presidente Abdelaziz Bouteflika, en el poder desde 1999, han impedido que las víctimas y sus familias hayan obtenido verdad, justicia y reparación. La legislación promulgada en 2006 silencia a quienes critican la actuación de las autoridades durante el conflicto interno, al establecer penas de hasta cinco años de prisión.

“Las amnistías generalizadas otorgadas sucesivamente a grupos armados y posteriormente a miembros de los servicios de seguridad suponen infligir una nueva herida a las víctimas y a sus familias –ha afirmado Philip Luther–. En vez de conceder impunidad a los perpetradores, alentando así la comisión de nuevos abusos, las autoridades deben devolver la dignidad a las víctimas transmitiendo el firme mensaje de que no volverán a tolerarse estos crímenes.”

El informe señala que las autoridades están haciendo lo posible por borrar los recuerdos del conflicto interno sin ocuparse de sus consecuencias en las víctimas ni de la situación general de los derechos humanos, y por impedir el debate y las críticas.

Pese a ello, activistas y familias de las víctimas, corriendo a veces peligro de sufrir acoso, han pedido abiertamente que se investiguen los abusos contra los derechos humanos y que los responsables comparezcan ante la justicia.

En 2008, Louisa Saker, que no ha sabido nada de su esposo desde que fue detenido en 1994, fue declarada culpable de participar en una marcha no autorizada porque se manifestaba con familias de personas desaparecidas en la ciudad nororiental de Constantina. Aún así, está decidida a continuar su lucha para descubrir la verdad sobre lo que le ocurrió a su esposo.

“Mientras se continúe pasando por alto la terrible experiencia que han sufrido, las familias de víctimas de desaparición forzada no podrán llorar su pérdida ni cerrar esa etapa de duelo –ha manifestado Philip Luther–. Reciben presiones para que acepten certificados de defunción y ayuda económica, cuando lo que piden es verdad y justicia.”

Las autoridades argelinas están repitiendo ahora el mismo argumento sobre la lucha contra el terrorismo y las amenazas a la seguridad que utilizaron durante el conflicto interno para justificar las persistentes violaciones de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad, especialmente el Departamento de Información y Seguridad (Département du renseignement et de la sécurité, DRS), continúan deteniendo a sospechosos de terrorismo, manteniéndolos recluidos en secreto y en régimen de incomunicación, a veces durante semanas o incluso meses, y sometiéndolos a tortura y juicios injustos en un clima de impunidad casi total.

Amnistía Internacional ha recordado a las autoridades argelinas que los homicidios de civiles por parte de Al Qaeda en el Magreb islámico, que la organización condena sin reservas, no deben utilizarse para justificar violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo

Debido al papel adquirido por Argelia como aliado importante en la llamada “guerra contra el terror”, se han cometido violaciones de derechos humanos sin que los países europeos o Estados Unidos examinaran apenas la situación. Más aún, en los últimos años, países europeos como Francia y Reino Unido han trasladado a Argelia a personas a quienes consideraban una amenaza para su seguridad nacional, pese a los indicios del peligro que corrían esas personas de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como tortura y otros malos tratos, si se las devolvía al país.

Amnistía Internacional ha formulado una serie de recomendaciones al próximo presidente que, de tenerse en cuenta, ayudarían a garantizar el resarcimiento a las víctimas de abusos de todo tipo contra los derechos humanos, así como a garantizar que no vuelven a cometerse.

La organización ha recomendado que las autoridades revoquen las leyes de amnistía que consolidan la impunidad y garanticen que ninguna persona goza de inmunidad frente al procesamiento, ya se trate de miembros de las fuerzas de seguridad, de milicias armadas por el Estado o de grupos armados.

Asimismo, ha pedido que lleven a cabo investigaciones imparciales e independientes de las denuncias de abusos contra los derechos humanos, que se procese a los responsables y que las víctimas y sus familias obtengan reparación.

Ante la intensificación de los combates y el aumento del número de víctimas, se han intensificado también los llamamientos para una tregua humanitaria entre los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y las Fuerzas Armadas de Sri Lanka. El pasado día 26, Amnistía Internacional reiteró su llamamiento para una tregua inmediata que permita la llegada de ayuda humanitaria a la población civil que se encuentra atrapada y garantice el tránsito en condiciones de seguridad a todas las personas que deseen salir de la zona.

Decenas de miles de personas atrapadas en “zonas seguras” de la región nororiental de Wanni corren cada vez mayor riesgo debido a la intensificación de los ataques de las dos partes en el conflicto.

“Los ataques deliberados de cualquiera de los dos bandos contra civiles constituyen crímenes de guerra –ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional--. Es de vital importancia hacer de inmediato una pausa para permitir que las personas desplazadas salgan de la zona antes de que mueran millares más. La ONU y los donantes internacionales deben ejercer presión sobre ambos bandos para que pongan fin a esta enorme catástrofe humanitaria.”

El 26 de marzo, el subsecretario general de la ONU para asuntos humanitarios, John Holmes, también pidió un paréntesis humanitario para permitir a la población civil salir de la zona. Amnistía Internacional instó a la ONU y a los donantes internacionales a presionar a Sri Lanka para que garantice el paso expedito de la ayuda humanitaria hasta los campos para personas desplazadas en la región.

Amnistía Internacional lanzó el llamamiento con ocasión de la presentación de un nuevo informe en el que se expone de forma detallada la situación la situación de las personas internamente desplazadas de Sri Lanka.
 
La organización ha recibido informes creíbles y coincidentes según los cuales los Tigres de Liberación han desplazado por la fuerza a civiles para obligarlos a trasladarse a zonas de Wanni bajo su control, donde los utilizan, de hecho, como rehenes y como escudo contra las Fuerzas Armadas de Sri Lanka, lo que constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario.

Los observadores más independientes calculan que hay entre 150.000 y 200.000 civiles atrapados en medio de los intensos combates. Según informes, los Tigres de Liberación también han atacado deliberadamente a civiles que intentaban escapar de las zonas bajo su control.

El gobierno de Sri Lanka ha agravado el sufrimiento de las personas desplazas al cortar la llegada de ayuda humanitaria internacional a una región donde no hay ya ningún hospital en funcionamiento. Las personas que arriesgan la vida y huyen tienen que soportar nuevas penalidades cuando entran en zonas controladas por el gobierno.

Amnistía Internacional ha recibido información según la cual el gobierno está aplicando un proceso de selección en los controles de seguridad y los “pueblos de bienestar” establecidos como medida de transición para discriminar a grandes grupos de personas de etnia tamil y detener a familias enteras por tiempo indefinido.

Los informes recibidos indican que en los “pueblos de bienestar” establecidos por las autoridades hay hacinamiento y faltan instalaciones adecuadas. En campos de Vavuniya y Jaffna las personas desplazadas se hallan, de hecho, detenidas, pues no se les permite salir de allí. Hay también una presencia militar continua en los campos, lo que hace que aumente el riesgo para los civiles.

“La actitud del gobierno de Sri Lanka ha consistido hasta ahora en pedir asistencia internacional a la vez que rechaza las normas o el escrutinio internacionales –ha señalado Sam Zarifi--. Las Naciones Unidas y los gobiernos donantes deben garantizar que Sri Lanka cumple con sus obligaciones y pone fin a la discriminación y al sufrimiento de las personas desplazadas.”

En los últimos días, quienes trabajan en la apertura de los archivos policiales de Guatemala, y sus familiares, están recibiendo amenazas y siendo objeto de ataques. El miércoles 25 de marzo, la esposa del procurador de los Derechos Humanos fue secuestrada y torturada.

Un funcionario ha sido golpeado y otros miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos han recibido varias amenazas, incluida una amenaza de bomba y una amenaza contra la vida del procurador.

Los archivos policiales contienen información sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno en Guatemala. Miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos descubrieron en 2005 estos archivos, y desde entonces se han dedicado a organizar y clasificar la información que hay en ellos. La semana del 23 de marzo pusieron a disposición del público 12 millones de documentos de los alrededor de 80 millones que se calcula que hay.

Amnistía Internacional considera que estos ataques y amenazas han sido llevados a cabo para intimidar a la Procuraduría de los Derechos Humanos y disuadir a su personal de continuar con su trabajo. En un caso de desaparición forzada se han presentado cargos formales contra dos ex agentes de policía gracias a la información descubierta en los archivos.

Amnistía Internacional exigió hoy a las autoridades guatemaltecas que investiguen de manera inmediata y rigurosa los ataques contra las personas relacionadas con la apertura de los archivos y sus familiares.

“Los fantasmas del pasado no tienen lugar hoy en Guatemala,” dijo Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional. “Las autoridades guatemaltecas deben asegurarse de que las personas responsables de los ataques y amenazas contra quienes trabajan para sacar a la luz los abusos cometidos durante el conflicto armado no se salgan con la suya.”

“La apertura de los archivos policiales es un gran paso hacia la justicia en Guatemala”, dijo Kerrie Howard. “La clave ahora es asegurarse de que la información se usa para procurar justicia a miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Guatemala.”

Se calcula que el conflicto armado interno de Guatemala se cobró la vida de unas 200.000 personas, en su mayoría miembros de grupos indígenas mayas, a quienes se dio muerte o sometió a desaparición forzada. El conflicto se inició en 1960 y no terminó hasta 1996, año en que se firmaron los Acuerdos de Paz entre el gobierno guatemalteco y la oposición armada. Los archivos descubiertos por la Procuraduría de los Derechos Humanos pertenecían a la extinta Policía Nacional, reemplazada hoy por la Policía Nacional Civil, nuevo cuerpo creado en virtud de los Acuerdos de Paz.

En las últimas dos semanas han muerto en Bangladesh cuatro guardias de fronteras que se encontraban bajo custodia. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades del país que constituyan un órgano independiente, imparcial y competente para investigar esas muertes. 

Los cuatro miembros de los Fusileros de Bangladesh (Bangladesh Rifles, BDR) se encontraban entre los centenares de integrantes de ese cuerpo que habían sido detenidos y sometidos a interrogatorio como sospechosos de implicación en la muerte de más de 70 personas, entre ellas no menos de 55 miembros del ejército, durante el amotinamiento de fusileros ocurrido en febrero durante dos días.

Nayek subedar Mozammel Haq murió el 9 de marzo; Waheduzzaman, empleado de los BDR, murió el 15 de marzo; Monir Hossain, cipayo, murió el 17 de marzo, y Lance nayek Mobarak Hossain murió bajo custodia el 22 de marzo. No está claro si estas personas, en el momento de producirse su fallecimiento, estaban bajo custodia del ejército o de la policía.

Informes fidedignos sugieren que estos detenidos podrían haber muerto a consecuencia de las torturas sufridas. Autoridades gubernamentales han declarado que los dos primeros se suicidaron y que los otros dos murieron a causa de sendos ataques cardiacos. Sin embargo, fuentes hospitalarias han dejado constancia de que las muñecas, brazos, rodillas y hombros de la última de las cuatro víctimas estaban inflamados y presentaban hematomas de consideración.

Se desconoce el número exacto de efectivos de los BDR puestos bajo custodia, pero fuentes gubernamentales lo cifran en más de 400. Es muy escasa la información independiente sobre las circunstancias en que se encuentran detenidas esas personas o sobre el trato que reciben bajo custodia. En la inmensa mayoría de casos no se han permitido visitas de familiares. También se desconoce si esas personas tienen acceso a abogado o si pueden siquiera recibir asistencia médica, caso de necesitarla.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Bangladesh que garantice que a los detenidos no se los someterá a tortura, que tendrán acceso a asistencia letrada, que se les permitirá recibir visitas de sus familiares y que podrán impugnar la legalidad de su detención. Todos deben ser puestos en libertad sin demora a no ser que se presenten en su contra cargos por delitos comunes reconocibles y comparezcan ante un tribunal de justicia independiente.

Sam Zarifi, director del programa sobre Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, ha declarado: "El gobierno debe actuar de inmediato para garantizar que a todo detenido que precise atención médica se le proporciona sin demora".

"La investigación tiene que ser rigurosa en el establecimiento de las causas de estas muertes, y cualquiera que sea hallado responsable de ellas, incluidos quienes tengan responsabilidades de mando, debe ser puesto a disposición de la justicia conforme a lo que disponen las normas internacionales sobre la celebración de juicios con las garantías debidas, y sin que exista la posibilidad de imposición de la pena de muerte.”

"Una investigación imparcial beneficiará al gobierno, puesto que, actuando de ese modo, se granjeará la confianza y lealtad de las fuerzas armadas y evitará que en el futuro se repitan situaciones como esta."

Los días 25 y 26 de febrero, guardias de seguridad fronteriza se amotinaron durante 33 horas en la sede de los BDR en Pilkhana. Según medios de comunicación bangladeshíes, las causas del amotinamiento fueron reivindicaciones salariales y laborales en el seno de los BDR. Autoridades gubernamentales aseguran que todo ha sido un complot para derrocar al gobierno surgido de las recientes elecciones.

En Bangladesh es generalizada y endémica la tortura en los interrogatorios de personas sospechosas de haber cometido un delito. Organizaciones de derechos humanos, la sociedad civil e incluso la judicatura, han formulado reiterados llamamientos para que se proteja a las personas contra esas prácticas.

Dos ciudadanas cubanas no podrán visitar a sus esposos en Estados Unidos, donde se encuentran cumpliendo largas penas de cárcel, al habérseles negado por novena vez consecutiva los visados temporales necesarios para hacerlo.

Los esposos de Adriana Pérez y Olga Salanueva forman parte del grupo denominado los "Cinco Cubanos" o los "Cinco de Miami". René González y Gerardo Hernández están encarcelados en Estados Unidos desde 1998. Los declararon culpables de "actuar como agentes no acreditados de un gobierno extranjero" y de cargos conexos.

En agosto de 2005, un tribunal de apelación anuló las sentencias condenatorias impuestas a todos los miembros del grupo, y se ordenó que los volvieran a juzgar, por considerar que la hostilidad generalizada hacia los cubanos procastristas en Miami (ciudad donde se celebró el juicio) había perjudicado a los acusados.

El 9 de agosto de 2006, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito revocó esta resolución al considerar que la selección del jurado no revelaba ningún tipo de prejuicio.

La última vez que se denegó a Adriana Pérez una solicitud de visado fue en enero de 2009 por "no reunir las condiciones" exigidas en la Ley de Reforma de Concesión de Visados y Reforzamiento de la Seguridad Fronteriza, promulgada en 2002. En esta ley se restringe la "expedición de visados a las personas no inmigrantes procedentes de países que promueven el terrorismo internacional"

A Olga Salanueva le denegaron la última vez su solicitud de visado por haber sido expulsada de Estados Unidos en noviembre de 2000. Le han dicho que no puede volver a solicitarlo.

Algunos familiares cubanos de los cinco presos han obtenido visados de visita, pero las autoridades estadounidenses han tardado mucho tiempo en notificárselo: entre un par de meses y dos años.

Antes de su expulsión en el año 2000, durante el juicio contra René González, Olga Salanueva residía legalmente en Estados Unidos. En marzo de 2002 le concedieron un visado para visitar a su esposo, pero se lo revocaron el 23 de abril de ese mismo año, poco antes de la fecha prevista para el viaje.

En 2002, Adriana Pérez obtuvo un visado para visitar a su esposo, pero fue detenida a su llegada a Estados Unidos y expulsada once horas después.

Desde hace siete años, las autoridades estadounidenses vienen denegando las sucesivas solicitudes de visado presentadas por las dos mujeres. Los motivos aducidos se basan en la afirmación de que constituyen una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, no se han presentado cargos contra ninguna de ellas en relación con esta afirmación, ni tampoco pruebas creíbles que la sustenten.

Las razones aducidas para negarles visados temporales han variado a lo largo de los años, circunstancia que pone de relieve la incoherencia de las autoridades a la hora de justificar la prohibición de las visitas.

Desde 2002, Amnistía Internacional ha planteado la cuestión en repetidas ocasiones a las autoridades estadounidenses, pues considera que no permitir a los reclusos que reciban visitas de sus esposas es una medida punitiva innecesaria que vulnera las normas sobre el trato humano debido a los presos y la obligación de los Estados de proteger la vida familiar.

La organización ha señalado que en este caso considera el castigo especialmente duro, dadas las largas penas impuestas a ambos hombres (15 años de cárcel a René González y cadena perpetua a Gerardo Hernández) y las cuestiones que se han planteado sobre si las sentencias condenatorias se dictaron en un juicio con las debidas garantías.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que revisen estas restricciones y ha llamado la atención del gobierno estadounidense sobre las normas internacionales que subrayan la importancia de la familia y el derecho de todos los presos a mantener contacto con sus parientes y a recibir visitas.

La organización ha indicado que negar de manera indefinida o permanente a los presos cuyas familias viven fuera de Estados Unidos las visitas de sus parientes más cercanos es un castigo demasiado severo.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno estadounidenses que conceda a las dos mujeres un visado de visita temporal en cuanto vuelvan a solicitarlo.

La población detenida por cuestiones de inmigración ha aumentado vertiginosamente en los últimos diez años en Estados Unidos y ha generado una falta del debido proceso que ha llevado a algunos detenidos a intentar suicidarse, según un informe de Amnistía Internacional.

El número de personas detenidas por cuestiones de inmigración se ha triplicado en el último decenio, pasando de 10.000 personas en 1996 a más de 30.000 en el 2008. Entre ellos hay solicitantes de asilo, sobrevivientes de tortura, víctimas de trata de seres humanos, personas con residencia legal permanente en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y personas cuyos hijos o hijas tienen ciudadanía estadounidense.

"La detención de estas personas se convirtió en la norma", ha afirmado Sarnata Reynolds, directora de política sobre los derechos de las personas refugiadas y migrantes, de Amnistía Internacional Estados Unidos.

Según las normas internacionales de derechos humanos, la detención sólo debe utilizarse en circunstancias excepcionales, debe estar justificada en cada caso individual y debe ser objeto de revisión judicial.

De acuerdo con la legislación estadounidense, todas las personas detenidas en la frontera quedan bajo custodia en espera del resultado del procedimiento de expulsión. El director o directora de la correspondiente oficina de inmigración decide si las personas detenidas deben quedar en libertad mientras se tramitan sus casos. En la práctica, muchos pueden pasar meses o, en algunos casos, años detenidos sin que ningún organismo judicial revise su caso. 

En Estados Unidos, los inmigrantes también pueden ser sometidos a "detención obligatoria" si han sido condenados por ciertos delitos, incluidos algunos menores y no violentos.  Se ha sometido indebidamente a esta forma de detención a personas con ciudadanía estadounidense o con residencia legal permanente en el país desde hacía mucho tiempo, que han pasado meses o años entre rejas hasta que han podido demostrar que no pueden ser expulsadas.

En 2007, proveedores de servicios jurídicos identificaron a hasta 322 personas detenidas con derecho potencial a la ciudadanía estadounidense.

Amnistía Internacional ha recomendado que la detención se utilice sólo como último recurso y que el Congreso de Estados Unidos apruebe leyes que garanticen que los inmigrantes tienen acceso a vistas individualizadas que determinen la necesidad de la detención. La organización también ha pedido al gobierno estadounidense que garantice un trato humano y la adopción de normas de derechos humanos de obligado cumplimiento en todos los centros de detención que acojan a personas detenidas por motivos de inmigración.

El informe de Amnistía Internacional pone de manifiesto casos individuales de detenidos, como el de la mujer mexicana de 34 años y madre de tres hijos. Dijo que la habían detenido en su casa por no haber comparecido en relación con un delito menor de hurto. Tras permanecer detenida durante casi tres semanas, intentó ahorcarse. Cuando llegaron los agentes la esposaron y la trasladaron a otra celda.

Otra persona, un monje budista, huyó de Tíbet tras haber sido torturado dos veces, debido a sus creencias políticas y religiosas. A su llegada a Nueva York lo detuvieron y permaneció recluido 10 meses. En 2007 se le concedió permiso para permanecer en Estados Unidos.

Un periodista de televisión y sindicalista surcoreano permanece bajo custodia policial desde su detención el domingo, la víspera de una huelga por disputas salariales e injerencia del gobierno en los medios de comunicación. Roh Jong-myeon fue detenido por "injerencia en el negocio" junto con tres colegas suyos.
 
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Corea del Sur que ponga inmediatamente en libertad a Roh Jong-myeon.

La policía surcoreana detuvo a en sus casas a Roh Jong-myeon, director del sindicato de YTN, un canal informativo de televisión por cable, y a sus colegas -y también activistas sindicales- Hyun Duck-soo, Cho Seung-ho y Lim Jang-hyuk.

El Tribunal Central de Distrito de Seúl dictó una orden para detener a Roh Jong-myeon durante un periodo superior a 48 horas por "injerencia en el negocio". Los colegas de Roh Jong-myeon han sido puestos en libertad debido a la falta de pruebas.

Según la policía, los cuatro fueron detenidos por no presentarse en la comisaría de Namdaemun en la fecha y hora designada. Los periodistas niegan esta afirmación.

"Roh Jong-myeon y sus colegas parecen haber sido detenidos exclusivamente por sus actividades sindicales pacíficas: una ominosa señal de lo que parece ser un esfuerzo cada vez más concertado del gobierno por controlar los medios de comunicación de Corea del Sur", manifestó Roseann Rife, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

Varios sindicalistas organizaron una protesta el lunes en apoyo de sus colegas detenidos. Los periodistas y sindicalistas de YTN llevan desde el año pasado protestando por los obstáculos a la libertad de prensa, y han pedido garantías de independencia editorial ante el nombramiento de Ku Bon-hong como presidente de YTN. Ku Bon-hong había trabajado anteriormente como asesor del presidente surcoreano, Lee Myung-bak.

Ku Bon-hong demandó a 12 periodistas pertenecientes al sindicato y despidió a seis periodistas por "injerencia en el negocio" a raíz de las protestas por su nombramiento como presidente de YTN.

"Hacía mucho que los medios de comunicación surcoreanos no se enfrentaban a este tipo de acoso e injerencia gubernamentales injustificados", afirmó Roseann Rife. "Estas detenciones violan el derecho a la libertad de reunión y de prensa, y constituyen un hecho muy inquietante para los medios de comunicación de Corea del Sur."

En noviembre de 2008, un investigador de Amnistía Internacional se reunió con Roh Jong-myeon y sus colegas para examinar sus denuncias de injerencia en la independencia editorial.

En 2008, los directores generales y presidentes de Korean Broadcasting System (KBS), Korean Broadcasting Advertising Corporation, Arirang TV y Sky Life también fueron sustituidos por partidarios del gobierno de Lee Myung-bak.

"Egipto y otros miembros de la Liga de Estados Árabes no deberían proteger al presidente Bashir de la justicia internacional —ha declarado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional—.  Su presencia en Egipto hoy [25 de marzo de 2009] debía haber sido una oportunidad para ejecutar la orden de arresto dictada por la Corte Penal Internacional."

"Al declarar que el presidente Bashir tiene inmunidad frente a la orden de arresto por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la Liga ha actuado en menoscabo del derecho internacional, que no contempla esta inmunidad para ninguna persona, ni siquiera para un jefe de Estado en ejercicio, por crímenes de tanta gravedad."

“La Liga hizo lo correcto al exigir justicia internacional para los crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional cometidos durante el reciente conflicto de Gaza. Debería aplicar un criterio similar a los crímenes cometidos en Sudán”.

Amnistía Internacional pide a todos los miembros de la comunidad internacional que garanticen una rendición de cuentas completa por los crímenes tipificados en el derecho internacional perpetrados en Sudán, Gaza y en cualquier país donde se cometan.

El lunes 23 de marzo entró en vigor la suspensión durante tres meses de dos periódicos de la oposición ordenada por el Ministerio del Interior.

Las suspensiones forman parte al parecer de una oleada represiva orquestada por el gobierno contra presuntos adversarios políticos, desde blogueros a asistentes a mítines y parlamentarios de la oposición.

En virtud de la Ley de Imprentas y Editoriales promulgada en 1984 se han suspendido los periódicos Harakah, vinculado al Partido Islámico Pan-Malaisio (PAS), y Suara Keadilan, dependiente del Partido Keadilan.

Las suspensiones se han producido justo un día antes de que diera comienzo la asamblea general anual de la Organización Nacional de Malaisia Unida, formación política actualmente en el poder. Se espera que en la asamblea el viceprimer ministro Najib Tun Razak sea elegido presidente del partido antes de su previsto nombramiento como primer ministro la semana próxima. El partido denegó al menos a seis publicaciones la acreditación necesaria para cubrir el congreso.

En realidad, la suspensión de los dos periódicos es una medida más del gobierno para silenciar al 37 por ciento de malaisios que votaron a partidos de la oposición en las elecciones generales celebradas en 2008.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno malaisio y en concreto al primer ministro entrante, Najib Tun Razak, que no criminalicen la libertad de expresión.

También el lunes, durante un mitin celebrado en Bukit Selambau, localidad situada en el estado septentrional de Kedah, la policía lanzó sin advertencia previa gases lacrimógenos y agua mezclada con productos químicos contra los asistentes al acto, entre los que se encontraban niños y niñas. Los congregados habían ido a escuchar al dirigente de la oposición Anwar Ibrahim durante la campaña de unas elecciones parciales que se van a celebrar en dicho estado. Según los informes, se detuvo a alrededor de 31 personas, pero se las puso en libertad al día siguiente.

A mediados de marzo se acusó también formalmente a ocho personas de criticar al sultán del estado de Perak en Internet.

El 16 de marzo, concretamente, el empresario Fuad Ariff Abdul Rashid y su esposa, la abogada Fatimah Maisurah Abdullah, fueron acusados formalmente de sendos delitos relacionados con el envío de comentarios críticos con el sultán al sitio web oficial del mandatario. Anteriormente, el 13 de marzo, se había llevado a cabo una "redada" de blogueros en todo el país que se saldó con seis personas acusadas formalmente de delitos similares. Todas fueron imputadas en virtud de la Ley de Comunicaciones y Medios de Información.

Además, se acusó de sedición al abogado y parlamentario de la oposición Karpal Singh por haber amenazado con demandar al sultán de Perak por la crisis política que vive el estado. Singh había afirmado que el sultán había vulnerado la Constitución del estado al pedir la dimisión del ministro principal del gobierno de Perak.

En septiembre de 2008, en virtud de la Ley de Seguridad Interna, se detuvo al destacado bloguero Raja Petra Kamaruddin, a la dirigente de la oposición Teresa Kok y a la periodista Tan Hoong Cheng por constituir una presunta amenaza contra la seguridad, la paz y el orden público.

Teresa Kok y Tan Hoong Cheng quedaron en libertad poco después. Raja Petra quedó libre en noviembre tras obtener una resolución favorable en una apelación recurrida ahora por el gobierno.